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Más de 400 extrabajadores de Delphi, ante la Justicia por los cursos diseñados en el protocolo firmado por sindicatos y Junta

Más de 400 extrabajadores de Delphi se enfrentan esta semana al juicio por los cursos de formación recibidos; se les reclama las ayudas en función de la cotización de estos cursos, contemplados en los protocolos que firmaron los sindicatos implicados en el conflicto en su día con la Junta. Podemos ya se ha solidarizado con los afectados y lamenta la incompetencia del Gobierno regional en este caso; mientras el Colegio de Graduados Sociales ha denunciado la “falta de previsión y respeto” hacia los operadores jurídicos “al no habilitarse una sala especial con capacidad y medios suficientes”.

Más de 400 extrabajadores de la planta puertorrealeña de Delphi, que abandonaba la Bahía en 2007, se enfrentan esta semana al juicio por los cursos de formación de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca) y por la denuncia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que les reclama las ayudas recibidas en función de la cotización de estos cursos, contemplados en los protocolos que firmaron los sindicatos implicados en el conflicto en su día con la Junta de Andalucía.

El SEPE, a partir de un informe de la Inspección de Trabajo, considera simulados los contratos laborales realizados a los exDelphi, sirviendo dicho informe para sancionar a empresas que impartieron la formación, como Fueca, que han reaccionado demandando a estos parado, que tienen claro que no intervinieron ni en la elaboración ni en la puesta en marcha de estas iniciativas.

Ante estos juicios, Podemos Cádiz ya ha expresado “toda su solidaridad” con estos extrabajadores de Delphi. “Es indignante que, además de que la Junta ha incumplido todos los protocolos que firmó con los trabajadores, ahora tengan que enfrentarse a estos juicios fruto de las incompetencias de la administración autonómica”, entiende la portavoz de la formación morada, Laura Mingorance.

“Estos trabajadores renunciaron a una parte de la indemnización que les correspondía porque la Junta prometió usar ese dinero para crear empleo en la Bahía de Cádiz”, recuerda Mingorance, “y en todos estos años lo único que han hecho ha sido favorecer a unos pocos con el vergonzoso negocio de los cursos de formación”.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Podemos señala que “es fundamental que tanto Junta de Andalucía como Gobierno central cumplan de una vez con la deuda que tienen con esta tierra ya que sus políticas nos han condenado a un paro endémico”.

Y añade que “la solución la han propuesto los propios trabajadores y desempleados de la comarca en la Mesa por el Empleo en la Bahía que ha planteado 123 propuestas para generar riqueza en nuestra zona”. “Un plan industrial que tome en serio las necesidades de Navantia y que apueste por la reindustrialización en sectores estratégicos como las energías renovables es más necesario que nunca para que no se sigan dando situaciones como la de los extrabajadores de Delphi”, concluye Mingorance.

CRÍTICAS POR LA “FALTA DE ATENCIÓN” A LOS PROFESIONALES EN EL JUICIO

Paralelamente, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha denunciado “la falta de previsión y respeto de la Administración de Justicia” hacia los operadores jurídicos que representan a los más de 400 exDelphi en este juicio por los cursos formativos.

El presidente del Colegio, José Blas Fernández, ha lamentado que este juicio, señalado para este lunes, martes y miércoles en los tres juzgados de lo Social de Cádiz –en los bajos del estadio Carranza-, “no se haya organizado con las mínimas garantías y medios para los profesionales”. En el caso de la vista del lunes, señalada en una de las salas de las dependencias de estos juzgados “apenas se han podido situar 37 sillas para los más de 60 profesionales que debían intervenir”. “Abogados y graduados sociales asistiendo de pie, sin ni siquiera sitio para utilizar documentos o apuntes, o sentados entre el público, en una sala que está diseñada para vistas reducidas”, se critica.

Para Blas Fernández, que además es un veterano concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital “esta causa y su condición de juicio de ámbito social, se merece el mismo trato que la Junta, competente en materia de infraestructura, dedica a otros juicios, como los que por su carácter mediático obligan a buscar escenarios adecuados”.

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