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Denuncian por lo penal al Gobierno y la Junta: “se está produciendo un auténtico atentado contra la seguridad de los profesionales sanitarios”

Los ocho colegios de Enfermería de Andalucía, incluyendo el de Cádiz, “dada la grave situación de indefensión que están sufriendo los profesionales sanitarios” en esta crisis del coronavirus, han denunciado por la vía de lo penal al Gobierno central y a la Junta de Andalucía, “por delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los sanitarios andaluces”. Se calcula que más de un 20% del total de positivos en la comunidad es personal de salud, un dato “totalmente inasumible”.

Los presidentes de los colegios de Enfermería de Andalucía, “dada la grave situación de indefensión que están sufriendo los profesionales sanitarios” en esta crisis del coronavirus, han tomado la decisión de interponer una denuncia por la vía de lo penal contra la delegada del Gobierno central en Andalucía y las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía, “por delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios andaluces”.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, puntualiza que “no es sólo una decisión de nuestra Junta de Gobierno, es una petición que nos hacen todos nuestros compañeros. Nos produce tristeza tener que exigir por Ley lo que nos corresponde como personas y como profesionales”.

Por ello “hemos determinado recurrir a la vía judicial ante la gravísima situación que están sufriendo nuestros compañeros junto al resto de profesionales sanitarios, que se están jugando la vida y la de sus familiares con los que conviven, así como la de los pacientes a los que atienden. Nuestros profesionales –insiste Campos- están siendo obligados a prestar la asistencia sin disponer de las medidas de seguridad necesarias para protegerse: equipos de protección individual adecuados, mascarillas FFP2, batas impermeables, monos, protecciones oculares adecuadas, guantes, etc”.

Una escasez de materiales de protección a la que se suma la carencia de otras medidas preventivas como son los test de detección homologados, lo que se viene advirtiendo de forma reiterada en las últimas semanas.

A nivel nacional, se calcula que un 14% del total de positivos por coronavirus corresponden a profesionales sanitarios; porcentaje que en Andalucía se eleva a alrededor del 23%. Un dato “totalmente inasumible” para esta organización colegial, “máxime si lo comparamos con el porcentaje de sanitarios contagiados en otros países donde la crisis ha golpeado con similar virulencia (9% en Italia, 4% en China)”.

Para los denunciantes, la falta de recursos materiales y humanos, continuamente denunciados, “se traduce ahora en un índice de contagios entre los sanitarios que nos sitúan en una funesta posición a nivel nacional e internacional, la cual en ningún caso se corresponde con el coraje, dedicación, vocación y entrega que demuestran cada día nuestros profesionales, dando lo mejor de sí mismos en la superación de esta crisis y la atención y cuidado de sus pacientes, sino que al contrario, deja en evidencia la falta de planificación, errores en la gestión, incompetencia e infame gestión de los responsables políticos y autoridad sanitaria encargados de gestionar la sanidad, que se acentúa en esta crisis con la incapacidad de coordinación entre las administraciones públicas autonómicas y nacionales para hacer frente al Covid-19 desde los servicios de salud”.

Subrayan así los colegios de Enfermería de Andalucía que esta “inaceptable situación muestra el desamparo al que se enfrentan nuestros profesionales”. La Junta de Andalucía parece no haber hecho caso a sus reiteradas demandas, lo que ha provocado que los ocho presidentes provinciales que conforman el pleno del Consejo Andaluz de Enfermería, hayan decidido interponer esta denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), contra las máximas autoridades políticas del Gobierno andaluz de derechas, y además, contra la delegada del Gobierno de España en Andalucía “como última instancia, ante su falta de acción y su incompetencia en la gestión, por atentar directamente contra la seguridad de nuestros profesionales sanitarios, actuaciones que consideramos constitutivas de delito”.

Todo ello “sin menoscabo de continuar garantizando cuanto apoyo institucional sea oportuno en estas circunstancias de emergencia hacia la Junta y el Gobierno central mientras dure este desafío de salud pública sin precedentes y la indudable profesionalidad tanto de las más de 40.000 enfermeras y enfermeros andaluces como de los 307.000 españoles”.

“CONSTANTE IMPROVISACIÓN” Y “PENOSA GESTIÓN”

Para la organización colegial andaluza es “vergonzoso” que, como consecuencia de la “constante improvisación” de los responsables políticos nacionales y autonómicos y su “penosa gestión”, “no se disponga de suficientes instalaciones hospitalarias apropiadas y material como respiradores, no sean capaces de adquirir material adecuado de protección y que para solventarlo haya enfermeros que estén supliendo esa escasez de recursos con medios de protección de elaboración doméstica que, en ocasiones, les está regalando la propia ciudadanía”.

En definitiva, el Colegio de Enfermería de Cádiz, junto a los otros siete andaluces, sentencia que “se está produciendo un auténtico atentado contra la seguridad de los profesionales sanitarios, y además no sólo contra ellos, sino también contra todos sus pacientes y sus familiares más próximos, y por ende, contra la población”.

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