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Cae en la Bahía una trama dedicada al fraude de subvenciones y blanqueo de capitales que se llevó 1,6 millones del plan Reindus

Cuatro personas, tres de ellas en El Puerto, han sido detenidas por la Policía por fraude en las subvenciones del Ministerio del Interior, en el marco del plan Reindus para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz de hace ya unos ocho años. Entre ellos se encuentra el principal investigado, “fundador y expresidente del mayor proveedor del sector aeronáutico” de la comarca. Han defraudado 1,6 millones con una trama que además ha afectado a más de 25 empresas proveedoras.

Cuatro personas han sido detenidas por la Policía Nacional por fraude en las subvenciones del Ministerio del Interior, en el marco del plan Reindus para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz de hace ya unos ocho años. Entre ellos se encuentra el principal investigado, el cual “es el fundador y expresidente del mayor proveedor del sector aeronáutico” de la comarca.

En concreto, hay tres acusados en El Puerto como presuntos responsables de los delitos societario, falsedad documental, fraude de subvenciones y pertenencia a grupo criminal. El cuarto detenido, en Sevilla, es un constructor detenido por falsedad documental, estafa y pertenencia igualmente a grupo criminal.

Los principales investigados son el antiguo administrador único y propietario de un grupo empresarial y un familiar responsable del área financiera y contable que recibieron ayudas públicas por valor de 1,6 millones de euros; sólo se proyectó el esqueleto de la nave que pretendía ser “el motor de despegue al mercado internacional” de la mercantil gaditana.

Los hechos fueron denunciados ante el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto en 2017 por la actual directiva de un grupo empresarial que era principal proveedor del sector aeronáutico de la Bahía. Los directivos interpusieron la denuncia tras recibir una reclamación del Ministerio de Industria para proceder a la devolución de tres préstamos (que suman esos 1,6 millones) otorgados para la aplicación de fondos para la reindustrialización.

Las ayudas (créditos, a devolver) fueron solicitadas por la anterior directiva del grupo empresarial entre los años 2013 y 2014, para la creación de un nuevo centro productivo en el Parque Tecnológico Tecnobahía de El Puerto de Santa María, así como la adquisición de maquinaria, con el que se esperaba aumentar la producción y por tanto la facturación anual del grupo.

Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría portuense, tras meses de investigación, acreditaron la vinculación existente entre varios cargos directivos del grupo empresarial.

Tres de los investigados manipulaban las facturas emitidas por sus proveedores, que posteriormente utilizaban para justificar ante Industria la aplicación de los fondos otorgados por las ayudas públicas. El cuarto detenido, conocido constructor de la localidad sevillana de Espera, llegó a facturar al grupo, cerca de 500.000 euros, por trabajos nunca realizados y de los que llegó a cobrar más de 100.000 euros.

La Policía dice haber descubierto que 25 empresas proveedoras se vieron afectadas por la manipulación de sus facturas, “desconociendo estos extremos hasta el desarrollo de la presente investigación”. Las facturas falsas conseguían dar apariencia de legalidad ante los ojos de los inspectores del Ministerio de Industria, ya que el dinero circulaba entre las cuentas bancarias de las distintas mercantiles del grupo, saneando sus descubiertos bancarios de cara a nuevos inversores.

Estas facturas fueron presentadas en Hacienda, si bien, nunca se efectuaron los pagos por IVA, hecho que aún ha agravado más la situación financiera a la actual directiva del grupo, que debe hacerse cargo de esta deuda ante la Agencia Tributaria más los correspondientes recargos, cifra que ascendió a cerca de 500.000 euros.

Los investigadores policiales cifran en unos 2,5 millones los perjuicios generados por la anterior directiva del grupo empresarial, y que han llevado a estos a solicitar el bloqueo de 24 cuentas bancarias y el embargo preventivo de 17 inmuebles y 11 vehículos para garantizar el pago de las responsabilidades civiles de los detenidos.

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