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Otra sentencia del TSJA vuelve a anular el PGOU de Chiclana

El TSJA también ha estimado el recurso de Agaden-Ecologistas en Acción a la aprobación del PGOU de Chiclana, vigente desde finales de 2016. Es la segunda anulación del mismo documento, después de que ya lo tumbara en marzo, admitiendo las alegaciones de una entidad mercantil. El principal argumento es la ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica, advertida por los colectivos ecologistas una y otra vez. El fallo “da un fuerte varapalo” a la Junta, porque la considera “perfecta conocedora de la ilegalidad”. Del Ayuntamiento se asegura que buscaba no tener que justificar “el enorme crecimiento urbanístico previsto”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también ha estimado el recurso de Agaden-Ecologistas en Acción a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana, vigente desde finales de 2016. Es la segunda anulación del mismo documento, después de que el TSJA lo tumbara ya en marzo, admitiendo las alegaciones de una entidad mercantil. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento ya decidió meses atrás que recurrirá ante el Tribunal Supremo para ganar tiempo, mientras elabora un nuevo PGOU “desde cero y participativo”. Es el cuarto Plan General consecutivo de la localidad que ‘cae’ en los tribunales.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Agaden subraya que esta nueva sentencia es “un varapalo al modelo de especulación urbanística y a las administraciones que lo propugnan”, y “un refuerzo de las tesis conservacionistas en defensa del litoral y de un urbanismo sostenible en Cádiz”. Todo ello cuando aún se está a la espera de conocer, “seguramente pronto”, la sentencia del recurso también presentado contra el PGOU “por los mismos motivos que han causado esta anulación” por la federación provincial de Ecologistas en Acción.

Además, “con gran satisfacción”, se valora esta sentencia “no sólo como un logro propio, sino de todo el movimiento ecologista, y, particularmente, del trabajo conjunto que hemos desarrollado con Toniza y Ecologistas en Acción de Cádiz”.

AUSENCIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Como se viene advirtiendo desde ante de la aprobación del PGOU chiclanero, se remarca que el principal argumento para la anulación en esta segunda sentencia “ha sido la ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y el empecinamiento del Ayuntamiento en sustituir este tramite fundamental, según la normativa estatal y europea, por un Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que, a pesar de lo que asegurara la Junta de Andalucía, no es lo mismo, y así lo han dejado claro numerosas sentencias judiciales que la Junta y algunos ayuntamientos siguen ignorando”.

La sentencia “da un fuerte varapalo” a la administración autonómica, porque la considera “perfecta conocedora de la ilegalidad de los instrumentos de planeamiento aprobados sin Evaluación Ambiental Estratégica”.

Por otra parte, tampoco se cumplieron con las fases que según la ley deben desarrollar una EAE: no hubo fase de Consultas Previas, ni Informe de Sostenibilidad Ambiental, que analizara la necesidad de las actuaciones proyectadas y posibles alternativas, incluyendo la alternativa cero, y tampoco se incluyó en el planeamiento la Memoria Ambiental. Todos estos requisitos son obligatorios en todos los planeamientos a partir de julio de 2006, “lo que fue advertido reiteradamente por las asociaciones ecologistas al Ayuntamiento, sin que se dignara a considerarlo; así les está yendo”, se reitera.

En la sentencia el TSJA destaca que en el PGOU se ha sustituido la EAE por una EIA. “La EIA es un requisito obligatorio para proyectos urbanísticos, pero no para planes urbanísticos”. Precisamente, por eso dictamina que es “nula y fraudulenta” la resolución de la delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de mayo de 2015, que asegura que ambos procedimientos son equiparables y similares.

“POLÍTICOS Y TÉCNICOS DEBERÍAN DAR EXPLICACIONES”

“La Junta de Andalucía, tanto antes con el PSOE como ahora con PP y Cs, ha mantenido sus argumentos de que el PGOU se ha tramitado correctamente, lo que ha sido clara y contundentemente desautorizado por el tribunal. El Ayuntamiento se ha limitado a decir que ha seguido las instrucciones de la Junta. Los máximos responsables políticos de la Junta y del Ayuntamiento que han avalado y aprobado este PGOU, y los técnicos de estas administraciones que lo han informado favorablemente, deberían explicar ahora estos graves incumplimientos de la legalidad en que han incurrido, que no puede quedar impune por el daño que están provocado al municipio”, sostienen desde Agaden.

Esta reciente sentencia del TSJA deja claro, tal y como han venido alertando asociaciones ecologistas en las alegaciones, que “hay abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre la obligación y alcance de la EAE”.

“NO SE PODÍA EXPLICAR EL ENORME CRECIMIENTO URBANÍSTICO PREVISTO”

Para Agaden-Ecologistas en Acción, el que Junta y Ayuntamiento hayan obviado este instrumento de prevención ambiental obligatorio “es explicable porque, si se hubieran analizado las necesidades de la localidad, sus consecuencias ambientales y las alternativas, no se hubiera justificado prácticamente ninguna de las propuestas de ampliación del suelo urbanizable, y menos la construcción de 17.190 nuevas viviendas”.

De este modo, la administración local, con el apoyo de la andaluza, “decidió elaborar unilateralmente un PGOU, sin justificación de sus propuestas y del enorme crecimiento urbanístico previsto, sin consultas previas, obviando la normativa y jurisprudencia y las fundadas advertencias de las asociaciones ecologistas”. “Tantos despropósitos ha llevado a un desastre urbanístico total y anunciado: Chiclana de nuevo sin PGOU”, se evidencia.

OTROS INCUMPLIMIENTOS NO EXAMINADOS

La sentencia, al constatar la “nulidad radical” del PGOU por carecer de EAE, considera innecesario examinar el resto de las cuestiones de fondo planteadas. Este colectivo verde incluyó en su recurso más motivos de nulidad, como el incumplimiento de la legislación y normativa básica andaluza: Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC).

El PGOU incumple el POTA, afirma Agaden, “porque propugna una ciudad no compacta, con grandes crecimientos urbanísticos hacia el exterior del actual núcleo urbano, que no justifica la suficiencia de recursos hídricos, ni las grandes recalificaciones de suelo, ni el número de nuevas viviendas, superando con creces los límites de crecimiento del POTA”.

Con respecto al POTBC, en el recurso se destacaba que el PGOU incumple determinaciones y objetivos del Plan por proyectar la construcción del nuevo hospital, sus equipamientos y zonas de aparcamiento en el Pinar del Hierro, así como por no proteger las áreas forestales y el complejo endorréico de las lagunas de Chiclana.

PP Y PSOE DISCUTEN SOBRE LAS NORMAS SUSTANTIVAS

En paralelo, estos días PP y PSOE discuten como principal partido de la oposición y principal partido del Gobierno local, sobre las Normas Sustantivas que la Junta podría aplicar en la localidad si el PGOU termina anulándose por el Supremo, antes de que se tenga elaborado un nuevo documento o directamente si el TS no admite el recurso.

Según los populares, es “mentira” que el Gobierno andaluz de derechas se niegue a dotar a Chiclana de Normas Sustantivas (como ya ocurrió años atrás): “lo que sucede es que hay que mantener reuniones con la consejería de Fomento y el alcalde aún ni siquiera las ha pedido, pese a que hace ya tres meses que el TSJA tumbó el PGOU y la situación urbanística de nuestra ciudad es absolutamente precaria”, según el edil Guillermo Utrera.

Ante ello, la concejala de Urbanismo, Ana González, del PSOE, acusa a Utrera de “jugar a mentir sin pudor y simplemente dedicarse a enturbiar la vida política de Chiclana sin justificación alguna y, lo peor de todo, sin conocimiento alguno del tema”. Replica que sí se ha pedido reunión con la Junta para abordar la anulación del PGOU.

“Esta persona simplemente está desacreditada para la política y a lo que debe dedicarse es a estudiar, porque leer lo que dice ante la opinión pública pone de manifiesto su ignorancia en materia urbanística y, lo peor de todo, sus malas intenciones mintiendo y tratando de manipular los hechos sin escrúpulos”, interpreta González.

Para esta socialista, “si ésta es la persona a la que el PP le ha dado ahora la responsabilidad en una materia tan importante como el urbanismo, podríamos llegar a entender la actitud del principal partido de la oposición al respecto cada vez que ha gobernado, puesto que no podemos olvidar que en las dos ocasiones en las que el PP llegó al Gobierno local renunció a tener responsabilidad alguna en materia urbanística, dejando este asunto en manos de concejales de otros partidos como el señor Butrón y la señora Ayala del PVRE”. “Evidentemente, el PP nunca se ha podido equivocar en el urbanismo local, simplemente porque nunca ha querido tener responsabilidad en esta materia”, interpreta.

“HAY QUE PLANTEAR SOLUCIONES AL URBANISMO EN CHICLANA”

A colación de la nueva sentencia del TSJA, el PP local considera que “apostar por el Decreto 3/2019 de la Junta de Andalucía es más importante ahora si cabe, dado que no sabemos cuánto tiempo estaremos sin Plan General”. El principal partido de la oposición opina que este decreto autonómico “podría suministrar servicios básicos de agua y alcantarillado a las más de 15.000 familias que viven en el extrarradio”

De esta manera, la portavoz municipal conservadora, Ascensión Hita, insta a “acogerse a las posibilidades que ofrece este documento mientras se trabaja en las Normas Sustantivas y en el próximo PGOU, porque hay que poner por encima de todo el interés general de Chiclana, donde hay miles de familias pendientes de soluciones desde hace demasiado tiempo”.

Por otro lado, después de que “el alcalde y su equipo de Gobierno hayan salido en prensa anunciando a bombo y platillo que se ha concedido una licencia en suelo urbano no consolidado, algo que es un fracaso absoluto tras cuatro años desde la aprobación del Plan General”, esta formación de derechas considera que “demuestra que las ordenanzas de regularización no están funcionando, porque la gente no puede pagar esos precios desorbitados”.

“Tenemos que acabar con el caos en la planificación urbana, garantizando la viabilidad social, ambiental y económica de las actuaciones, al aumentar la protección de los recursos naturales, del litoral, del paisaje y del patrimonio histórico”, entiende Hita.

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