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“No tenemos nada contra la cultura israelí, sí contra la ocupación ilegal de Palestina”: el alcalde de Cádiz, ante el juez por “delitos de odio”

Casi dos años después de la cancelación por parte del Ayuntamiento de Cádiz de un ciclo de cine israelí patrocinado por la Embajada de aquel país, en el marco de la campaña ELAI, han declarado ante el juez varios miembros del equipo de Gobierno local y activistas a raíz de la querella presentada “por delitos de odio” por la organización pro-sionista Acom, contra el Consistorio y a la Apdha. El alcalde subraya la paradoja de “estar declarando por defender los derechos humanos, en vez de sentarse en el banquillo quienes perpetran cada día el apartheid israelí contra el pueblo palestino”. “Conmiseración para las ciudades que los sufren como regidores por la irresponsabilidad de algunos votantes, que deberían reflexionar y tomar nota”, responden desde la entidad denunciante y victimista.

El Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO), en Cádiz, tenía programado a finales de septiembre de 2017 una muestra de cine israelí, en colaboración con la Embajada de Israel en España. Un ciclo que se suspendió una vez iniciado por parte de la concejalía de Cultura, al comprobarse que “entraba en contradicción” con el acuerdo de adhesión a la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI), adoptado por Ayuntamiento de Cádiz en agosto de 2016, que pretende presionar al Estado de Israel visibilizando su responsabilidad en las graves vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino. No tardó aquel país de acusar al Gobierno municipal de “censura cultural” por “criterios políticos, algo que nos recuerda épocas oscuras de la historia contemporánea”.

Casi dos años después, este miércoles han acudido al Juzgado de Instrucción número 4 varios miembros del equipo de Gobierno local y activistas para declarar por esa cancelación del ciclo de cine, a raíz de la querella presentada “por delitos de odio” por la organización pro-sionista Acción y Comunicación sobre Medio Oriente (Acom), contra el Ayuntamiento de Cádiz y a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

En abril ya trascendía que el Contencioso Administrativo condenaba al Consistorio (en costas procesales) por suspender dicha muestra. La misma Acom fue la que acudió a la Justicia. Esta entidad con sede en Madrid dice ser el grupo de referencia de la sociedad civil española que “lucha contra la discriminación antisemita y el hostigamiento contra el único estado judío, está comprometido con que estas actitudes y su ilegalidad no queden sin respuesta”.

“Vivimos la paradoja de estar declarando por defender los derechos humanos, en vez de sentarse en el banquillo quienes perpetran cada día el apartheid israelí contra el pueblo palestino”, ha remarcado el alcalde, José María González ‘Kichi’, tras salir de los juzgados de San José. Junto a él, han declarado en esta jornada los concejales Ana Fernández y Martín Vila, junto al activista de la Apdha Diego Boza. También declararon por la misma causa meses atrás los ediles Eva Tubío y David Navarro, y otros representantes del Ejecutivo gaditano anterior. González Santos también ha dejado claro que “no tenemos nada contra la cultura israelí, aunque sí contra la ocupación ilegal de Palestina”.

“Defender el derecho a una vida digna, sin muros ni bloqueos, sin bombas ni detenciones arbitrarias, no es un delito, es nuestra obligación como personas de conciencia que se posicionan a favor de la justicia. Denunciar la discriminación institucionalizada, exigir el fin del apartheid, no es un delito, es nuestra obligación como personas que luchan contra el racismo en todas las partes del mundo”, apuntan por su lado desde Adelante Cádiz, que se ha sumado durante la mañana a la concentración en solidaridad con los acusados promovida por organizaciones que conforman el Nodo BDS (Boicot, Desinversiones y Sanción) de Cádiz.

En representación de la Apdha, Cristina Apátrida ha apuntado que “lo que hemos hecho ha sido dar cumplimiento a resoluciones como las del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pide no contribuir con instituciones que apoyen materialmente vulneraciones de derechos humanos y crímenes internacionales”.

Esta entidad insiste en que la organización pro-sionista denunciante interpuso su querella “haciendo un uso torticero de tipos penales como el artículo 510 pensados para la protección frente a la discriminación y el delito de odio dirigido a sectores vulnerables y que aquí es utilizado para intentar asfixiar y penalizar a quienes precisamente denuncian las vulneraciones de los derechos humanos, en este caso del pueblo palestino”.

La llamada estrategia de Boicot, Desinversiones y Sanción (BDS por sus siglas en inglés) promovida por entidades internacionales e inspirada en la campaña internacional de bloqueo al régimen sudafricano en tiempos del apartheid, incluye la iniciativa ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israelí) que pretende presionar al Estado de Israel visibilizando su responsabilidad en las graves vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino. “Estas estrategias no tienen en ningún caso contenido antisemita ni se dirigen contra el pueblo judío. Es un Estado, el de Israel, el objetivo de sus denuncias en tanto que responsable directo de las vulneraciones de derechos humanos que se producen diaria y masivamente en su territorio”, se apostilla desde Nodo BDS de Cádiz.

“DISCRIMINACIÓN ANTISEMITA”

Por su lado, desde Acom se incide en que el alcalde (sus concejales y diferentes activistas) declara ante el juez en calidad de investigado “por ser parte activa de un boicot xenófobo, discriminatorio y anticonstitucional del que se jactaba públicamente”. Para esta organización pro-sionista, la cancelación del famoso ciclo de cine supone “la inequívoca evidencia de discriminación antisemita”.

El presidente de Acom, Ángel Mas, habla en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz de que “los antisemitas enmascarados en un supuesto progresismo, los incitadores al odio, los que están acostumbrados a la impunidad de su violencia mientras se le llena la boca de falso humanitarismo, los que usan fondos de todos para crear una industria de chiringuitos para los amigos de los terroristas, a todos esos que se creían por encima de la ley, de la Constitución, de los tribunales y del resto de los españoles, se les ha acabado la bula. Vergüenza para ellos y conmiseración para las ciudades que los sufren como regidores por la irresponsabilidad de algunos votantes, que deberían reflexionar y tomar nota”.

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