La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación los contratos de mantenimiento necesarios para la explotación comercial de la línea 1 del tranvía de la Bahía de Cádiz, que enlaza Chiclana y la capital (sólo algunos de los servicios) atravesando el centro de San Fernando.
Con estos siete contratos, que suman un presupuesto base de licitación de más de 13,3 millones de euros y que se pretenden adjudicar antes de final de año, la Junta ahora con Gobierno de derechas subraya que “se dan pasos importantes” de cara a la puesta en marcha, de una vez, de este nuevo medio de transporte, “desatascando un proyecto cuyas obras empezaron hace 13 años”. En las últimas semanas, además, se ha escenificado la necesaria implicación del Ministerio de Fomento (a través de Adif y Renfe) en este tren tranvía que promueve la administración autonómica.
De este modo, en los últimos meses se ha retomado la fase de pruebas dinámicas (ensayos que ya estaban reactivados a finales de 2018 y se interrumpieron en los primeros meses de 2019) y se han avanzado las gestiones con Adif para culminar las obras en la parada de Río Arillo (ahora están prácticamente finalizadas) y las conexiones de vías (ya está programada la actuación), así como con Renfe Operadora para la formación del personal y la homologación del material rodante.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la consejería de Fomento (ahora en manos del PP, un partido que nunca ha creído en el proyecto, y es más, lo ha boicoteado constantemente en La Isla y Chiclana), insiste en que “se ha desbloqueado de esta manera una situación heredada del Gobierno anterior, que no supo poner en servicio el tranvía en la fecha comprometida, antes del pasado 1 de abril, a pesar de los siete años de retraso que acumula esta infraestructura”. Dicha fecha fue el plazo tope dado por la Comisión Europea para no pasar a pretender la devolución de los alrededor de 100 millones de euros de fondos europeos aportados a estas obras.
MANTENIMIENTO DE LA FUTURA INFRAESTRUCTURA
En cuanto a los diversos contratos que ahora se licitan, en el apartado de mantenimiento estos ascienden a 11,7 millones de euros con una duración de tres años cada uno de ellos: “se garantiza la puesta en servicio del tranvía de la Bahía, ya que son absolutamente necesarios para el funcionamiento comercial de los trenes”.
Los cinco contratos afectan al mantenimiento del sistema de energía y electrificación de las instalaciones de suministro eléctrico de la línea, los sistemas de seguridad, la señalización ferroviaria, el mantenimiento de la infraestructura y superestructura de vías, así como del sistema de billetaje.
El contrato para el mantenimiento de la infraestructura y superestructura de vías incluye también los terraplenes, drenajes, balasto, el pavimento dentro de la plataforma tranviaria y la vía, así como el mantenimiento de las paradas y los edificios de talleres y cocheras. Este es el contrato mayor y sale a licitación pública por un importe base de casi 3,8 millones.
Por su parte, los contratos de limpieza no técnica, tanto de la infraestructura como de los trenes, cuyo importe asciende a 1,6 millones, tienen una duración de dos años. El primero de ellos de limpieza del material rodante del tranvía incluye la limpieza no técnica en el interior de las unidades (son siete en total). El segundo contrato de limpieza de la infraestructura incluye la limpieza general no técnica, de oficinas y demás dependencias de talleres, cocheras y paradas.
El tranvía de la Bahía de Cádiz supone una inversión global, incluidas actuaciones asociadas en materia de apeaderos y estaciones de autobuses (la de San Fernando, levantada hace meses, sigue sin usarse), así como de una vía ciclista paralela, de 256 millones de euros. Actualmente presenta una ejecución de alrededor del 97% del total.
LOS ANTI-TRANVÍA INSISTEN…
En paralelo, se acaba de conocer a través de la llamada Plataforma Sentencia Tranvía, en San Fernando, que la Fiscalía, adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha abierto diligencias de investigación penal a la consejera de Fomento por las pruebas dinámicas. El trámite entra dentro de lo esperado tras la denuncia.
Esta plataforma ha denunciado a la consejera Marifrán Carazo (aforada, por ello se ha acudido al TSJA) por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia a las resoluciones judiciales.
Y es que estos anti-tranvía (en gran medida, los mismos que el partido local 3R, sin representación municipal), entre otras cuestiones, insisten en que se trata, en el caso de La Isla, de un “obra ilegal” (se aferran a la doble sentencia del TSJA que declara nulo el proyecto a raíz de varias expropiaciones), en una calle Real de la que la Junta “ni tan siquiera ostenta título de propiedad”. Se insta a la justicia a la ejecución de medidas cautelares y la suspensión de las pruebas, y a la intervención del Tribunal de Cuentas “por aquello de gastar dinero público en obras ilegales y su consiguiente menoscabo público”.
