La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, se ha acercado este sábado a Navantia San Fernando, junto a representantes de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), para apoyar a los dos soldadores que desde la madrugada del martes al miércoles protestan en lo alto de una grúa del astillero, denunciando la existencia de “listas negras” en empresas del metal de Cádiz, entienden que con el conocimiento de las tractoras Navantia y Dragados, aunque estas lo nieguen.
Montero no ha podido entrar, pese a identificarse en el acceso de la factoría como eurodiputada que buscaba interesarse personalmente por la situación de estos trabajadores, que consideran que están vetados en su tierra por hacer sindicalismo. De hecho, además del aliento, trataba de llevar a los manifestantes unas colchonetas para que puedan descansar un poco mejor.
“¿No hay nadie en la Junta de Andalucía, y en el Gobierno de España, que pueda levantar el teléfono para que se acabe con las listas negras? Es lo único que hay que hacer, para que se deje de impedir que trabajadores, con la cualificación tan alta que tienen Manolo y Jesús, que han hecho labor sindical y que han puesto la cara por los derechos de todos, puedan ser contratados”, se ha preguntado esta líder de la formación morada, junto a entre otros el parlamentario andaluz Juan Antonio Delgado, quien ya se interesó semanas atrás por la problemática denunciada.
Además, en esta jornada de sábado Jesús y Manuel han advertido de que Navantia les tiene cortada la corriente, por lo que se están quedando sin baterías en los móviles: “nos quieren incómodos e incomunicados, que nadie se entere qué está sucediendo aquí”. A su vez, desde la CTM trasladan que los compañeros “están bajos de batería pero fuertes de moral”.
SE EXIGE LA INTERVENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
Por su lado, desde Podemos San Fernando, más allá de llamar a garantizar trabajo digno y el cese de la persecución laboral en el sector del metal, se ha lamentado la rapidez con la que la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, se apresuró días atrás a amenazar con investigar quién facilitó el acceso a la antigua Bazán de estos dos soldares ajenos a Navantia, “mientras que el problema de fondo, la presunta existencia de listas negras, sigue sin resolverse ni investigarse”.
En este punto, en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, esta formación insta a las administraciones competentes a intervenir “de manera inmediata”, y señala directamente al Ministerio de Trabajo, a la consejería de Empleo de la Junta y al Defensor del Pueblo (estatal y andaluz).
Pero además, también se reclama la atención “directa y urgente” de la propia alcaldesa isleña del PSOE, Patricia Cavada, que “no puede permanecer al margen ante un conflicto que afecta directamente a vecinos de su municipio” (mientras el alcalde de Cádiz y la alcaldesa de Puerto Real sí han recibido a ambos trabajadores); de María Jesús Montero, exministra de Hacienda y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta; y de Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Hacienda, “dado que Navantia forma parte de la SEPI, dependiente de su ministerio, lo que otorga al Gobierno la capacidad y la responsabilidad de intervenir para poner fin a estas prácticas abusivas”.
“LA RESISTENCIA Y LA PROTESTA SON LEGÍTIMAS Y NECESARIAS”
“Manuel y Jesús representan una realidad que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras en Cádiz, Andalucía y el conjunto del Estado. Ante la inacción de los poderes públicos, la resistencia y la protesta son no sólo comprensibles, sino legítimas y necesarias”, añaden por su lado en otro comunicado de aliento desde la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz, y más en concreto por parte de Ustea.
Este sindicato entiende que ambos soldadores, hoy en exclusión social tras años sin ser llamados por las contratas se hayan visto obligados a atrincherarse en una grúa. “Mientras tanto, las patronales siguen obteniendo beneficios a costa del sufrimiento obrero y eluden su responsabilidad. Lejos de garantizar derechos, estas empresas destacan por esquivar la inspección de trabajo y por presionar, amenazar y acosar a quienes denuncian estas prácticas, sin respetar siquiera los mínimos legales”, se afirma.
“Si las administraciones y las patronales no corrigen esta injusticia, la clase trabajadora se organizará para conquistar sus derechos. No dejaremos de denunciar esta situación hasta que se garantice el derecho al trabajo y el cumplimiento de las condiciones laborales”, sentencian desde Ustea.
La desesperación ha llevado a Manuel Balber y Jesús Galván a esta acción de protesta, tras iniciar semanas atrás con el respaldo de la CTM una recogida de firmas para visibilizar estas “listas negras” en el metal gaditano, celebrar reuniones con partidos y representantes institucionales, y acampar durante varios días a las puertas de la antigua Bazán.
Son soldadores con formación, cualificación y experiencia, pero pese a la importante carga de trabajo del sector y la necesidad de trabajadores de su perfil (que incluso buscan fuera de España), desde hace años están vetados en la industria auxiliar, a raíz de su lucha sindical.
