Una semana después de la entrada en vigor del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus se suspende la zona azul en Jerez.
Pese a que en otras ciudades vecinas (como Cádiz, San Fernando o Chiclana) se ha cancelado este servicio (aparcar en la vía pública pagando) durante estos días de incertidumbre y de reclusión obligada en casa, el Ayuntamiento jerezano reconocía días atrás no poder decretar esta cancelación ya que “la zona ORA está en manos de una empresa privada (la privatizó el PP) y tanto las multas como la recaudación de esas multas es para la empresa. La suspensión solo la puede decidir y solo la puede hacer la misma empresa privada que tiene la concesión” para que “no implique una indemnización a la misma y, por tanto, un coste para el Ayuntamiento”.
A partir de la entrada en vigor del RDL 8/2020 de 17 de marzo se estableció la posibilidad de suspender este tipo de contrato sin que suponga un coste económico para las administraciones públicas, compensando al contratista con una ampliación del plazo del contrato; pero debiendo ser solicitada la suspensión por el concesionario, acreditando la imposibilidad de ejecución del contrato derivada de la situación de la pandemia que estamos sufriendo.
“Tras varios escritos donde la empresa concesionaria dejaba claro que podían seguir ejecutando el contrato con todas las garantías para los trabajadores y usuarios (algo que denunció ya Adelante Jerez), ahora ha presentado uno nuevo en el que pasa a justificar la imposibilidad de ejecutar el servicio y en base a ello solicita la suspensión del contrato”, apuntan desde el Consistorio en el comunicado recogido por DIARIO Bahía de Cádiz.
Por tanto, “ya sí ha cumplido con los requisitos legales que permiten al Ayuntamiento acordar la suspensión sin indemnización económica para el contratista, compensándole de la suspensión con un alargamiento del plazo del contrato”. Al respecto, ya se ha emitido una resolución de Alcaldía.
“Pese a la presión que el Gobierno municipal ha recibido por parte de la empresa y del PP, nos hemos resistido por la obligación de cumplir con las leyes y la responsabilidad de velar por los intereses económicos de la ciudad antes que los de una empresa privada”, defiende la alcaldesa, Mamen Sánchez.
Y sentencia que “el tiempo y la ley nos han dado la razón y hemos conseguido que la concesionaria rectifique y, de este modo, se pueda suspender el servicio sin que suponga una indemnización económica para la empresa y, por tanto, evitándose un coste económico para el Ayuntamiento. Por lo cual nos sentimos muy satisfechos”.
