Las secciones sindicales de la Diputación de Cádiz han denunciado la “falta de predisposición” del actual equipo de Gobierno PSOE-PA a la hora de “apostar por unos servicios sociales adecuados” para las personas mayores que se encuentran en las tres residencias que mantiene la institución, ubicadas en Cádiz, El Puerto y La Línea. El Ejecutivo no está de acuerdo con esta crítica y expone que “se han intensificado los contratos de sustituciones favoreciendo la promoción de nuevos profesionales y se han mejorado sensiblemente las condiciones del personal”.
Las cuatro secciones sindicales de la Diputación de Cádiz (CSIF, UGT, CCOO y Asepi) han denunciado la “falta de predisposición” del actual equipo de Gobierno PSOE-PA a la hora de “apostar por unos servicios sociales adecuados” para las personas mayores que se encuentran en las tres residencias que mantiene la institución, ubicadas en Cádiz, El Puerto y La Línea.
En la actualidad, según estos sindicatos, existe una falta de personal (por jubilaciones, incapacidades, etc.) “bastante acusada”, que se suma a la elevada edad de parte de la plantilla y a las lesiones por sobrecarga de trabajo, “solventándose la asistencia con servicios mínimos y gracias a la profesionalidad y esfuerzo que realiza la plantilla día a día” (no disfrutando, por ejemplo de los días de descanso reglamentarios que les corresponden, llegando aproximadamente a unos 4.000 días entre las tres residencias de mayores).
“Todo ello implica que la atención socio-sanitaria a los residentes puede verse comprometida, no siendo la que realmente se merecen nuestros mayores, pudiendo originarse accidentes (que nadie desea) por las prisas con las que se trabaja y por la falta de personal existente”, se insiste en el comunicado conjunto remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
También se expone que a día de hoy, la Diputación no ha negociado con la parte social las vacaciones anuales de dicha plantilla, “y mucho nos tememos que continuarán con los recortes y no cubrirán las necesidades asistenciales de las personas mayores”.
En las últimas semanas Recursos Humanos viene realizando contratos en prácticas (trabajan a jornada completa y cobran el 75% del sueldo), “aspecto que choca con el inminente gasto de dinero público que van a realizar al llevar a un edificio alquilado a un área de trabajo que está ubicada en un edificio propio”.
“Todo esto que denunciamos se contradice ante la tan vendida declaración de servicios sociales prioritarios y esenciales (para agilizar las contrataciones y apostar por dichos servicios), aprobada por el pleno de la Diputación”, se sentencia.
LA DIPUTACIÓN LAMENTA QUE NO SEAN RECONOCIDOS SUS “ESFUERZOS”
La réplica desde la Diputación, en su defensa, no tardaba en llegar, con el argumento de que ha formalizado 353 contratos, entre julio de 2015 y abril de 2016, para la incorporación de personal en estos tres geriátricos que administra. Con estas contrataciones “se refuerzan plantillas para no ocasionar merma alguna en la asistencia que precisan las personas residentes, y se resuelven las sustituciones obligadas por el descanso y las vacaciones de la plantilla”. El coste de estas incorporaciones se cifra en 545.644 euros y evidencia “la prioridad absoluta de este equipo Gobierno en preservar la calidad asistencial de los centros y las mejores condiciones posibles para las personas que trabajan en las residencias”, según el responsable del área de Función Pública de Diputación, Fran González.
González recuerda que, al margen de estos 353 contratos suscritos en menos de un año para proceder a las sustituciones, en el presente mandato se ha mejorado “sensiblemente” la situación laboral de 32 auxiliares de geriatría cuyos contratos evolucionaron de tiempo parcial a jornada completa. Esta conversión supone un gasto adicional que ronda los 327.000 euros.
“Recientemente se ha resuelto la conversión de dos auxiliares de geriatría de interinas a indefinidas”, según ha indicado el responsable del área de Función Pública, además de efectuarse contrataciones para personal de enfermería y de cocina.
En relación al plan de vacaciones, este diputado socialista muestra su “perplejidad” porque “precisamente hemos convocado una reunión de la Unidad de Contratación para el próximo martes”; un órgano en el que, entre otras cuestiones, se abordarán dichas vacaciones reglamentarias sobre el diseño inicial concretado por el área de Igualdad y Bienestar Social.
Este representante del Gobierno provincial termina lamentando que “no sean reconocidos unos esfuerzos que se han asumido con una legislación estatal muy restrictiva en materia de contrataciones”. En un contexto “muy complejo” –según ha indica el responsable de Función Pública- “se han intensificado los contratos de sustituciones favoreciendo la promoción de nuevos profesionales y se han mejorado sensiblemente las condiciones del personal que se encontraba a tiempo parcial. Además de no abandonar nunca la vía del diálogo con unos profesionales que son considerados como un servicio esencial y prioritario, tal como aprobó el pleno por iniciativa del actual Gobierno”.
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