UGT, CCOO y CSIF han decidido iniciar movilizaciones ante el Palacio Provincial en la capital gaditana, sede la Diputación de Cádiz, ante la pretensión del Gobierno provincial de PP y La Línea 100×100 de cambiar el modelo de gestión de sus políticas sociales, creando un nuevo organismo autónomo, y su actitud de “no estudiar otras opciones”. De este modo, se anuncian ya concentraciones los días 6, 13 y 20 de noviembre.
Los tres sindicatos, entre el desconcierto, asistían días atrás a una reunión con, entre otros, la presidenta de la Diputación Almudena Martínez, para conocer de primera mano “una decisión unilateral de tal magnitud, que ha provocado un tsunami en un servicio en el que se verán afectadas más de 450 personas trabajadoras”.
En la nota conjunta remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, advierten de que la creación de un nuevo organismo autónomo dentro de la Diputación para gestionar el área de Servicios Sociales, “sólo atiende a intereses de dos partidos políticos que se necesitan, el primero (el PP) para mantener el gobierno provincia y el segundo (La Línea 100×100) para sus intereses localistas, olvidando que gobiernan para el resto de la provincia”.
Así, rechazan de plano los argumentos expuestos por este Ejecutivo de derechas que “ofrece datos económicos sesgados, omite que las residencias de mayores están por debajo de su capacidad de ocupación y trata sin la menor sensibilidad a nuestros abuelos que se encontrarán de un día para otro una nueva plantilla y una nueva organización de sus vidas en los centros, demasiados cambios para unas personas tan mayores”.
“NO SE APORTA NINGUNA DOCUMENTACIÓN NI SE ACEPTAN ALTERNATIVAS”
UGT, CCOO y CSIF defienden que la asistencia directa a personas vulnerables “se debe y se puede seguir gestionando de forma directa” por la propia Diputación y para ello han puesto encima de la mesa medidas alternativas al organismo autónomo que el PP ya ha rechazado.
Además, lamentan los sindicatos que el Gobierno de Martínez del Junco no les aporte ninguna documentación sobre su proyecto, “y ni tan siquiera sea capaz de facilitarles información con respecto a la cuantificación del supuesto ahorro con la creación de este ente autónomo”.
“La excelencia de estos servicios ha quedado demostrada por la capacidad de su personal para afrontar una pandemia mundial, recibir premios a la calidad en los servicios y ser un ejemplo de gestión para otras administraciones públicas, por tanto no entendemos ni compartimos el otro argumento que se da en la necesidad de alcanzar una excelencia que ya existe”, se añade.
De este modo, los representantes sindicales ya han trasladado su negativa a formar parte de un plan que recoge la negociación de un convenio “que conlleva ajustes laborales y salariales para el personal que dependa del ente autónomo, así como la integración de todo el personal de esta área en el mismo”.
Además, entienden que la solución de la reubicación voluntaria para personal adscrito sólo a las residencias de mayores “no respeta el derecho del resto de personas empleadas públicas de estos servicios que tendrían que integrarse obligatoriamente en el ente autónomo”. Y se preguntan si el equipo de Gobierno ha valorado una reubicación “en el supuesto de que todo el personal del área de Servicios Sociales, Familias Sociales e Igualdad rechace integrarse en este organismo”.
Por último, se preguntan en qué situación quedarían las personas participantes en los procesos selectivos que forman parte de las bolsas de trabajo y que en estos momentos están en expectativa de empleo algunas y otras con contratos temporales, “cuestión que tampoco ha sido aclarada”.
