La consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha hecho un nuevo balance de sus tarjetas monedero, tramitadas a través de Cruz Roja y no de los servicios sociales municipales (algo muy controvertido en su momento), en el marco de este programa extraordinario para paliar las consecuencias socio-económicas del coronavirus destinado a la adquisición de bienes de primera necesidad por parte de familias vulnerables, como respuesta “rápida, ágil y que respondiera a sus necesidades”.
Durante su tiempo en activo ha beneficiado a 8.123 personas en la provincia de Cádiz (llegando a 33 municipios). Ello ha supuesto 12.693 recargas para un total de 3.192 familias, para lo que se ha ejecutado un presupuesto de 2,9 millones de euros, según se recoge en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. En toda Andalucía, esta iniciativa ha atendido a más de 69.000 personas de unas 26.600 familias.
Este programa de garantía alimentaria puesto en marcha como medida extraordinaria durante la pandemia se ha ejecutado mediante una subvención excepcional de 24 millones de euros a Cruz Roja. Esta entidad es la encargada de desarrollarlo, en toda la comunidad autónoma, en coordinación con los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos y diputaciones. De hecho, hasta 2.762 familias gaditanas del total de beneficiarias han sido derivadas desde estos recursos de las entidades locales.
A decir de la delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ana Fidalgo, “creemos que este programa extraordinario ha cumplido y está cumpliendo con sus objetivos, de forma que los andaluces que están afrontando las mayores dificultades a consecuencia de la pandemia puedan desarrollar sus vidas con la mayor dignidad posible, sin que estas ayudas supusieran un problema de estigmatización a sus beneficiarios y beneficiarias”.
Por su parte, la presidenta de Cruz Roja en Cádiz, Rosario García, ha señalado que “para la entidad, el proyecto ha sido un reto pero también una satisfacción. La consejería de Igualdad creó las tarjetas monedero para dar una respuesta urgente a las necesidades más básicas de miles de personas con la premisa de no estigmatizar y para dar certezas durante un periodo determinado. Pero nos ha permitido llegar más lejos de la mera asistencia”.
“En Cruz Roja estamos acostumbrados a aprovechar la sinergia entre diferentes proyectos y por ello, las tarjetas nos permitieron abordar aspectos fundamentales como el apoyo emocional, la formación, la empleabilidad, el apoyo escolar, la brecha digital, etcétera. Es decir, pudimos trabajar la inclusión social de manera integral y multidisciplinar gracias a que la primera asistencia estaba asegurada”, ha apuntado García.
“UN 31% DE LOS BENEFICIARIOS NUNCA HABÍA NECESITADO AYUDA ANTES”
En cuanto al perfil medio de las personas beneficiaras en Cádiz: el 76% son mujeres cuya edad media ronda los 45 años, en un 93% de los casos son de nacionalidad española y aproximadamente un 31% del total nunca antes había necesitado ayuda desde los servicios sociales. Por otra parte, la entrega económica media por familia ha sido de 210 euros al mes en tres mensualidades.
De hecho, este programa se basa en un sistema de tarjeta recargable mensualmente para comprar productos de primera necesidad de alimentación, higiene y limpieza en los supermercados y tiendas de proximidad. Las recargas están presupuestadas entre los 150 y 250 euros en función de la tipología familiar y el número de menores a cargo, pero también teniendo en cuenta a las familias monoparentales y los hogares unipersonales. Es compatible con otras ayudas en los casos del Ingreso Mínimo Vital, Pensión no contributiva, Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, ayuda económica familiar y de emergencia y becas de alimentación del plan Syga.
La tarjeta la puede solicitar cualquier persona o familia que se encuentre en situación de necesidad en las sedes de Cruz Roja o en los servicios sociales comunitarios (toda la información, AQUÍ). La prescripción de la ayuda se hace tras la valoración de la situación de la persona o familia y la emisión del preceptivo informe social por parte de un trabajador social.
Este proyecto ha servido también para poner en práctica la aplicación informática Registro Andaluz de Prestaciones (RAP) de la consejería, lo que ha supuesto una experiencia piloto para compartir datos de las personas con las que se trabaja en un mismo proyecto e intervención social. Todo ello, en el contexto del desarrollo del sistema CoheSSiona para la implementación de la Historia Social Única Electrónica en Andalucía.
