La nueva convocatoria de cursos de Formación Profesional para el Empleo dirigida a parados supondrá unas 1.800 acciones formativas, de las que podrán beneficiarse 26.685 desempleados andaluces. Las entidades de formación acreditadas pueden presentar ya sus solicitudes para participar de esta actuación de la Junta –que al fin reanuda la programación de estos cursos- que moverá más de 71 millones en toda la comunidad, de ellos 12,5 millones en la provincia de Cádiz. Y se advierte que los pagos “estarán sometidos a las máximas garantías de control”.
La nueva convocatoria de cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) dirigida a parados arrancará con la programación de alrededor de 1.779 acciones formativas, de las que podrán beneficiarse más de 26.685 desempleados registrados de toda la región.
Al respecto, la Junta de Andalucía acaba de poner en marcha ya esta nueva oferta tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la resolución para la concesión de estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la que podrán optar las entidades de formación acreditadas o inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de Formación Profesional para el Empleo de Andalucía, debiendo contar con medios suficientes y adecuados para poder desarrollar las acciones formativas.
El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en BOJA. El modelo de solicitud está disponible AQUÍ. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de cuatro meses desde la fecha de finalización del plazo de presentación.
Para la puesta en marcha de estas acciones, la administración andaluza ha previsto un presupuesto superior a los 71,5 millones de euros para la presente convocatoria –para lo que resta de 2016 y 2017-, recursos económicos que se distribuyen entre las ocho provincias en función del porcentaje de desempleados inscritos como demandantes de empleo. La financiación de las subvenciones concedidas al amparo de la presente resolución proviene en su totalidad de fondos del Estado central. Y en concreto, la provincia de Cádiz podrá contar con cerca de 12,5 millones del total.
Con la publicación de esta resolución, la Junta reanuda al fin la programación de acciones formativas en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo durante este año 2016 –el PP, fundamentalmente, lo lleva exigiendo desde hace años, y el Gobierno regional acusando al Ejecutivo en Madrid por recortar las transferencias para este apartado-, cuyas convocatorias superarán los 142 millones de euros, que se dividirán entre los 50 millones para el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo; los 71,5 millones para los cursos dirigidos a desempleados –la convocatoria que se acaba de abrir- y los 20,6 millones para acciones dirigidas a trabajadores ocupados.
La nueva convocatoria de Formación Profesional para el Empleo primará el desarrollo de acciones formativas que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad, con los que puedan hacer valer su cualificación profesional en todo el territorio de la Unión Europea, y como garantía de la utilidad de la formación recibida a la hora de acceder a una oferta de empleo.
De ahí que, según la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz, la programación atienda a unas especialidades prioritarias en consonancia con las necesidades de cualificación de trabajadores en cada territorio, en atención a las demandas de los empresarios de los diferentes sectores productivos. El objetivo es que la formación para el empleo “sea un instrumento al servicio de la mejora de la competitividad de las empresas y del impulso de sectores productivos dentro de una estrategia de desarrollo económico de Andalucía”. Se han tenido especialmente en cuenta en la programación de las acciones formativas, las especialidades relacionadas con el sector aeronáutico, la soldadura para el sector naval, así como las relacionadas con el sector de la atención a la dependencia y las energías renovables.
Para poder participar en estos cursos, los parados deberán constar en alta en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y tendrán prioridad en el acceso a los cursos los inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mujeres víctimas de violencia de género y personas desempleadas de larga duración, entre otras circunstancias.
Entre las novedades que incorpora la nueva convocatoria destaca el diseño de unos criterios de baremación cuantificables que garanticen la concurrencia competitiva a la hora de acceder a las subvenciones para la realización de cursos, así como la imposibilidad de poder subcontratar las acciones formativas por parte de la entidad beneficiaria. Igualmente, la normativa reguladora fija una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25% de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40% restante tras la justificación total de la subvención concedida.
La concesión y los pagos “estarán sometidos a las máximas garantías de control con un procedimiento de fiscalización previa”, se subraya. La justificación final de las subvenciones se realizará mediante la presentación de la cuenta general justificativa de la actuación y el informe de un auditor. En el caso de las entidades locales, se llevará a cabo mediante certificado del interventor de dicha administración pública.
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