El proyecto de Ley de Servicios Sociales, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, es una norma pionera en España que convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección. El Gobierno regional en Cádiz ha celebrado un acto para exponer el texto a representantes de ONGs, asociaciones, fundaciones, sindicatos, colegios oficiales, ayuntamientos, la Diputación y Junta, entre otros.
El proyecto de Ley de Servicios Sociales, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, es una norma pionera en España que convertirá a esta región en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección.
Esta es una de las ideas que en un acto celebrado este jueves en la Biblioteca Provincial de Cádiz para dar a conocer la nueva ley, ha transmitido el delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, acompañado del delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, y de la directora general de Servicios Sociales de la consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Pura Gálvez, a más de medio centenar de personas. En concreto, se han reunido, para informarse y mostrar sus dudas y aportaciones sobre el texto, representantes de ONGs, asociaciones, fundaciones, sindicatos, colegios oficiales, ayuntamientos, la Diputación y Junta, entre otros.
El texto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, ha contado con 2.119 aportaciones de corporaciones locales, consejerías de la Junta, colegios profesionales, agentes económicos y sociales, y otras organizaciones de la sociedad civil. Sus objetivos principales se dirigen a prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio; mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.
La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, introduce como principales novedades la ampliación de derechos; el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.
En relación con los nuevos derechos, la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.
La norma también establece, por primera vez, el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Junto a ello se incluye el de disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.
Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, estas tendrán la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante los tribunales de justicia. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.
Asimismo, entre las prestaciones garantizadas, la ley incluirá las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia. Actualmente, Andalucía concentra el 23,61% de todas estas prestaciones en el conjunto del Estado y el 22,77% de las personas beneficiarias.
Junto a la relación de prestaciones garantizadas, el proyecto prevé otras condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas.
HERRAMIENTAS DIGITALES
Otra novedad destacada, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, es la creación de la Historia Social Digital para todas las personas usuarias de los Servicios Sociales en Andalucía, desde las menores de edad a las mayores, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de familia numerosa. Esta herramienta, similar a la del sistema sanitario, permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con información precisa para la mejora de la atención prestada.
Igualmente, y con el mismo objetivo de mejorar la gestión, el proyecto de ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales: las de nacionalidad española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.
La futura ley establece también la elaboración de un mapa de servicios sociales, que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales.
Finalmente, el proyecto prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, especialmente orientada a la formación y al trabajo investigador de los profesionales, e introduce la perspectiva deontológica a disponer la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la elaboración de un código de ética profesional y otro para las entidades proveedoras del sistema público.
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