Aquellas criaturitas que entraron llorando tal día como hoy de 1981 en la guardería, tal vez hoy sean directoras de colegio o profesores de instituto. Desde entonces, ellos, nosotros, sus padres y el público a granel, escucha a diario los grandes mitos, las leyendas urbanas y las verdades a medias -que no dejan de ser también mentiras a medias- acerca de la doble vertiente pública/privada de la educación.
Y tanto tiempo oyendo esa canción, puede que explique las razones que conducen a los progenitores a llevar a sus criaturas a colegios privados religiosos y concertados, es decir que una buena parte de su actividad la pagamos solidariamente entre todos. Se puede argumentar que el primer motivo, y más consistente, sería ideológico: quieren que sus retoños sean educados en un determinado sistema de valores religiosos. Sin embargo, parece que si el 64,7% de los católicos no acude a misa casi nunca -los autodenominados católicos no practicantes- y como en la enseñanza pública también se puede ‘estudiar’ la religión, habría que buscar otros motivos de mayor peso.
O quizá no, y todo ello se explique, como decíamos, en base a esas ideas comunes, tópicos, leyendas y medias verdades a las que aludíamos. La primera es que la enseñanza privada, al igual que otros servicios, ha sido subvencionada desde las administraciones públicas -la andaluza no ha sido ajena- como una manera de asegurar la cobertura de las necesidades educativas a la población; al menos esa fue la excusa inicial. Hoy, treinta y cinco años después, ese argumento no sólo no se sostiene sino que debería avergonzar a quien, desde el poder político, lo usa en defensa propia.
Se ha llegado a hacer creer que la educación privada es más barata. Sin embargo en septiembre de 2012 se hizo público un informe de la OCU que concluía que el coste anual de un colegio concertado era un 69% más caro que uno público, incluyendo en ese coste la obligación de “pagar algún tipo de cuota”, ya sea en forma de donación o justificada por la prestación de unos determinados servicios que se ofrecen sin opción a renunciar a ellos.
Otra leyenda urbana nos habla de “la mayor calidad” de la enseñanza concertada que la pública, y ciertamente no nos equivocamos al decir leyenda, ya que sólo es así si medimos la “eficacia” en el acceso a la universidad; y lo estaremos haciendo mal, ya que eso es el resultado de la media de notas anteriores y los propios exámenes, cuestión que pueden convertir a la enseñanza concertada en fórmulas de ‘compra a plazos’ de titulaciones, y a eso, ciertamente no se le puede llamar “calidad”. Sin mencionar que la cualificación profesional del docente del centro público está acreditada a través de un concurso-oposición. Por otro lado, la enseñanza privada concertada lleva a cabo un sutil filtrado del alumnado menos dotado, que es hábilmente ‘desviado’ a los centros públicos.
Por todo ello, instituciones privadas, fundamentalmente la iglesia católica a través de congregaciones y fundaciones, se convierten en ‘competidores’ desleales -por llamarlo de una manera generosa- de la propia sociedad al recibir dinero de las familias que deciden su utilización por varias vías: las subvenciones, el pago directo de cuotas más o menos encubiertas, y una tercera, la exención de determinados impuestos al ser sus gestores ‘fundaciones’ en sí mismos.
De esta manera esa competencia desleal de este tipo de colegios, al consumir recursos públicos, más allá de los reflejados en los conciertos, y teniendo en cuenta que estos recursos son limitados, crece y se convierte en negocio, tomando como base un presupuesto que debería ir destinado a la enseñanza y educación de toda la sociedad, de forma gratuita y eficiente.
Hace tiempo que no se trata de garantizar que la educación llegue a todas partes, sino de posibilitar un negocio rentable a la propia iglesia católica a través de sus empresas, congregaciones o fundaciones, como queramos llamarlo, y de paso facilitar su “labor evangelizadora”. Si no cómo explicar que, tras treinta y cinco años de gobierno ininterrumpido del PSOE en Andalucía, la enseñanza pública hoy sea casi subsidiaria de la privada.
Lo mismo aquellos chiquillos de guardería en 1981, hoy ya directores y profesores, siguen todavía llorando al ver las deterioradas aulas y los deficientes patios de sus institutos y colegios públicos. DIARIO Bahía de Cádiz Pepe Pettenghi Fermín Aparicio
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