La Diputación de Cádiz, en su pleno ordinario de este mes de julio, ha expresado su “firme rechazo” al pacto que el PP ha firmado con la extrema derecha para mantener el gobierno de la Junta de Andalucía, tras las elecciones del pasado mayo en las que Moreno Bonilla se quedó a dos diputados de la mayoría absoluta. De hecho, Vox ya está dentro del nuevo Ejecutivo autonómico con una vicepresidencia.
Se trata de una moción presentada por el PSOE (que ha contado con el apoyo de IU y la abstención de La Línea 100×100, el socio de los populares) que advierte de la gravedad del acuerdo político e ideológico que incluye “150 puntos contrarios al sentir de Andalucía” y que ataca directamente “las políticas públicas dirigidas a promover la igualdad”.
Aunque, con ironía, el portavoz del grupo socialista, Javier Pizarro, ha afirmado que espera que el presidente andaluz “siga sin cumplir lo que promete como ha sucedido estos ocho años y el acuerdo con Vox quede también en papel mojado”.
La propuesta aprobada pese al no de los populares insta al Gobierno andaluz a renunciar a cualquier iniciativa que vaya en contra de los derechos fundamentales o que debilite la protección de colectivos vulnerables, como los menores extranjeros no acompañados. De la misma manera, la Diputación gaditana se compromete así con “una Andalucía libre e inclusiva”, rechazando la asunción de programas ideológicos ultraderechistas que sustituyen “la convivencia por el enfrentamiento y la solidaridad por la exclusión social”.
NACIONALIDAD ESPAÑOLA PARA LOS SAHARAUIS
Por otro lado, este pleno mensual ha expresado su apoyo a una proposición de Ley presentada por Sumar en el Congreso que busca facilitar el acceso a la nacionalidad española de las personas saharauis nacidas bajo administración española y sus descendientes, “garantizando una solución justa y reparadora” para la población saharaui afectada.
La moción, promovida por Izquierda Unida, ha salido adelante con la abstención del PP. El diputado provincial izquierdista, Ramón Galán considera que este pronunciamiento “es de un gran calado, es importante que esa solidaridad de la provincia a la causa saharaui se vea reflejada en el pleno de la Diputación”.
Así, ha defendido que se trata de “una deuda pendiente” de España, y ha recordado que, “durante décadas, miles de saharauis nacieron bajo soberanía y documentación española, formando parte de un territorio que tenía la consideración de provincia española”.
La proposición, según se detalla en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, incluye una instancia al Gobierno de España y a los grupos del Congreso para “impulsar la tramitación y aprobación de dicha iniciativa legislativa, garantizando una solución justa y reparadora para la población saharaui”; a la vez que pide “reafirmar el compromiso de la Diputación con la defensa de los derechos humanos, el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas relativas al Sáhara Occidental”.
OTRAS MOCIONES
También se ha aprobado, por unanimidad, la otra proposición de IU, relativa al pretendido cierre de la oficina de Correos en la barriada puertorrealeña del Río San Pedro, que se ha quedado en el aire tras la movilización de los vecinos. En la misma se insta a la empresa pública postal a mantener abierta la oficina y garantizar su continuidad: “los servicios públicos no pueden mirarse por valores cuantitativos, sino cualitativos”, ha recalcado Galán.
Mientras, el PP ha traído a pleno una única moción genérica (que está presentando por todo el país), solicitando al Gobierno central la implantación de un régimen de exención del IVA para trabajadores autónomos que no superen los 85.000 euros de facturación anual, “conforme a lo establecido en la normativa europea”. Sólo se ha abstenido el PSOE. Según la derecha, “España se expone a un procedimiento sancionador si no aplica el denominado IVA franquiciado”.
Y el PSOE, principal partido de la oposición, ha elevado otras dos mociones, ambas aprobadas. En una de ellas (con la abstención del PP) ha puesto el foco en los perjuicios que el alga asiática Rugulopteryx okamurae está provocando en el sector pesquero y turístico desde hace una década, invadiendo el litoral gaditano. Los socialistas reconocen que la Diputación lleva varios años facilitando ayudas a los ayuntamientos afectados, pero son “insuficientes” dada la dimensión del problema.
La propuesta insta a la Junta y al Gobierno de España a implementar líneas de apoyo económico para sufragar los costes de retirada y eliminación que están asumiendo los ayuntamientos en solitario; y a la articulación de ayudas públicas directas al sector de la pesca artesanal afectado.
Y además, el PSOE también ha demandado al Gobierno autonómico (igualmente con la esperable abstención del PP) que ponga fin a la precariedad de los trabajadores del INFOCA, “quienes afrontan la campaña de verano 2026 con más de 1.000 puestos vacantes” en toda Andalucía. Se insta a dotar “de forma inminente” de medios humanos suficientes y adecuados este plan contra los incendios forestales.
CÁDIZ MARCHA, EL PEÑÓN Y LOS PATROCINIOS BAJO SOSPECHA
Asimismo, entre los puntos de gestión, se ha aprobado de forma inicial el Plan Cádiz Marcha+ 2026 (el antiguo plan Invierte, que repartirá en esta ocasión 33,7 millones de euros sobrantes -del remanentes de Tesorería- entre todos los municipios y ELAs para obras), el plan de ayudas para la redacción de planes generales de ordenación urbana de municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes y el plan de ayudas para la contratación de personal técnico, así como varias modificaciones presupuestarias.
Al inicio de la sesión se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del reciente incendio de Los Gallardos, en Almería. Y durante el pleno no han faltado las alusiones a la caída de la Verja de Gibraltar y las presuntas ventajas que tendrá para la provincia de Cádiz.
A su vez, como ya avanzó, el PSOE ha exigido a la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, una junta de portavoces donde se pueda abordar con detenimiento todo lo que está pasando con los expedientes de patrocinio de conciertos y festivales paralizados a raíz de la investigación judicial por un presunto delito de blanqueo de capitales de dinero procedente del narcotráfico que implica a varios empresarios de la provincia, alguno de ellos cercano al alcalde de El Puerto y vicepresidente en la propia institución, Germán Beardo.
