Izquierda Unida, más allá de exigir explicaciones, ha solicitado la convocatoria con carácter de urgencia de la junta general del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz tras conocer “graves irregularidades” en la gestión de este servicio por parte de la empresa que lo explota, Bioreciclaje de Cádiz, así como en el procedimiento empleado en su momento para la cesión del servicio a dicha firma privada.
La petición de los alcaldes de IU en la provincia se basa en el demoledor informe emitido por la Vicesecretaría General de la Diputación, elaborado en marzo de 2019 y del que ha tenido conocimiento recientemente la formación política. “Pone de manifiesto extremos de especial relevancia y gravedad, constatándose un sinfín de irregularidades e incumplimientos de Bioreciclaje de Cádiz”, se subraya.
Asuntos como el procedimiento para la cesión de la gestión o la aplicación de la tarifa única centran el grueso de irregularidades sobre las que los alcaldes izquierdistas pretenden obtener aclaraciones en el seno de la junta general del Consorcio.
Bioreciclaje de Cádiz es concesionario durante 30 años (desde 2008) del servicio público de transferencia, transporte, tratamiento y disposición de los residuos de 37 municipios gaditanos (prácticamente toda la provincia, incluyendo la Bahía, salvo el Campo de Gibraltar). Está al frente del complejo ambiental de Miramundo, en Medina Sidonia, además de estaciones de transferencia en varias de las localidades..
“SE LE ESTÁ COBRANDO A LOS MUNICIPIOS POR ENCIMA DE LOS COSTES REALES”
A decir del coordinador provincial de IU y alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías, “vamos a empezar por donde tenemos que empezar, que es pidiendo explicaciones; no vamos a señalar a nadie, primero vamos a ver quién tiene responsabilidades”.
De comprobarse todas estas anomalías detectadas por el informe “cabe la nulidad del contrato y si es así, nosotros, desde nuestra perspectiva de gestión pública, como hacemos en nuestras ciudades, vamos a plantear que ésta sea también una gestión pública que se plantee en la Diputación de Cádiz y por ende, en el Consorcio”, ha avanzado Macía.
El líder provincial de IU ha comparecido este jueves acompañado de la diputada provincial de IU, Carmen Álvarez y los alcaldes de Trebujena (Jorge Rodríguez), Conil (Juan Bermúdez), Alcalá del Valle (Rafael Aguilera), Bornos (Hugo Palomares) y Puerto Serrano (Daniel Pérez). “Los ayuntamientos de IU estamos todos a una”, ha subrayado para dejar clara la postura unitaria de la formación política en cuanto a la necesidad de que se ofrezcan explicaciones sobre los graves fallos detectados por un informe que según ha denunciado “no ha llegado a todos los socios del Consorcio”. El informe en cuestión, tiene firma de la vicesecretaria del 7 de marzo de 2019, pero hasta hace escasas semanas no ha sido remitido a IU, concretamente y de manera exclusiva al alcalde de Trebujena; “no es cierto que todos los socios del Consorcio hayamos recibido el informe”, aclaró Macías, quien se ha mostrado convencido de que a IU “nos ha llegado de rebote, creo que este informe no estaba para IU”.
Casualmente, se resalta, aquel 7 de marzo es la fecha en la que la presidencia de la Diputación, Irene García, emitió una providencia para llevar a pleno la disolución y salida de la Diputación del Consorcio.
El informe, además, ha llegado “tras muchos años pidiendo información” por parte de los alcaldes de IU, ha añadido el acalde de Trebujena, Jorge Rodríguez. De manera concreta, “se pedía conocer la relación contractual existente con Bioreciclaje”, habida cuenta del “oscurantismo y falta de transparencia” detectada y denunciada en reiteradas ocasiones. Una situación que “se da en una provincia con la tasa de residuos más alta de toda Andalucía” y en la que “a través del informe se ponen de manifiesto presuntas irregularidades, falta de transparencia y una falta de aplicación de la legalidad en materia medioambiental”. Así, indica que la auditoría externa encargada a la empresa 2020 Ingenieros apunta “un enriquecimiento injusto de Bioreciclaje por la aplicación de costes que van más allá de los reales, además de que incumple las obligaciones medioambientales en la provincia”.
Junto a estas cuestiones de gestión pura de Bioreciclaje, Izquierda Unida ha remarcado además el hecho de que la “encomienda de gestión” a Bioreciclaje tampoco se hiciera de manera adecuada, puesto que esta figura de encomienda no está prevista para entidades cuyo capital no es íntegramente público. De esta manera, “se podría estar incurriendo el principio de pública concurrencia”, según la propia Vicesecretaría de la Diputación. En el momento de la cesión, la parte pública gestionaba un 51% y actualmente un escaso 2%. Originariamente, Bioreciclaje era 100% pública y fue privatizada en los años 90 del siglo pasado “por el PSOE”.
La realidad de esta situación es que “a día de hoy no hay convocatoria de órgano, ni se ha dado conocimiento del informe a los socios”, cuestiona Rodríguez, y además, “se le está cobrando a los municipios por encima de los costes reales”.
“QUÉ SE ESTÁ HACIENDO CON TODOS LOS RESIDUOS”
A estos hechos, añade el coordinador provincial que se desconocen asuntos como “qué se está haciendo con todos los residuos de los 37 municipios que van a parar a Miramundo, qué ocurre con los beneficios de aquello que no acaba en celda y posteriormente se vende por parte de la empresa adjudicataria –vidrio, plásticos, electrónica, etc-. Nosotros no estamos recibiendo ninguna compensación económica por eso que se recupera y se vende pero sí estamos sufriendo una tasa por tonelada que es muy grande, casi se ha triplicado en los últimos ocho años”.
Entre el rosario de irregularidades, el informe habla igualmente de que municipios como Bornos, Olvera, Sanlúcar y Ubrique vierten directamente a Miramundo, cuando tendrían que tener plantas de transferencia, o que “los métodos de cogeneración eléctrica y biomecanización de la planta de Miramundo no se adaptan a tecnología”.
Para esta formación izquierdista, los datos conocidos demuestran que “teníamos, si no toda la razón, gran parte de la razón”, por lo que pedirá que se rectifique, “de lo contrario, tendremos que pedir responsabilidades”. Estará atenta a los próximos pasos que se vayan dando en el seno de dicho Consorcio.
