La Policía andaluza ha vuelto a asestar en la provincia de Cádiz otro golpe a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), ante la venta de lotería ilegal: y es que esta entidad no cuenta con autorización para realizar este tipo de sorteos, pero insiste.
En total, en la última actuación policial contra la OID en varias ciudades, que se considera la “más importante en Andalucía” contra la lotería ilegal hasta la fecha, ha finalizado con el decomiso de 336.235 boletos clandestinos (de ellos 2.500 del tipo conocido como ‘rasca’) que se iban a distribuir por toda la provincia. También se incautaron 2.633 euros en metálico. El valor de todos los boletos intervenidos es de cerca de 500.000 euros, remarcan desde la Junta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
El amplio dispositivo policial se desarrolló el pasado jueves día 14 de forma simultánea en Cádiz, Jerez, Chiclana y Algeciras, en las sedes que tiene la OID en esas localidades. Ese día, los agentes cerraron unas actuaciones que se habían iniciado a principios de año y que culminaron con el requerimiento judicial para proceder a realizar registros en las cuatro sedes simultáneamente para impedir las llamadas de alerta de una a otras.
En concreto, el resultado de la actuación en la capital se resume en la intervención de 135.414 boletos (2.000 eran ‘rasca’) y 1.700 euros. Estaba previsto que esos boletos se distribuyeran en el mes de junio y primeros días de julio. La entrada en la sede de los agentes coincidió con la llegada de una empresa de transporte que entregó en la sede 52.000 boletos para los sorteos de la semana del 9 al 14 de julio.
Por su parte, en el registro con mandamiento judicial en la sede de la OID de Chiclana se han incautado 89.723 boletos, y en la de Algeciras el registro policial culminó con la intervención de 86.407 boletos y 920 euros. En la sede de la OID en la ciudad de Jerez, la que menor número de vendedores tiene, se han intervenido 24.691 boletos, de ellos 500 ‘rascas’.
Todos los boletos intervenidos y la documentación han sido ya remitidas a la Delegación del Gobierno para que el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos instruya el correspondiente expediente sancionador contra la mencionada organización.
Esta intervención forma parte de la actividad que mantiene la Unidad de Policía Adscrita contra el juego ilegal, que en 2017 aumentó un 163% la incautación de boletos de loterías fraudulentas en la región, tras requisar un total de 779.267 cupones de sorteos sin la preceptiva autorización. En el caso de la provincia de Cádiz, la Policía andaluza intervino el pasado año un total de 463.337 boletos de loterías ilegales que carecían de autorización administrativa para este tipo de sorteos, lo que supone el 59% de lo incautado en toda la comunidad.
En lo que va de 2018 el Grupo de Juego de la Jefatura Provincial de Cádiz y el Grupo de Algeciras han realizado ya un total de 102 actas de denuncias por distribución y venta de boletos ilegales en la provincia. Estas intervenciones son el resultado de las investigaciones desarrolladas para el control y desmantelamiento de aquellas organizaciones que gestionan la venta y distribución de boletos y cupones para sorteos con premio en metálico sin la correspondiente autorización administrativa.
LA OID: “LOTERÍA ILEGAL Y ¿FIN SOCIAL?”
La Junta aprovecha para insistir en que la OID es una organización no autorizada por la administración andaluza para la celebración, organización y distribución de un sorteo paralelo al de la ONCE; pese a ello, es uno de los principales distribuidores de esos billetes en la provincia.
Esta organización “se ampara en su carácter presuntamente social para realizar su actividad”, pero las numerosas actuaciones realizadas por la Unidad de la Policía Adscrita “ponen al descubierto que sus actuaciones no parecen tener ese fin”. De hecho, no están dados de alta en la Seguridad Social la mayoría de los vendedores, a los que la OID capta entre parados o que tienen algún tipo de ayuda social mientras usan de pantalla a personas con discapacidad, “aunque tampoco hay constancia de que se seleccione a los vendedores por este motivo”.
El juego, se subraya, “es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa”. Los locales y personas que organizan actividades ilegales en este ámbito “perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes”. Además, este tipo de actividades irregulares “constituye una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener este tipo de locales y también de las garantías de las personas que participan en estos juegos fraudulentos”.
