La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado, a lo justo (ha tenido que decidir el voto de calidad de su presidente), firmar con el Gobierno central un acuerdo económico que, en la teoría, permitirá impulsar desde los gobiernos locales medidas para favorecer la recuperación de pueblos y ciudades tras la pandemia del coronavirus.
Este acuerdo, que el PSOE aplaude y el PP rechaza (nada nuevo…), prevé que la Administración General del Estado realizará un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros para las entidades locales a los que se sumará un máximo de 400 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte urbano, y la participación en fondos europeos que ascienden a 72.000 millones.
Así, contempla que ayuntamientos y diputaciones que, con carácter voluntario, pongan a disposición del Estado sus remanentes de tesorería irán percibiendo de manera proporcional a los remanentes que cedan un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. A partir de 2022, y en un plazo de diez años, dichas administraciones locales habrán recibido la totalidad de los remanentes cedidos y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit.
Se trata, según la FEMP, de la única forma de utilizar esos remanentes de tesorería, un uso que está limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (la llamada Ley Montoro, impuesta por el PP años atrás). “La cesión es la única manera de utilizar los remanentes. Tras cederlos al Estado, éste nos los devuelve libres de déficit y listos para gastar”, ha aclarado el presidente de esta entidad y alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Además, se permite mantener la utilización del superávit tal y como se ha venido haciendo hasta ahora y, en este sentido, prevé utilizar el de 2019 para gastos de 2020. Se prorroga para 2020 la regla especial del destino del superávit de 2019 y también se prorroga el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles iniciadas en 2019 con cargo al superávit de 2018.
EL PSOE GADITANO HABLA DE “ACUERDO HISTÓRICO”
En defensa del acuerdo no ha tardado en salir la secretaria General del PSOE de Cádiz, Irene García, subrayando que el Gobierno de España de PSOE y Unidas Podemos y la FEMP “han llegado a un acuerdo histórico con el único objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía, especialmente en un momento tan delicado como el que estamos atravesando a consecuencia del Covid-19”.
“Tenemos que tener en cuenta que es un acuerdo que implica la absoluta voluntariedad de las entidades locales; a los ayuntamientos y a las diputaciones no se les obliga a nada, ya que podrán decidir si ceder, o no, esos remanentes de tesorería al Gobierno”, reitera García; incidiendo y recordándole a la derecha que “estos remanentes serían imposibles de gastar en tanto que así lo impide la Ley de Estabilidad (de 2012 del PP) y la propia Constitución tras la modificación del artículo 135 (de 2011, acordado con nocturnidad entre PP y PSOE y sin referéndum que valga) que antepone el pago de la deuda al gasto de las entidades locales”.
La también presidenta de la Diputación gaditana aplaude “el compromiso real del Gobierno al haber alcanzado este acuerdo, sin precedentes, con la FEMP para favorecer la liquidez de los ayuntamientos y las diputaciones”. Y añade que “ya era hora de que se creara esa mesa técnica de trabajo que han acordado FEMP y Gobierno central para analizar, desde ahora, la financiación de las entidades locales”.
“La idea principal del acuerdo es buena y al PP parece que le molesta que un Gobierno progresista dé soluciones frente a sus políticas de austeridad que dilapidaron la autonomía local en 2012”, opina Irene García, que entiende que “el PP y la señora Mestre no pueden venir ahora a criticar la medida, porque, básicamente, no tienen ninguna legitimidad para ello, ya que fueron los populares bajo el mandato del exministro Montoro al frente de la cartera de Hacienda los que en 2012 aprobaron la Ley de Estabilidad Presupuestaria cuya consecuencia principal ha sido la acumulación de remanente de tesorería en los ayuntamientos y diputaciones sin poder ser utilizados de ningún modo conculcando, con ello, su propio autonomía”.
EL PP GADITANO DENUNCIA EL “ROBO” A LOS AYUNTAMIENTOS
Por su lado, el PP provincial, siguiendo el argumentario desde Madrid, ha lanzado un “mensaje de preocupación y reivindicación” ante lo que llama “robo de los ahorros” de los ayuntamientos consumado por el PSOE en el seno de la FEMP; a la vez que pide a los socialistas gaditanos “sensatez y coherencia en contra de esta propuesta”.
La presidenta de los populares en Cádiz, Ana Mestre, “no acepta la confiscación de los ahorros de los vecinos gaditanos” para que el Gobierno central “se pueda financiar” y ha considerado como un “chantaje las condiciones impuestas de cómo y cuándo los ayuntamientos puedan usar sus fondos”. “Llevamos muchos años pidiendo la flexibilización del gasto municipal y viene Pedro Sánchez y directamente se hace con todos los ahorros”, interpreta.
“El PSOE quiere cuadrar sus cuentas a costa de los gaditanos, robando el dinero que los ayuntamientos han ahorrado con muchos esfuerzos y condicionando durante una década las inversiones de todas las localidades. Es un chantaje a toda regla y ante eso nos rebelamos”, amenaza quien está colocada también como delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz.
Para esta formación de derechas, según señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, “ahora que se ha consumado la expropiación de los ahorros municipales, se pone en evidencia la incongruencia de los socialistas gaditanos que, por falta de valentía política, asume como buenas las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez contra Cádiz y no tiene nada que decir ante esta situación”.
“Es sorprendente la capacidad de claudicar y de mimetizarse con los vaivenes del Gobierno de la Nación, frente a lo beligerantes que se muestran cada día intentado confrontar con la Junta de Andalucía”, opina Mestre, que en ningún momento quiere acordarse de que todo parte de aquella Ley Montoro que impuso su propio partido cuando gobernaba Rajoy.
El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, del PP, va más allá y afirma que el Gobierno central “se apropia, sin posibilidad de maniobra, de los ahorros de todos los portuenses, bajo la coacción de que todos aquellos ayuntamientos que no colaboren se quedarán fuera del reparto de los fondos de la Unión Europea que han destinado a España para la recuperación económica y reconstrucción del país”. “Los ahorros de todos los portuenses son incautados en pleno siglo XXI para pagar facturas del Gobierno de España con el agravio que este expolio causará en nuestra ciudad”, subraya.
Finalmente, el PP asegura que va a solicitar un pleno extraordinario en la Diputación para que se debata y se posicione en contra de “este robo y ataque al municipalismo que es del todo inaceptable”.
