La plantilla del servicio telefónico de Emergencias 112 Andalucía en la provincia de Cádiz (y del resto de la comunidad autónoma) está llamada a la huelga indefinida a partir del 6 de diciembre. La Junta de Andalucía tiene subcontratado desde hace años este servicio que se supone esencial, actualmente explotado por Ilunion (una de las empresas de la ONCE). Un día antes hay convocada una reunión de las partes en el Sercla para tratar de evitar los paros.
Básicamente se reclama al Gobierno de Moreno Bonilla dar fin a la privatización de este servicio (primer eslabón de la cadena en la atención de las urgencias y emergencias), integrando en la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (Asema) al personal que gestiona las emergencias telefónicas “y acabar con las desigualdades en el ámbito laboral, económico y social” de las personas trabajadoras en este servicio adscrito a la consejería de la Presidencia, con el jerezano Antonio Sanz al frente.
“A pesar que el consejero presumió en 2023 de haber aumentado el presupuesto para este servicio un 25% para esta contrata, lo cierto es que (en el caso de la provincia gaditana) se ha reducido personal en varios de los turnos pasando de tres a sólo dos personas para toda la provincia tras varias bajas definitivas”. Pero además, “esta plantilla ha perdido bastante poder adquisitivo desde la pandemia mientras que el personal funcionario del servicio ve incrementada en aún mayor medida sus retribuciones”, denuncia el comité de huelga del 112 de Cádiz, que intenta transmitir a la ciudadanía los motivos por los que ha decidido convocar esta huelga.
Así, para un turno de dos personas, se denuncia, “tenemos además cuatro jefes operativos a los que atender (Técnico de operaciones, asesor técnico de emergencias, Coordinador provincial de Emergencias y Jefe de Servicio de Protección Civil) a demanda discrecional de cada uno, demanda que se incrementa en momentos de saturación por emergencias importantes bloqueando a veces la sala con todo tipo de gestiones muchas veces duplicadas y cuestionables en eficacia”.
Por otro lado, en caso de refuerzo de la sala, no existe un sistema de guardias localizadas: “se llama a personal de la bolsa de trabajo por si puede acudir a horas intempestivas si es necesario al ser servicio 24 horas, o a personal de plantilla que pueda hacer el favor. La empresa no quiere negociar volver a pagar estar de localizado en las condiciones que teníamos con contratas anteriores. Sólo ofrece pagar la presencia si se acude, por lo que el reforzamiento ante emergencias queda a la buena fe de la plantilla a sabiendas del abuso”.
“Es más -se añade-, las carencias de personal las llegan a suplir con personal de otras provincias al que conectan con Cádiz y con los que hemos de entendernos por whatsapp desde teléfonos móviles para coordinar el trabajo pues no conocen la provincia como nosotros. Es ineficiente y retrasa la gestión ordinaria de emergencias”.
PRECARIZACIÓN Y FORMACIÓN “DE RELLENO”
En este contexto, la precariedad aumenta “pues la contratación parcial ha ido incrementándose durante esta última década donde además aplican un acuerdo de 2014 que el Estatuto de los Trabajadores considera extinguido (artículo 82.3) a la espera de poderlo tumbar vía judicial con señalamientos judiciales para bien entrado 2027, mientras la Inspección de Trabajo de Cádiz, que tiene acuerdos de colaboración con este servicio, no parece tomarse en serio nuestras denuncias ni aunque presentes pruebas más que evidentes al punto de tener que recurrir incluso al Defensor del Pueblo con una queja en curso”, explican desde CGT en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
En cuanto a la formación especializada que recibe la plantilla de las empresas, “excusa que usa la Junta desde siempre para justificar la contratación externa”, toda actualización de operativas “la envían por correo y, sin tiempo específico para tratarla, se da por impartida”.
“Para rellenar el cupo de 32 horas comprometidas han consumido este año la mitad en ‘calmarnos’ con un curso contratado con otra empresa externa sobre gestión del estrés cuando el estrés lo está causando la empresa y la actitud de los responsables del servicio 112 Andalucía. Otras ocho horas en otro de foniatría, por si nos quedamos sin voz. Eso sí, la aplicación informática que sufrimos y que en su día la Inspección de Trabajo sí tuvo a bien sancionar, sigue igual o peor pues causa fatiga visual y psíquica”.
Y mientras tanto, sentencian desde el comité de huelga del 112, la Dirección General de Protección Civil de Andalucía y el servicio local de Protección Civil en Cádiz, encargados por velar por el cumplimiento del pliego de la presente contrata, “teniendo toda la información a su disposición, mira para otro lado y ni tan siquiera convoca al denunciante de todas estas irregularidades. Es cómplice de la situación. Luego, pasa lo que pasa… y todos se llevan las manos a la cabeza”.
