El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la petición de la CSIF, pidiendo información al Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz –que de momento ha guardado silencio- sobre el despido de una operadora de la sala de emergencias del 085, ocurrido en verano de 2013 y que posteriormente, al cabo de los meses, se consideró nulo. Este sindicato siempre ha defendido que el despido había sido motivado como represalia a la compañera por sus denuncias de irregularidades en Qualytel, encargada del servicio.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la petición de la CSIF, pidiendo información al Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz sobre el despido de una operadora de la sala de emergencias del 085, ocurrido en verano de 2013 y que posteriormente, al cabo de los meses, se consideró nulo.
Este sindicato siempre defendió que el despido había sido motivado como represalia a la trabajadora y sus compañeros del propio CSIF por el mero hecho de denunciar irregularidades en la empresa Qualytel, encargada de la sala provincial del 085. Tras un largo periodo de movilizaciones a favor de la trabajadora y denuncias en el juzgado, “fue el propio juez quien dictaminó que, efectivamente, la empresa había manipulado los motivos del despido para amedrentar a la sección sindical y tuvo que readmitirla2.
Sin embargo, CSIF apostilla en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que la sala del 085, aunque gestionada por una empresa privada, “pertenece a un servicio público para todos los ciudadanos y su responsable último es el Consorcio de Bomberos, dependiente de la Diputación de Cádiz”. De ahí que la central sindical insista en pedir explicaciones a la institución provincial sobre “por qué se permitió el despido y la humillación a una trabajadora cuya labor siempre ha sido reconocida por bomberos y compañeros del 085”. CSIF recuerda que en el contrato entre Qualytel y el Consorcio se establece claramente que es el ente público el que debe autorizar cualquier contratación o despido de un trabajador de la sala del 085.
Así, CSIF insiste en que lleva meses pidiendo por escrito al Consorcio de Bomberos que explique quién autorizó el despido, que luego se demostró nulo, sin que el organismo haya contestado aún. Ante este silencio por parte de una administración pública, ha decidido pedir la ayuda del Defensor del Pueblo “y así, al menos, por el momento, éste ha pedido al Consorcio la información y las explicaciones oportunas que el sindicato reclama”.
“Es evidente que el Consorcio de Bomberos se niega a responder porque, diga lo que diga, la respuesta iría en su contra. Si dice que sí, autorizó un despido por represalia sindical, y si dice que no, tendría que rescindir el contrato con Qualytel, como ya dijo en su día que haría el propio presidente de la Diputación”, exponen desde este sindicato, que agrega que hasta ahora, “no ha habido ningún tipo de depuración de responsabilidades por el castigo ilegal que la empresa aplicaba sobre aquellos delegados sindicales que denunciaban las constantes irregularidades en la sala del 085”.
