La Fiscalía y las acusaciones particulares han presentado los escritos de acusación que ponen fin a la instrucción por el caso de la trampa con cocaína que le tendieron al activista portuense Juan Clavero. Todas las acusaciones solicitan penas de cárcel y fuertes indemnizaciones para los cuatro acusados de haber organizado y ejecutado esta trama que pretendió involucrar a este reconocido miembro de Ecologistas en Acción en un delito de tráfico de drogas.
Clavero fue detenido en la localidad de El Bosque en el verano de 2017 al encontrar una dotación de la Guardia Civil una importante cantidad de cocaína en su furgoneta. La opinión pública y la inmensa mayoría de entidades políticas y sociales de Cádiz no dieron crédito a esta acusación y denunciaron que se trataba de una burda trampa para anular su participación en la campaña por la apertura de caminos públicos en el Parque Natural Sierra de Grazalema.
Poco más de quince días después de su detención, el Juzgado Mixto de Ubrique dictaba un auto por el que se sobreseía la causa contra este profesor en El Puerto. Es más, reflejaba que “probablemente ha sido objeto de actuaciones malintencionadas por parte de terceros”, la tesis defendida por Ecologistas en Acción desde el principio.
Desde un primer momento las sospechas se dirigieron a algunos responsables de la sociedad Breña del Agua Investments SL, del empresario belga Marnix Galle, que es la mayor propietaria privada de fincas en este Parque Natural, y que ha venido provocando numerosos incidentes por el cierre de todos los caminos públicos y vías pecuarias que discurren por sus fincas. Tras la exhaustiva investigación realizada por la Guardia Civil, el juzgado de Ubrique imputó como presuntos autores de la trama a José Miguel Herrera, por entonces apoderado de dicha sociedad, a Juan Luis Pérez Ramírez y Oscar González, capataces de las fincas propiedad de la misma, y a Manuel Alcaide, la persona que presuntamente colocó la droga en la furgoneta del ecologista.
Desde Ecologistas se apunta en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que “han sido numerosos los intentos de los imputados para dilatar y entorpecer la instrucción y conseguir su archivo”, pero la Audiencia provincial desestimó todos sus recursos, asegurando que “existen indicios sobre la comisión de un ilícito penal” y de la participación de los apelantes “en la denuncia falsa sobre la comisión de un delito contra la salud pública”.
PENAS E INDEMNIZACIONES
Así, la Fiscalía solicita a los cuatro acusados, como presuntos autores de un delito de denuncia falsa, penas de un año y medio de cárcel, multa de 12.000 euros y una indemnización solidaria de 20.000 euros a Juan Clavero en concepto de daños morales, con la responsabilidad civil subsidiaria a la sociedad Breña del Agua Investments.
Por su lado, Clavero y Ecologistas en Acción han presentado también sus escritos de acusación, solicitando que se aumenten las penas por denuncia falsa a dos años de prisión, por el agravante de alevosía, y multa de 14.400 euros. Además, solicitan cuatro años de cárcel por el delito de provocación y conspiración para la detención ilegal, un año por el delito de pertenencia a grupo criminal, y 7.200 euros por el delito de simulación de delitos. En total, siete años de cárcel y multa de 21.600 euros para cada acusado.
También solicitan una indemnización de 50.000 euros al activista y 20.000 euros a Ecologistas en Acción por daños morales, y la prohibición de comunicarse por cualquier medio, así como de aproximarse a Juan Clavero o a su domicilio en un radio de 500 metros, y por un plazo de tres años desde el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Las acusaciones particulares coinciden con la Fiscalía en solicitar la responsabilidad civil subsidiaria a Breña del Agua Investments.
La Justicia “es muy lenta”, pero tanto Clavero como Ecologistas se comprometieron desde el principio de este procedimiento “a no cejar hasta que se condene a los responsables de este montaje miserable” que intentó encarcelar a un activista ecologista y desprestigiar a su asociación.
