Activistas de Ecologistas en Acción de Cádiz se han concentrado ante la sede de Endesa en El Puerto para recordar la catástrofe nuclear de Fukushima en su sexto aniversario –un 11 de marzo de 2011- y mostrar su “más firme rechazo a la energía nuclear”; teniendo en cuenta que “nos encontramos en un momento crítico del debate nuclear en España: las ocho centrales nucleares tienen un permiso de funcionamiento de 40 años que cumplirá escalonadamente durante los próximos 11 años”.
Activistas de Ecologistas en Acción de Cádiz se concentraban este sábado ante la sede de Endesa (propietaria de las centrales nucleares de Ascó I y II y de Valdellós) en El Puerto de Santa María, para recordar la catástrofe nuclear de Fukushima en su sexto aniversario –un 11 de marzo de 2011- y mostrar su “más firme rechazo a la energía nuclear”.
Este 11 de marzo se han cumplido seis años del accidente nuclear de Fukushima-Daiichi, en Japón, de una gravedad comparable al de Chernóbil (en Ucrania en 1986), aunque de características diferentes. “Tan grave porque en él se ha liberado una cantidad masiva de radiactividad -del orden de la mitad de la que escapó en Chernóbil- y diferente porque en este caso la liberación se ha realizado de manera más lenta y el 80% de la contaminación se ha vertido al mar”, exponen desde Ecologistas.
Hoy, los niveles de radiación son 20 veces superiores a los permitidos en las zonas descontaminadas y los vertidos de agua radiactiva que están contaminando el mar siguen haciendo inhabitable el entorno de la central. Unas 50.000 personas se han negado a volver a sus casas, ante la falta de garantías y los altos niveles de radiactividad dejados en el terreno, rechazando incluso las gratificaciones de más de 6.000 euros que se ofrecen por el retorno. El número de cánceres de tiroides detectados entre los 370.000 niños de la prefectura de Fukushima es 50 veces más alto de lo normal. Para mantener a la población alimentada se han multiplicado por cinco los niveles permitidos de radiactividad en algunos alimentos. Los habitantes de Fukushima se enfrentan a dosis radiactivas que tendrán efectos a medio y largo plazo.
El coste del dicho accidente supera los 80.000 millones de euros, duplicando el cálculo inicial del Gobierno japonés. Se calcula que habrá que gestionar casi un millón de toneladas de agua radiactiva que se bombea del subsuelo para reducir la contaminación. Los reactores 1, 2, 3 están fundidos (el número 1 totalmente y los dos restantes parcialmente) y acceder a su interior es imposible por la elevadísima radiación.
En este estado de cosas, “seis años después del accidente no se sabe ni cómo ni cuándo se podrá proceder a desmantelar los reactores”. A falta de una solución técnica con garantías, se empieza a considerar actuar como en Chernóbil: “es decir, renunciar al desmantelamiento y cubrir los reactores con sarcófagos de hormigón hasta que la radiactividad decaiga lo suficiente, lo que puede ocurrir en cientos de años”, se advierte.
Al mismo tiempo, señalan desde Ecologistas en Acción en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “nos encontramos en un momento crítico del debate nuclear en España: las ocho centrales nucleares españolas tienen un permiso de funcionamiento de 40 años que cumplirá escalonadamente durante los próximos 11 años. El lobby nuclear eléctrico (Iberdrola y Endesa) presiona para que ese periodo se amplíe a nada menos que a 60 años”.
En los próximos meses el Gobierno central del PP debe decidir si amplía el periodo de funcionamiento de la central de Garoña (en Burgos) “la más vieja de todas las centrales con 46 años de antigüedad y gemela de la de Fukushima”. La única razón para mantener abierto el parque nuclear más allá de los 40 años “responde al interés de Endesa e Iberdrola para seguir incrementando sus beneficios, sin importar el consiguiente aumento de la inseguridad y de la cantidad de residuos a gestionar”. En el mercado eléctrico español “una gran central nuclear produce al día en torno a un millón de euros de beneficios debido a que ya han amortizado los costes de construcción y a un sistema de precios injusto por el que estamos pagando la electricidad de origen nuclear a varias veces lo que le cuesta producirla: un robo a la ciudadanía”, se sentencia.
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