Izquierda Unida ya rechazaba públicamente días atrás los cambios introducidos por el Ministerio de Trabajo (con ‘su’ ministra de Sumar al frente, Yolanda Díaz) respecto al antiguo PER, el llamado Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), al considerar que “van a perjudicar gravemente” a los pequeños municipios. Queja a la que se suma ahora el Gobierno de PP y La Línea 100×100 en la Diputación gaditana. Se trata de subvenciones que suponen un alivio para municipios cuya economía está fuertemente ligada a la agricultura (solo Cádiz y San Fernando, en la provincia, no reciben ni un euro de este programa).
Esta modificación de la normativa conlleva, por un lado, que la vertiente del PFEA denominada de Empleo Estable, que subvenciona el Estado, pasa a ser de concurrencia competitiva en vez de atender a un criterio de reparto proporcional como hasta ahora.
Esto, sumado a que los ayuntamientos podrán presentar tres proyectos en lugar de uno, “dificultará la viabilidad del programa en muchos pueblos de la provincia que no cuentan con personal para redactar y gestionar los proyectos y es la Diputación, a través de un equipo técnico propio específico, quien les presta este servicio, que colapsaría al no poder asumir el triple de volumen de trabajo”, se alerta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz
De hecho, la labor que realiza la Diputación a través de este equipo técnico es “vital” para los pueblos. En este sentido, en la actualidad gestiona 95 de las 103 actuaciones de este programa en la provincia.
Por otro lado, los trabajadores del campo de los municipios con menos hectáreas de cultivo de la provincia también se verán afectados por la introducción de estos nuevos criterios, puesto que exigirán que la ratio de demandantes agrarios sobre la totalidad de los parados de dicha localidad supere el 10% para que el proyecto presentado obtenga puntuación para recibir la subvención. Este sistema, se entiende, “conducirá a que haya gaditanos que se vean discriminados por desarrollar su trabajo en un municipio en vez de en otro, lo que supone discriminar a los trabajadores del campo en función de dónde vivan”.
“LOS CAMBIOS ABRE UN CLIMA DE COMPETICIÓN INSANA ENTRE LOS PUEBLOS”
A colación, el diputado provincial de Cooperación, Javier Bello, lamenta que “los nuevos criterios que pretende incluir el Ministerio de Trabajo rompan con la participación proporcional de los municipios y deje en una situación muy comprometida a muchos trabajadores agrarios”. El escenario que se plantea para las siguientes ediciones del antiguo PER, entiende la derecha en el Gobierno provincial, “abriría además un clima de competición insana entre los pueblos por lograr que su proyecto sea subvencionado”.
Para intentar evitar que muchos ayuntamientos se queden fuera del programa, la Diputación de Cádiz avanza que va a solicitar de manera oficial al Gobierno de España que rectifique la orden ministerial y que los criterios “sigan atendiendo a la proporcionalidad según el número de trabajadores agrarios que tenga cada municipio”. “Y que de este modo Trabajo no siembre discordia entre los pueblos, ya que si los criterios que nos han hecho llegar finalmente son aprobados, cada alcalde o alcaldesa tendrá que luchar por hacer mejor proyecto que el pueblo vecino para optar a una subvención”, reitera el popular Bello.
Desde IU se añade que “este es un problema con el que se encuentran los municipios de todos los colores políticos”. Así, por su lado, se va a trasladar el asunto al grupo federal de Izquierda Unida, así como a la diputada en el Congreso de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño.
EL ESTADO APORTA MÁS DE 22 MILLONES
Hace unas semanas, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) celebró una jornada divulgativa en Cádiz para dar a conocer a alcaldes y representantes de los diferentes ayuntamientos estas novedades del PFEA en el ejercicio 2024-2025. El Estado destinará en esta ocasión 22,5 millones de euros a costear los salarios de los parados contratados temporalmente. A su vez, la Junta de Andalucía y la Diputación colaboran aportando fondos (el 30% restante del programa anual) para la compra de materiales, fundamentalmente.
La polémica novedad es que la concesión de subvenciones para proyectos generadores de empleo estable se realizará por el procedimiento de concurrencia competitiva. Además de excluir aquellos proyectos que no generen empleo estable, se limita a 300.000 euros el importe máximo a subvencionar de mano de obra por iniciativa, y a tres el número de proyectos a presentar por municipio beneficiario.
Para los proyectos de Garantía de Rentas se destina el 78% del total de estos fondos del PFEA, lo que se traduce en 17,5 millones, mientras que los proyectos de empleo estable representan el 22% restante del total de fondos asignados para Cádiz, casi 5 millones.
