Delegados sindicales de CSIF, UGT y CCOO se han concentrado este jueves frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz (como en otras provincias españolas) para reclamar básicamente incrementos salariales para los más de 80.000 funcionarios y empleados públicos de la provincia (unos 3,5 millones en todo el Estado).
Las tres organizaciones sindicales en la calle exigen al Gobierno central de PSOE y Sumar la reapertura inmediata de la mesa de negociación para garantizar subidas salariales, un incremento y mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo de los empleados públicos a nivel nacional.
Al respecto, calculan que se debe ya unos 51 millones de euros al conjunto de profesionales del sector público de la provincia gaditana por la congelación de sus nóminas en lo que va de año.
En vista de la “desidia” del Ministro de la Función Pública, Óscar López, al no atender las demandas, los sindicatos han iniciado un calendario de movilizaciones con estas concentraciones del 30 de octubre. Su desarrollo e intensificación en las próximas semanas y meses “depende de la voluntad y decisión del ministro socialista de negociar”. Incluso no se descarta ninguna acción o medida de presión, incluida la huelga general.
“REDISEÑAR UNAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DIMENSIONADAS AL ESTADO DEL BIENESTAR”
“Hay que recuperar y estabilizar empleo público, hay que dignificarlo, hay que garantizar la subida salarial de 2025 y recuperar poder adquisitivo, con un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo, y, sobre todo, hay que rediseñar unas administraciones públicas dimensionadas al Estado del Bienestar, accesibles a la ciudadanía, de calidad, que se conviertan en orgullo de las actuales y futuras generaciones de nuestro país”, coinciden CCOO, UGT y CSIF en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Al respecto, tienen claro que “esto no se consigue con parches o con políticas cortoplacistas. Se logra negociando con amplitud de miras y considerando a las organizaciones sindicales como agentes esenciales en la mejora de los servicios públicos”.
Estos sindicatos, que invitan a la ciudadanía a sumarse a su causa y “defender los servicios públicos”, han denunciado en reiteradas ocasiones que la falta de personal en la Administración, el envejecimiento de las plantillas o la desmotivación, se traduce en malestar para los usuarios, e incluso en “indignación social ante los fallos sanitarios, el deterioro de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios o las dificultades en el acceso a los trámites administrativos por poner solo algunos ejemplos”.
