El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) se personará en la causa abierta a la entidad tras la investigación de la Policía Nacional, culminada en estos días. En la misma (operación ‘Flama’), se ha investigado a 14 personas relacionadas con el Consorcio como presuntos autores de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios. La malversación del dinero procedente del erario público se ha estimado en un perjuicio económico por más de 7,5 millones.
Lo ha avanzado el presidente del Consorcio de Bomberos, Francisco Vaca, en una junta general urgente de la entidad celebrada este martes, a los consejeros y a los medios de comunicación y sindicatos presentes en la comparecencia.
En dicha reunión había un único tema en el orden del día: informar, por parte de la presidencia, de la investigación realizada por la Policía, siguiendo instrucciones del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. El Consorcio, en boca de Vaca, ha trasladado la confianza en la justicia y su intención inequívoca de colaborar en el proceso. El objetivo: “defender el servicio y a los que lo prestan y lo reciben cada día”, se remarca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
El actual presidente del CBPC ha detallado las acciones llevadas a cabo por el Consorcio de Bomberos desde que se recibe la primera solicitud de información por parte de la Policía Judicial, poco después de su toma de posesión, en diciembre de 2015 (la investigación parte de una denuncia en 2013 del Sindicato de Bomberos de Cádiz). Una semana después, decide paralizar la tramitación de cualquier tipo expediente relacionado con el seguro investigado hasta recibir una respuesta judicial. La paralización administrativa del plan coincide con la solicitud a la jueza para que se pronuncie sobre la medida. En enero del 2016 se remite la información solicitada al organismo policial y en los meses siguientes, siguiendo la evolución del proceso, se informa de la situación a los sindicatos, a los bomberos que se podían ver afectados por la paralización administrativa y a la plantilla a través de un escrito a todos los parques de la provincia.
Cuando la jueza determina la paralización de los casos relacionados con el plan de seguros investigado, ya el CBPC había tomado medidas al respecto aunque sí remite al juzgado y a su responsable información sobre los miembros del Consorcio que no cuentan con esté seguro. Entre ellos, los dos últimos presidentes del propio CBPC que no son beneficiarios del mismo. En mayo de 2016 se amplia el procedimiento y se solicita nueva información que es remitida a los organismos competentes. “La colaboración con la investigación ha sido, en todo momento, de colaboración y de confianza en la labor de la justicia”, se insiste.
Francisco Vaca ha resaltado la importancia de contar con la confianza de los ayuntamientos y de la Diputación, entes consorciados con el servicio de Bomberos. Los consejeros han solicitado información pertinente y el presidente se ha comprometido a que, después de personarse en la causa investigada, mantendrá a todos y cada uno de los consejeros y de los colectivos sociales implicados e interesados, al tanto del proceso que lleve a cabo la justicia. Preguntado y apoyado por los representantes de distintos ayuntamientos, se ha comprometido a, una vez personados en la causa, convocar una junta general informativa sobre este tema, junto al gabinete jurídico a finales de enero.
En esta comparecencia ha agradecido la confianza que mantienen ayuntamientos y Diputación con el Consorcio de Bomberos de. Destaca la importancia de mantener la confianza en el servicio de extinción de incendios, recuperar el prestigio de la institución y resaltar la profesionalidad de los bomberos gaditanos. En este punto han hecho hincapié varios de los consejeros. “Hay que recuperar el sitio que hemos perdido como referente y eso será posible gracias a la labor encomiable de los profesionales y a la creencia en un servicio que es cercano y vital para el ciudadano”, se apostilla.
