El servicio público de Patología Forense de Cádiz de la Junta está en “unas condiciones lamentables sin que la delegación del Gobierno haya adoptado ninguna medida para solucionar las graves deficiencias”. Lo denuncia CCOO. A raíz de las denuncias del comité, un técnico de Salud Laboral ha realizado una evaluación de urgencia que ha revelado múltiples deficiencias, de las que 17 requieren una subsanación inmediata.
El servicio público de Patología Forense de Cádiz de la Junta de Andalucía está en “unas condiciones lamentables sin que la delegación del Gobierno haya adoptado ninguna medida para solucionar las graves deficiencias”. Lo denuncia CCOO.
Delegados sindicales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de comisiones han estado en los locales de este servicio y han comprobado que las instalaciones “no reúnen los mínimos requisitos exigidos por la ley” y que los trabajadores “están descontentos por una política caótica en la gestión de los turnos de trabajo”.
Este servicio está compuesto por un jefe de Servicio, dos médicos forenses y cuatro auxiliares de autopsias, tres de ellos en Cádiz (en el tanatorio Servisa) y uno en Algeciras. Este servicio depende del Instituto de Medicina Legal de la consejería de Justicia e Interior, y se encarga de realizar las autopsias de toda la provincia gaditana
“Tan mal están las condiciones de trabajo y las instalaciones”, relatan desde CCOO en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, que, por denuncias de los trabajadores, y del comité de empresa, un técnico de Salud Laboral de la delegación territorial de Justicia “ha detectado múltiples deficiencias en una evaluación de urgencia”. De ellas, el técnico considera que 17 de estas “requieren que se subsanen de forma inmediata”. El comité de empresa viene exigiendo a la delegación que entregue a los representantes de los trabajadores este informe desde que se elaboró, “pero la Junta se niega”, se asegura.
Por otro lado, la misma ubicación del servicio de Autopsia, dentro de dependencias del tanatorio privado de Servisa, “contraviene el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria”. Esta norma exige que estos servicios estén ubicados en un edificio de uso exclusivo. El hecho de que se ubiquen en un edificio compartido provoca que “empleados del tanatorio, empleados del servicio Forense y otros usuarios utilicen los mismos ascensores que se emplean para trasladar los cadáveres hasta la sala de autopsia, lo cual, aparte de ser impresentable, puede conllevar riesgos graves para la salud por contagio”, indican desde comisiones.
También se ha constatado por delegados sindicales “graves deficiencias” en las herramientas más esenciales para desarrollar el trabajo forense, como grúas para mover los cuerpos o frigoríficos que permitan la custodia de restos: “es muy grave la deficiente estanqueidad de las conducciones de la mesa de autopsia, entre otras anomalías aun peores”, se concreta.
Por otro lado, el “caos” en la gestión del servicio del personal por parte de los directivos “está provocando que tan sólo un auxiliar tenga que trasladar y manipular cuerpos de cadáveres que llegan a pesar más de 100 kilos”. “Esta es una de las anomalías más llamativas de la gestión de personal, dado que la plantilla de auxiliares de Autopsia está compuesta por tres trabajadores”, explican desde CCOO.
Este sindicato termina suponiendo que el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, “ha estado muy ocupado en la renovación de su cargo”, pero, añade, “debe recibir a quienes vienen pidiendo desde el principio del verano una reunión para solucionar los graves problemas del servicio Forense y atender los derechos básicos de los trabajadores que prestan servicios en el mismo”.
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