Diferentes ayuntamientos gaditanos (que reúnen al 60% de la población de la provincia) han reprochado este martes a la Junta de Andalucía que “haya hecho oídos sordos” a la petición y los ofrecimientos de colaboración realizados días atrás, y haya convalidado en el Parlamento andaluz (con los votos de PP, Cs y la extrema derecha) el decreto ley del llamado plan AIRE “sin haber intentado dialogar o llegar a acuerdos con las administraciones locales”.
La Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo dice ser una actuación destinada a reactivar el empleo “con el objetivo de paliar los efectos del coronavirus”. Aunque populares y naranjas, socios de derechas en la administración autonómica, lo venden como algo extraordinario, en esencia es una reedición de los planes de empleo que se vienen convocando desde 2014, de ahí que el PSOE hable de “engaño” (es más, lo tilda de “plan humo”) que además supone menos inversión que en la última edición de 2018. A la provincia de Cádiz se reservan 34,1 millones (unos 12 menos), y de ellos, casi 18 millones se distribuyen para la contratación de parados de forma temporal en la Bahía.
Los gobiernos locales de Cádiz, Jerez, San Fernando, Chiclana, Puerto Real y Sanlúcar (todos con alcaldes socialistas salvo la capital, de Adelante) denuncian que el Ejecutivo andaluz siga adelante con esta iniciativa sin rectificar, sin analizar con los ayuntamientos los cambios que la propia Junta admite que va a introducir y sin tener en cuenta que van a dejar fuera al 60% de la población de la provincia gaditana, que no podrá disfrutar de los beneficios de estos planes de empleo porque las condiciones actuales son “inasumibles” por estos municipios.
De este modo, en la nota conjunta remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se remarca en principio que la Junta no ha suspendido o ampliado el plazo para remitir las solicitudes al plan AIRE, cuyo fin estaba previsto para el pasado 10 de julio: “de haberse producido esta ampliación solicitada y el diálogo con los gobiernos municipales podrían haberse estudiado opciones y posibles alternativas, como las modificaciones que el propio Ejecutivo autonómico está analizando”.
Finalmente, y sin haber obtenido ninguna respuesta a la petición, los ayuntamientos de las principales ciudades de la provincia en número de población han rechazado acogerse a la convocatoria (de los seis municipios, cinco están la Bahía, todos salvo El Puerto –donde cogobiernan PP y Cs- y Rota), o solo lo han hecho parcialmente (Algeciras –con alcalde popular-). Todos ellos representan casi el 60% de la población total en territorio gaditano.
Los gobiernos locales de estos municipios han insistido en que la Junta de derechas, con el aliento de la ultraderecha, “debe rectificar” esta convocatoria y “abrirse al diálogo” para introducir las mejoras solicitadas y ya elevadas a través de un informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En la misma línea, han recalcado que para reorientar esta iniciativa ofrecen colaboración, y han reiterado que el objetivo es cooperar para impulsar la creación de empleo “como prioridad de todos”.
Cádiz, Jerez, San Fernando, Chiclana, Puerto Real y Sanlúcar han puesto de relieve que, en las actuales circunstancias y a tenor de los efectos de la crisis del coronavirus, “las administraciones públicas están obligadas a tomar medidas extraordinarias que lleguen mucho más lejos, tengan más efectos sobre la creación de empleo y mejoren las que ya existían en anteriores anualidades”. Como han puesto de relieve, “no es de recibo que precisamente cuando las condiciones son más críticas se hayan empeorado las condiciones para poder aplicar estos planes de empleo en cada localidad”.
Estos ayuntamientos gaditanos ‘rebeldes’ se reunían días atrás en Jerez (también participaron representantes de Rota, Arcos y Trebujena) para amplificar sus reivindicaciones; pedían y piden a la Junta que asuma la totalidad de contrataciones del plan o flexibilice la convocatoria.
“AUTÉNTICA ABERRACIÓN”
“No se puede poner en marcha un plan de empleo a través de los ayuntamientos sabiendo que los contratos realizados deben disponer de un salario igual al del convenio que rija en ese Consistorio y, sin embargo, poner límite subvencionable en cada categoría profesional, lo que significa que tengan que compensar con recursos propios la parte que resta para satisfacer esa igualación salarial, además de los seguros sociales, algo insostenible, pues, algunos ayuntamientos tendrían que aportar casi los mismos recursos económicos que tienen asignados del plan AIRE, una auténtica aberración”, concretaba días atrás la secretaria general del PSOE provincial, Irene García, tachando de “una catástrofe administrativa las bases que regulan el nuevo plan de empleo”.
Para la también presidenta de la Diputación, es “un plan trampa que no da respuestas a la ciudadanía y que vuelve a ningunear a los alcaldes que han estado sosteniendo con recursos propios, a pesar de las dificultades, la lucha contra el coronavirus y ahora encuentran en la Junta, en vez de un aliado, una administración que les vuelve a dar la espalda en la peor situación”.
Me parece que es una guerra de egos que si derecha y el otro peor que es de izquierda y los malo malisimos de ultra derecha, todo mentira, no se preocupan de los parados y la mala situación económica solo se miran el ombligo y como llevar más razón que el otro. Mancha de falsos solo quieren llenarse el bolsillo . Los malos no son VOX ni PP, son todos los sinvergüenzas que hay en los ayuntamientos