A lo largo de todo el mes de marzo, como es habitual, se mantendrá abierto en Andalucía el proceso de escolarización y las familias tienen que solicitar plaza en colegios e institutos. Participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como privados-concertados, así como el alumnado que cambia de centro escolar.
La consejería de Educación de la Junta de Andalucía dice ofertar en la provincia de Cádiz para el próximo curso 2022/2023 un total de 171.550 plazas públicas (el 79,8% del total) y 43.540 concertadas (20,2%) en los 515 centros gaditanos sostenidos con fondos de todos los contribuyentes, unas “2.315 más que en el curso anterior”. Para el alumnado de 3 años en concreto se ofertan 12.450 plazas de nuevo ingreso, de las que el 78% corresponden a escuelas públicas.
Paralelamente, desde Ustea (que tiene en marcha la campaña ‘Si me dan a elegir, me quedo contigo. Elige la pública’). ya se lamenta que este proceso de escolarización arranca con la previsión de cierre de más de 200 aulas públicas en toda la comunidad autónoma. En este sentido, sin salir de la provincia, para el nuevo curso ya se sospechan recortes de aulas en el CEIP Al Ándalus de Chiclana y varios centros de Jerez como los colegios La Marquesa y Alfonso X el Sabio.
Hace unos días, CCOO alertaba de esta “grave pérdida” de unidades escolares en la provincia gaditana en las etapas de Infantil y Primaria que, durante los tres últimos años (coincidiendo con el actual gobierno de derechas en la Junta), “han supuesto un total de 400 unidades desaparecidas”. Lo que demuestra para este sindicato que la educación “no es, ni ha sido, una prioridad política”. Comisiones reflexiona que si bien es cierto que existe un claro descenso de la natalidad, “no menos cierto es que las ratios alumnado/unidad de nuestra comunidad, continúan siendo de las más altas del país en prácticamente todos los niveles educativos”.
A nivel andaluz, Ustea calcula que en los últimos tres cursos se han eliminado 1.181 clases de Infantil y Primaria, y alerta de que la actual política de Moreno Bonilla “tiene el punto de mira puesto en las supresiones de clases en Secundaria y Bachillerato, justificadas con el argumento de la bajada de la natalidad”. Eliminación de aulas que, se insiste, “son soportadas en exclusiva por la educación pública al estar las clases del modelo de enseñanza privada-concertada blindadas por la orden de conciertos durante un periodo de cuatro años, y evitar la sangría de cierre de unidades”. En los próximos días este sindicato va a iniciar una recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone una bajada de ratios, como alternativa.
PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
El procedimiento de escolarización abierto el 1 de marzo se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de la relación de puestos escolares vacantes (en general, Ustea denuncia que esta oferta inicial se basa en “una planificación a la baja, es decir el menor número de clases posible en cada centro y la ratio máxima permitida por la normativa en cada grupo”), así como de la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos y en aquellos casos en los que no se puedan atender todas las peticiones, se procederá a la baremación de las mismas.
Cada centro hará pública en su tablón de anuncios, hasta el 18 de abril, la relación de solicitantes con la puntuación asignada y, a partir de esa fecha, se abrirá un plazo de 10 días lectivos para la presentación de alegaciones. Si tras la aplicación de los criterios de baremación (hermanos en el centro, domicilio familiar o laboral, renta anual, discapacidad, familia numerosa o monoparental o con dos hijos, guardadores legales con actividad laboral remunerada, matrícula en el primer ciclo de Educación Infantil y expediente académico de Bachillerato) se producen empates, se aplicará el resultado del sorteo público que se celebrará el día 16 de mayo, una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes. La relación definitiva de alumnado admitido y no admitido saldrá el 17 de mayo.
A través del Portal de la Escolarización (AQUÍ), las familias tendrán acceso a la información sobre los centros docentes, enseñanzas y la oferta de servicios complementarios, así como la normativa reguladora y el impreso de solicitud, que se podrá presentar telemáticamente o bien en los propios colegios e institutos. Además, la aplicación APP iEscolariza permite realizar consultas de centros y de los puntos de baremo por domicilio. A través de este dispositivo las familias recibirán notificaciones gratuitas tanto del procedimiento como de su solicitud. Asimismo, según se concreta en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha habilitado un teléfono gratuito de información (900 848 000), en horario ininterrumpido de 8.00 a 19.00 horas.
En cuanto a los criterios de admisión que se aplican cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, “no hay ninguna novedad respecto al curso pasado”. Así, se otorgará 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar. También puntuará que el niño a escolarizar haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto y se siguen manteniendo los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo o hija con la finalidad de fomentar la escolarización en este etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo. Igualmente continúan los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas.
En los supuestos de prioridad en la admisión siguen el de representante del alumno que tenga su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen y desarrollan su carrera deportiva, por ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento familiar.
