Cerca de 400.000 familias de la provincia de Cádiz, gracias a las derechas y ultraderecha, se quedan sin el amparo de las medidas que habrían permitido aliviar la presión del alquiler y ganar estabilidad en un contexto de precios disparados y de avaricia y especulación sin límites. Como era esperable, el trío PP, Junts y Vox tumbó el martes en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley de vivienda.
Dicho Real Decreto-ley 8/2026 promovido por Sumar ofrecía medidas transitorias en el alquiler de vivienda, planteando medidas urgentes como la prórroga extraordinaria de los contratos durante dos años en zonas tensionadas, así como la contención de subidas abusivas, ofreciendo un balón de oxígeno a miles de hogares.
La diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, admite que “no era la solución definitiva, pero sí una herramienta real para que muchas familias pudieran seguir viviendo en sus casas sin miedo a no poder pagar el mes siguiente”.
Además, esta política gaditana apela directamente a los diputados del PP por la provincia: “me gustaría que explicasen por qué no están del lado de las familias que lo están pasando mal; y sí del lado de los fondos buitre y los grandes propietarios que siguen haciendo negocio con un derecho básico”.
“Mucha gente en Cádiz esperaba medidas como estas. Incluso votantes del PP saben que hay que poner límites al precio del alquiler y proteger a quienes no llegan a fin de mes. Pero han decidido votar en contra”, lamenta Gil de Reboleño.
“LOS PISOS QUE ERAN PARA VIVIR AHORA SON PARA ESPECULAR”
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, quien asume también una de las vicepresidencias en la Mesa del Congreso subraya que “en Cádiz ya no es que la vivienda esté cara, es que está imposible. Tú haces números: sueldo de 1.000 euros, alquiler de 900. ¿No comes? Efectivamente, no vives”.
Para la diputada gaditana, el problema de fondo es claro: “los pisos que eran para vivir ahora son para especular. Y mientras tanto, los vecinos están siendo expulsados de sus barrios”. Una realidad especialmente visible en la capital, “donde el auge de los apartamentos turísticos y la falta de regulación están reduciendo drásticamente la oferta de vivienda habitual”.
En este sentido, desde Sumar miran al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla, entendiendo que “la Junta y el PP miran para otro lado. Ni regulan, ni limitan, ni protegen. Se creen que cerrando unos pocos apartamentos turísticos van a solucionar un problema estructural”.
SE CONFIRMA LA “INSENSIBILIDAD” DE PP Y JUNTS
Días atrás más de 70 organizaciones y colectivos sociales gaditanos, entre los que se encuentran sindicatos, vecinales, feministas, ecologistas, movimientos sociales o asociaciones que trabajan con la problemática de la vivienda, a iniciativa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, registraron un escrito solicitando a los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y el PP su voto favorable a este decreto para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra ilegal de EEUU e Israel contra Irán, que incluye esas medidas sobre el alquiler.
“La sociedad civil no puede permanecer indiferente a que esta medida positiva para millones de personas sea tumbada en el Congreso por la insensibilidad del PP y Junts; se trata de un paso, urgente y necesario, en el camino de reconfigurar el mercado de la vivienda y del alquiler en España”, advertían entonces desde la Apdha. Pero su llamada de atención no ha servido para cambiar la estrategia destructiva de las derechas frente a cualquier medida planteada por el Gobierno liderado por Pedro Sánchez.
