La medida se enmarca en el paquete de iniciativas del Gobierno central frente al impacto en la mayoría social del encarecimiento de precios, asociado a la guerra en Ucrania. A la provincia han llegado ya más de 5 millones para ayudar a “aquellos que cuentan con rentas bajas y no se beneficiaban de anteriores normativas”.
La ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno de España para mitigar el impacto de la elevada inflación de los últimos meses asociado a la guerra en Ucrania ha llegado ya a 25.312 personas en la provincia de Cádiz: la Agencia Tributaria ha abonado algo más de 5 millones de euros por este concepto.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, subraya que los beneficiarios “son trabajadores, autónomos y desempleados”. La medida se enmarca en el paquete de iniciativas adoptadas para mitigar el impacto de la inflación, del encarecimiento de precios en la mayoría social del país, “aquellos que cuentan con rentas bajas y no se beneficiaban de las anteriores normativas”. En Andalucía cerca de 179.000 personas han accedido hasta ahora a estos 200 euros.
Los destinatarios de esta iniciativa aprobada por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos a finales de junio eran aquellos hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no superara los alrededor de 43.200 euros. El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectúa de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022.
Pensionistas y perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) estaban excluidos de esta ayuda por ser colectivos ya beneficiados de otras medidas aprobadas por el Gobierno, como el incremento de un 15% de las pensiones no contributivas y del IMV. Asimismo, los pensionistas tienen garantizado su poder adquisitivo con la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
El plazo para solicitar esta ayuda puntual concluyó el pasado 30 de septiembre y el decreto establece un margen hasta final de año, superado el cual el solicitante puede considerar denegada la solicitud si a esa fecha no ha recibido el pago.
