La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntos autores de los delitos de prostitución y explotación sexual, contra la salud pública y otro de falsedad documental; la operación ha finalizado con tres registros domiciliarios en El Puerto, San Fernando y Chiclana.
Los imputados ejercían la dirección y el control de una casa de citas ubicada en Valdelagrana, en El Puerto de Santa María, donde las víctimas vivían en situación de vulnerabilidad y en condiciones abusivas, obligándolas a estar disponibles las 24 horas del día para tener sexo y facilitar sustancias estupefacientes a los clientes.
Según relata la Policía en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la investigación se inicio en agosto de 2020 y durante todo este tiempo los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) han recabado pruebas incriminatorias sobre las personas encartadas.
Con todo ese trabajo, finalmente el pasado 9 de junio el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad autorizó la entrada y registro del prostíbulo, en Valdelagrana; en el domicilio habitual de la principal investigada en San Fernando; y en un chalet que disponía para su ocio personal en Chiclana.
En el momento de la entrada en la casa de citas estaba en el interior la controladora durmiendo en el salón y dos chicas extranjeras en la primera planta. En el registro se intervinieron documentación sobre ganancias, contabilidad, facturas, 4.100 euros en efectivo, 17 teléfonos móviles, y cocaína.
EMPRESA FICTICIA Y CONTROL TOTAL
La principal cabecilla de origen brasileño, pero nacionalizada española y residente en La Isla, alquiló una vivienda unifamiliar en Valdelagrana y con la ayuda de otra mujer que ejercía las labores de controladora, con un sueldo fijo al mes, emprendió un negocio “muy lucrativo” gracias a los beneficios de la prostitución ajena. A través de 15 líneas telefónicas ofrecían servicios sexuales en distintas páginas web. La ‘jefa’ estaba de alta con régimen especial de autónoma en una empresa ficticia de mensajería y reparto, incurriendo en un delito de falsedad documental además del correspondiente expediente sancionador por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Las chicas que ejercían la prostitución en la casa son extranjeras, algunas en situación irregular, se veían obligadas a realizar la actividad en condiciones abusivas tales como estar disponibles las 24 horas del día, no negarse a realizar ningún servicio, o acudir a domicilios de clientes u hoteles.
Además, el control por parte de la dueña del negocio era evidente, y junto con su empleada controladora, eran las que exclusivamente recepcionaban todas las llamadas cerrando las citas y precios con los clientes, pasando a dar instrucciones y ordenes a las chicas que ejercían la prostitución. A la finalización del servicio, el cliente pagaba siempre a la controladora, y cada cierto tiempo las investigadas entregaban un parte de las ganancias a las chicas, quienes además tenían que contribuir al pago del alquiler del chalet.
La controladora tenía instalada su cama en el salón de la vivienda para la apertura de la puerta a clientes y permitir el acceso a los dormitorios ubicados en la primera. En el salón también contaba con circuito de video vigilancia con cámaras que grababan a todas las personas que accedían, incluidas las que allí viven habitualmente; imágenes que también son visionadas directamente por la principal investigada.
La investigación se enmarca dentro del plan policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, una lacra que tiene como víctimas principales a personas que son traídas al Estado español mediante engaño, aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad y prometiéndoles trabajos dignos para, finalmente, ser obligadas bajo amenazas al ejercicio de la prostitución.
