Tras varias mesas de trabajo con la representante de los trabajadores de la empresa municipal de Vivienda del Ayuntamiento de El Puerto y de CCOO, con vistas a ejecutar un plan de viabilidad –en principio, se echará a la mitad de la plantilla-, en la convocada el día 21 se han realizado “importantes avances”, según la presidenta de Suvipuerto y concejala de Hacienda; que advierte de que estos despidos hay que ejecutarlos “de forma urgente”, ya que se podría poner en peligro la viabilidad de la empresa. De hecho, se ha fijado como límite los primeros días de febrero.
Tras varias mesas de trabajo mantenidas en los últimos días con la representante de los trabajadores de la empresa municipal de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento de El Puerto y de CCOO, con vistas a ejecutar un plan de viabilidad que implica despidos –en principio, la mitad de la plantilla-, en la convocada el miércoles día 21 se han realizado “importantes avances”, según la presidenta de Suvipuerto y concejala de Hacienda, Mariola Tocino.
Tocino ha recordado que “hace tan sólo 14 días” la empresa estaba prácticamente en liquidación –obligada por la ley, al cerrar el ejercicio de 2014 en números rojos- y que “gracias a la gestión del alcalde Alfonso Candón ante la Dirección General de Administraciones Locales y Autonómicas, “se ha conseguido que la empresa sobreviva siempre que se apliquen las medidas necesarias que garanticen su futuro”.
Se repite que el planteamiento que se trasladó a la directora general Rosana Navarro consistía en que, a pesar de la aplicación de la Ley de Racionalización, “con el trabajo realizado en esta nueva etapa se demostraba que la viabilidad de la empresa era posible aplicando las medidas que garanticen su futuro”.
Al respecto, presume la presidenta de la empresa municipal de que se han conseguido salvar siete puestos de trabajo –los otros siete trabajadores de la plantilla parece que irán a la calle- y una empresa que estaba en liquidación; además de garantizar el servicio que presta al Ayuntamiento de gestión del parque municipal de viviendas y del registro de demandantes.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Tocino señala que las negociaciones en los últimos días han ido encaminadas en primer lugar a fijar los criterios “para reducir la masa salarial hasta el 50%”, o sea, los despidos de la mitad de los trabajadores actuales. Por un lado se determina que la reducción de plantilla se ejecutará siguiendo criterios funcionales y objetivos. De este modo, se valora la función que desempeña cada trabajador en cada departamento y en caso de que coincida se da prioridad a la antigüedad; siempre por supuesto persiguiendo la óptima funcionalidad de la empresa.
En la mesa de negociación también se ha abordado la posibilidad de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de la plantilla, pero la edil del PP explica que ha sido descartada porque “sería un fracaso por la inoperatividad del día a día de la sociedad”. Sin embargo no se ha desestimado la opción de plantear esta regularización temporal en el departamento administrativo, que es el que más puestos de trabajo registra.
Estos despidos hay que ejecutarlos “cuanto antes, de forma urgente”, ya que sino se reduce la plantilla “los números se irán descuadrando cada día más y se podría poner en peligro la viabilidad de la empresa”. De hecho, se ha fijado como límite los primeros días de febrero.
Mariola Tocino ha añadido que siguiendo las instrucciones de Candón, también se está estudiando la opción de una mejora de las indemnizaciones en mayor cuantía que lo que establece la Ley a los trabajadores despedidos. Posibilidad que tendrá que ser sometida a la aprobación del Consejo de Administración.
Añade Tocino que aunque sobre la mesa se han expuesto nuevas encomiendas para que las gestione la empresa, se refieren a futuro y no pueden ser cuantificadas ahora para evitar la reducción de plantilla “ya que supondrían una ralentización del proceso que podría poner en peligro la viabilidad futura de Suvipuerto”. Aún así, cualquier nueva encomienda que pueda materializarse “supondría un nuevo balón de oxígeno y una inyección económica que contribuiría a abonar las nóminas y el pago a proveedores”. La concejala ha destacado que es muy importante regularizar la situación de la empresa para incrementar la línea de negocio y garantizar su futuro.
EL PA ASEGURA HABER TRABAJADO “PONIENDO ORDEN Y AL LADO DE LOS TRABAJADORES”
Por su lado, el PA, socio de Gobierno del PP en el Ayuntamiento, partido que hasta hace unos meses ostentaba la presidencia de la empresa, entiende igualmente que estos despidos “sin necesarios para salir adelante”, al tiempo que ha afirmado que “se tienen todavía que acabar de cerrar con la parte trabajadora”.
El portavoz andalucistas y alcaldable, Carlos Coronado, ha insistido en que “la negociación entre las partes sigue abierta, hay espacio para seguir evaluando la posibilidad de incoar un ERTE parcial que afectaría a la plantilla de administrativos”.
Con respecto a la reducción de la plantilla y a los criterios fijados, funcionalidad y antigüedad, ha señalado que “son criterios que se plantean en base a la sostenibilidad de la empresa”. En cualquier caso, los andalucistas han mostrado su apoyo a un incremento del mínimo establecido por ley a la hora de fijar las correspondientes indemnizaciones.
En otro sentido, Coronado ha querido precisar que “el PA ha estado al frente de la empresa municipal, donde tuvo que poner orden al inicio de la legislatura pasada (junio de 2007), ya que se había anunciado por parte del Gobierno saliente proceder al desahucio de la mayoría de los inquilinos, entre otros temas de calado como la gestión del registro de demandantes de vivienda pública”. Igualmente, ha manifestado que “siempre hemos estado al lado de los trabajadores, a quienes se les están pidiendo esfuerzos desde hace ya varios años, con medidas de ajuste y reducción de los costes salariales”.
“Se ha tenido que hacer frente a la crisis más dura y que ha desembocado en la caída más férrea del sector inmobiliario y financiero, por tanto en un escenario nada proclive para la supervivencia de las empresas del sector y mucho menos pública con el equilibrio presupuestario que marca la ley”, persiste en justificar el también concejal de Policía Local.
