La consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de El Puerto que inicie el expediente para la expropiación de las 26 viviendas de la barriada José Antonio que siguen siendo de titularidad privada. Con ello, se pretende poder culminar “cuanto antes” la operación de derribo de dicha promoción, con lo que desaparecerá una barriada construida en 1957, lastrada por el problema de la droga desde hace años y cuyas viviendas están muy deterioradas.
La barriada José Antonio, con 96 viviendas de titularidad privada, comenzó a demolerse al fin en diciembre del pasado año, una vez que la Junta se hizo con la titularidad de las 24 viviendas del primero de los cuatro edificios que conformaban la promoción. Los otros tres bloques, sin embargo, no podrán ser derribados hasta que la consejería se haya hecho con la propiedad de las 26 viviendas que, “por diversas circunstancias”, aún siguen siendo de sus titulares. Las otras 46 viviendas de esos tres edificios que siguen en pie ya han sido escrituradas a favor de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que está gestionando la intervención en este barrio.
La operación de derribo de esta problemática barriada es una de las actuaciones previstas en el acuerdo que firmaron en 2002 la Junta y el Ayuntamiento para intervenir en esta zona de la ciudad, muy deteriorada, con un plan especial de reforma interior, que contemplaba la construcción de 125 viviendas por parte de la administración regional y otras 65 por el Ayuntamiento en el ámbito conocido como Santa Clara, colindante con José Antonio (ambas promociones levantadas desde hace unos años). También se preveía en dicho acuerdo la reurbanización y reordenación viaria de la zona.
Los tres edificios que están pendientes de demolición se localizan en las calles Pasteur, Doctor Fleming y Cervantes, y están prácticamente abandonados. De las 72 viviendas repartidas en estos tres bloques, 46 han sido adquiridas por AVRA a sus propietarios por mutuo acuerdo. Sin embargo, las otras 26 siguen estando ocupadas por sus titulares, que no han aceptado la oferta recibida en su día de la Junta o están en trámites de herencias, y por familias que residen de forma ilegal. ·La inmensa mayoría de esas viviendas se utilizan para actividades ilícitas”, se remarca en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Ante esta situación, AVRA ha optado por la vía de la expropiación, solicitando al Ayuntamiento que proceda a tramitarla. El coste de este proceso, al que hará frente la propia Agencia, se estima en algo más de medio millón de euros.
Una vez que la Junta se haya hecho con la titularidad de las 26 viviendas pendientes, estará en condiciones de demoler esos tres edificios de José Antonio que aún siguen en pie.
