CSIF ha vuelto a poner el foco en la “insostenible situación de inseguridad” que se vive en Puerto III, en El Puerto de Santa María, “uno de los centros penitenciarios con más población reclusa de España, superando los 1.330 internos”. Y señala de forma directa a la “pasividad” de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) “ante el alarmante índice de agresiones, agravado por la masificación, la falta de efectivos y la entrada generalizada de sustancias prohibidas como la ‘droga de los papelitos’”.
Las dos últimas agresiones graves, sufridas por varios funcionarios de prisiones el 29 de mayo y el 4 de junio, fueron protagonizadas por el mismo interno. Hechos que “evidencian la sensación de total impunidad con la que actúan muchos reclusos en situación ilegal”, remarca este sindicato.
Y apostilla sobre estos casos que “al cumplir condena en prisiones españolas en lugar de tramitarse su extradición para cumplir la pena en sus países de origen, las agresiones apenas conllevan unos días de sanción en su expediente penitenciario, sin mayores consecuencias judiciales”.
A esta problemática se suma la insolvencia de la mayoría de los presos que causan estos incidentes, “lo que deja desprotegidos a los funcionarios ante la falta de indemnizaciones por los daños sufridos”.
A colación, CSIF recuerda en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que esta semana, el 11 de junio, se votará en el Congreso la consideración de los funcionarios de prisiones como agente de la autoridad, “una medida crucial que debe garantizar el principio de indemnidad para que la Administración asuma el pago de dichos daños”.
Igualmente, este sindicato insiste en calificar de “buenista” la política actual de Instituciones Penitenciarias, acusándola de “maquillar” las cifras de conflictividad en las prisiones para minimizar los actos violentos, evitando aplicar regímenes más severos (como el primer grado) a internos que son claramente reincidentes.
Asimismo, se denuncia una “deficiente clasificación interior” de la población reclusa. El incremento de internos reincidentes en módulos especialmente conflictivos y nocivos, sumado a los efectos de esa “droga de los papelitos”, está dinamitando la convivencia diaria “y complicando de forma extrema la labor de los trabajadores”.
Y ENCIMA FALTA PERSONAL
Por otro lado, CSIG subraya que la situación de personal en Puerto III “es crítica”: tras el reciente concurso de traslados se han perdido numerosos puestos de trabajo, una merma que coincide con el inicio del periodo estival y las vacaciones. A esto se añaden las bajas médicas de los compañeros agredidos la semana pasada.
Por todo ello, se insta formalmente tanto a la directora de la cárcel portuense como a la SGIIPP a adoptar medidas de inmediato. Entre ellas, la reducción de la población reclusa, la clasificación ordenada (“reubicando de manera eficiente a los internos reincidentes para no masificar los módulos más peligrosos”) y el refuerzo urgente de personal (“cubriendo las vacantes incorporando a funcionarios en prácticas o habilitando jornadas remuneradas de refuerzo durante el verano, garantizando la reposición de las bajas por agresión”).
CSIF concluye que Instituciones Penitenciarias “debe actuar ya por la seguridad de los trabajadores y del propio centro penitenciario”, evitando que el personal asuma un riesgo y una carga de trabajo “totalmente inasumibles”.
