El Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz ha reiterado una vez más a la administración que, tras los hechos acontecidos con la franquicia iDental y sus cierres inesperados y abandonos de clínicas dentales de bajos coste en todo el Estado -como es el caso del centro que tenía en El Puerto de Santa María-, se garanticen los derechos de los profesionales sanitarios y de los pacientes que pudieran verse afectados por esta situación.
Este colegio profesional, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha lamentado que de nuevo se repita lo que se dio hace unos años con cierres desordenados de clínicas dentales, afectando a cientos de pacientes. Por este motivo, reitera su “total rechazo” al modelo de negocio que siguen muchas cadenas dentales “que ven clientes en vez de pacientes y que anteponen el interés económico incluso por encima de la salud de los pacientes llegando a la mercantilización del sector”.
Al respecto, el Consejo General de Dentistas de España ya alertó a las autoridades españolas, concretamente a responsables del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y a representantes de los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado, sobre ciertas prácticas denunciadas por pacientes de la empresa iDental, y reclama a las instituciones que “tomen medidas urgentes” para evitar que siga aumentando el número de afectados por esta franquicia.
De este modo, el órgano de máxima representación de los dentistas españoles reafirma su compromiso y defensa de “una odontología ética y de calidad al servicio del ciudadano” al mismo tiempo que aboga por establecer una normativa que regule la publicidad sanitaria para evitar anuncios engañosos. De la misma forma, considera “absolutamente necesario” que el control de las clínicas dentales esté en manos de los profesionales “para evitar que haya especuladores en el sector que solo buscan sacar el mayor beneficio posible aún a costa de la salud de los pacientes”.
El Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz pone de manifiesto, una vez más, su política de “tolerancia cero” contra la publicidad sanitaria engañosa en el ejercicio profesional, y muestra su “total apoyo” a los numerosos pacientes afectados por dichos cierres imprevistos.
Cierres imprevistos de los que tiene triste experiencia este Colegio, ya que desde 2009 se ha producido el cierre inesperado de cuatro clínicas dentales en la provincia gaditana, que afectaron a unas 600 personas. En dichos casos, a través de un grupo de colegiados, coordinó desinteresadamente el examen buco-dental de los pacientes que lo solicitasen para delimitar qué parte de los tratamientos presupuestados estaban ejecutados y cuantificar el posible perjuicio económico ocasionado, para poder proceder a su reclamación por parte del paciente (o la representación legal que designase) con dicho respaldo documental.
Tras los últimos hechos, se ha anunciado que se habilitará una zona en la web corporativa (dentistascadiz.com) para facilitar una vez más información sobre esta iniciativa que se retomará para el caso del cierre de la clínica de iDental de El Puerto, con pacientes de toda la provincia.
Desde el Colegio de Dentistas se vuelve a advertir a la población del riesgo que supone pagar o financiar en su totalidad y por anticipado el coste de los tratamientos odontológicos, “algo que suele ser habitual en algunas cadenas o clínicas dentales”. La Organización Colegial de Dentistas de España pone de manifiesto que con este tipo de financiación, en caso de que –debido a circunstancias ajenas al paciente- el tratamiento no pudiera terminarse o llevarse a cabo, el afectado mantendrá una deuda económica con las financieras por un tratamiento que nunca llegará a recibir. “Lo recomendable sería abonar los importes correspondientes a los tratamientos que se hayan realizado, sobre todo, en caso de clínicas de ‘no facultativos’, sobre los que la organización colegial no puede ejercer su tarea de control”. Asimismo, recuerda que el dentista que le atienda “debe tener nombre, apellidos y número de colegiado”.
Esta misma semana, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha afirmado en la Comisión de Salud del Parlamento, que “los casos que se consideren que puedan ser susceptibles de un ilícito penal relacionado con los tipificados por estafa por parte de iDental, se remitirán a la Fiscalía para su valoración”. Igualmente, ha informado de que hasta finales de mayo, la Dirección General de Consumo ha registrado 1.291 reclamaciones. De ellas, 985 se presentaron en 2017 y 306 en los cinco primeros meses y medio de 2018. Hasta la fecha, también se han levantado 94 actas de inspección e iniciado 32 procedimientos sancionadores con clínicas dentales por varios motivos.
FACUA CONVOCA A UNA ASAMBLEA INFORMATIVA A LOS AFECTADOS
Por su lado, la asociación de consumidores Facua Cádiz ha convocado a una asamblea informativa a los afectados por el cierre de esta clínica en El Puerto, establecimiento que, al igual que el resto de los pertenecientes a esta firma en otros puntos del país ha “abandonado” a sus pacientes que tienen contratados servicios, y han sufrido la interrupción de sus tratamientos después de haberlos abonado, directamente o mediante la concertación de préstamos. A dicha irregularidad se añaden otras que socios de Facua han señalado en sus reclamaciones, como mala praxis por parte de los profesionales que los han atendido, la defectuosa prestación de los servicios, o la falta de una atención adecuada.
La asamblea informativa se desarrollará este lunes día 18 a partir de las 18.30 horas, en el salón de actos del Centro Cívico portuense. En dicho acto, responsables de Facua asesoraran a los afectados sobre las actuaciones que deben realizar en defensa de sus derechos, así como les expondrán las gestiones que la propia entidad está realizando.
Esta asociación recuerda que, tras la interrupción del servicio, los afectados tienen derecho a que se anule la financiación de sus tratamientos, si fueron contratados exclusivamente para ese fin. Los usuarios, por tanto, pueden reclamar a la clínica y a la entidad financiera para conseguir la paralización del crédito y la devolución del dinero abonado, si no obtienen soluciones para continuar los tratamientos.
Por otra parte, Facua ha solicitado una reunión con el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, a fin de conocer las actuaciones que en relación con este asunto tiene previsto efectuar dicha administración.
Mientras, CCOO ha denunciado a iDental por su mala gestión, que “ha sido la culpable de la situación que están viviendo, tanto los trabajadores (que llevan entre dos y tres meses sin percibir sus salarios, y sin la posibilidad de solicitar el desempleo, ya que se encuentran en una situación de indefensión porque la empresa no está dando la cara), como los usuarios de la clínica”.
