Hoy día hay registradas en El Puerto de Santa María 1.660 viviendas de uso turístico (VUT), lo que se traduce en el 3,5% del censo de viviendas del municipio, sin contar con los pisos turísticos ilegales.
Con estos datos sobre la mesa, y en plena temporada de verano, el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento ha anunciado que va a congelar la tramitación de más de estas licencias mientras diseña una nueva norma para regular el sector y refuerza la vigilancia “para perseguir a las que no están declaradas o incumplan las normas básicas de convivencia”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el Ejecutivo liderado por Germán Beardo añade que toma esta medida “por precaución”, ya que “aunque en la actualidad El Puerto es de los municipios turísticos de la provincia con menos VUT (en Conil se calcula que ya un 17% del total de viviendas está destinadas legalmente al turismo invasor, un 4,2% en la capital, o un 5% en Chiclana), se trabaja ya en la elaboración de una ordenanza para su regulación”. Además, desde el Consistorio se está elaborando un registro de viviendas de uso turístico de alta y la carga turística de cada zona.
“Se trata, por tanto, de una suspensión cautelar mientras el Ayuntamiento redacta la nueva normativa que las regule, para evitar la proliferación de este fenómeno que está ya afectando a otras ciudades”, se precisa.
Aunque para la derecha portuense, estos pisos turísticos en la ciudad “son necesarios ya que la capacidad hotelera no cubre la demanda”. Con todo, “se velará para que nunca vaya en detrimento de los residentes y sobre todo para contar con recursos para atender a las denuncias de personas que puedan estar realizando esta actividad de manera ilegal, tanto incoadas por el propio Ayuntamiento como por los ciudadanos”.
LOS PISOS TURÍSTICOS ILEGALES SE ENFRENTAN A MULTAS DE HASTA 150.000 EUROS
En este sentido, y siguiendo los movimientos del Ayuntamiento de Cádiz (también del PP, obligado tras la presión ciudadana: hace unas semanas salían a la calle cientos de vecinos hartos de la turistificación que les deja sin casa), el Consistorio portuense dice estar preparando un plan de choque con inspecciones y sanciones “que desactive las viviendas irregulares”, la creación de un registro público de apartamentos “con el certificado de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento” y la aprobación de una ordenanza que regule este tipo de alojamientos, “con licencias limitadas en el número y en el tiempo, con topes de carga turística”.
A colación, se recuerda que las VUT que no están de alta en el Registro de Turismo de Andalucía no pueden ofrecerse en portales especializados en alquiler vacacional, y sus propietarios pueden ser multados con hasta 18.000 euros al ser una falta grave, o, en caso de ser reincidente, con hasta 150.000 euros.
Por tanto, se aunarán “esfuerzos” con la Junta de Andalucía a través de la firma de un convenio y la creación de una comisión de seguimiento conjunta “para velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para ejercer la actividad”. Igualmente, facilitarán el intercambio de información con otras administraciones o con entidades privadas “para mejorar la coordinación y garantizar un adecuado desarrollo de la actividad de alojamiento en viviendas de uso turístico”.
Pero hay más: la concejala de Turismo, Olga de Navas, afirma que tiene intención de reunirse con propietarios de estas viviendas “para que sean conscientes de las obligaciones que tienen, como la de ofrecer información turística de la ciudad o los límites que plantea la ordenanza de convivencia, que puede suponer importantes sanciones a los incívicos”.
