“No hay un sólo informe por escrito que certifique el cumplimiento de los servicios contratados con las principales contratas del Ayuntamiento de El Puerto, y sin embargo cobran por esos servicios no constatados la ingente cantidad de casi 24 millones de euros anuales del presupuesto municipal”. Lo denuncia Ecologistas en Acción, que igualmente ha trasladado la situación a la Intervención municipal insistiendo en que “no se realiza las preceptivas inspecciones a las concesionarias, y sin embargo se les paga puntualmente”.
Y es que “ante la evidencia” de que en algunas de estas multinacionales no están cumpliendo con el pliego de condiciones respectivos, el pasado mes de septiembre Ecologistas dirigió un escrito al alcalde, Germán Beardo, solicitando los informes de inspección municipal realizados en los últimos años sobre los siguientes servicios privatizados: la recogida de basuras y limpieza viaria (a cargo de FCC); la gestión integral del paisaje urbano (que explota Urbaser); el Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza (responsabilidad de FCC); y Apemsa.
En un primer momento, la respuesta recibida por parte del Gobierno local de PP y Cs requería un plazo extra para recopilar esa información tan “voluminosa y compleja”. Y la siguiente es todavía “más sorprendente”, a decir de la asociación verde: “en la actualidad no se realizan informes de inspección municipal como tal sobre las contratas. Las inspecciones que se realizan sobre las mismas son de carácter presencial en las instalaciones de las empresas y, en su caso, en la vía pública donde llevan a cabo sus actuaciones, así como de carácter administrativo. Dichas inspecciones pueden dar lugar, según el caso, desde los servicios competentes al dictado de instrucciones y órdenes verbales o por vía telemática”.
Sin embargo, Ecologistas subraya en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que, una vez revisados los pliegos que fijan las condiciones que deben regir la ejecución de los diferentes contratos firmados por las empresas adjudicatarias, “hemos podido constatar que es obligación del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible designar a la inspección municipal que velará por el adecuado control del cumplimiento de las prestaciones convenidas en el contrato”. “No consta que esas inspecciones y verificaciones se estén realizando en las contratas mencionadas”, se evidencia.
En el caso del contrato con Aqualia, la inspección y control de servicio del ciclo integral del agua que presta al Ayuntamiento corresponde a la concejalía de Mantenimiento Urbano, mientras el control medioambiental de la depuradora es competencia de Medio Ambiente. “Consta sólo un acta de inspección del Jefe de Servicio de Infraestructuras, de febrero de 2017, que detectó tres incumplimientos graves y cuatro muy graves; el Ayuntamiento incoó ocho expedientes sancionadores, que se dejaron caducar. No constan informes de seguimiento del funcionamiento de la EDAR Las Galeras por parte de Medio Ambiente, a pesar de las numerosas denuncias presentadas por Ecologistas en Acción”, se relata.
SE ESTÁ VULNERANDO LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Este colectivo añade que los pagos a empresas por obras y servicios de los que no se comprueban su ejecución, vulnera la Ley de Contratos del Sector Público, que determina que “la administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados”, y que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la administración, la totalidad de la prestación”.
Ante la “gravedad del hecho” de que el Consistorio portuense venga pagando a empresas adjudicatarias de servicios municipales más de 23,9 millones de euros cada año, “sin verificar el cumplimiento de lo contratado”, se ha solicitado a la Interventora información sobre si ha solicitado a los servicios municipales correspondientes los informes de inspección que certifiquen el cumplimiento de dichos contratos, así como los mecanismos de que dispone para comprobar el cumplimiento de los mismos con anterioridad a la realización de los pagos correspondientes.
“Entendemos que el alcalde debe dar explicaciones públicas ante este uso descontrolado de dinero público, y por la falta de verificación de los contratos municipales que pagamos toda la población”, sentencian desde Ecologistas en Acción.
