Si se termina por anular el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana (aprobado a finales de 2016), “no será por falta de advertencias”, vuelven a apuntar desde Toniza-Ecologistas en Acción, intuyendo que la sentencia “está al caer” (interpuso recurso en 2017 contra su aprobación y fue admitido por el TSJA).
Este colectivo repara en el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anulando la resolución de aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Minera Las Cruces (Sevilla); y es que “pone en cuestión la legalidad del PGOU chiclanero, ya que la tramitación y la vulneración del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) han sido similares”.
En este caso, al igual que se hizo con el Plan General hoy día vigente en Chiclana (y del que depende, entre otras cosas, la regularización de miles de viviendas ilegales del extrarradio), la Junta de Andalucía “dictó una resolución, acordando la sujeción, es decir, la equivalencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con que ya contaba el procedimiento de elaboración del Plan, a las normas de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”.
Sin embargo, el Tribunal, tras analizar los requisitos de una EAE impuestos por la legislación estatal y el Derecho Comunitario, concluye que “la administración había elaborado únicamente un Estudio de Impacto Ambiental y no puede convertirlo en otro Ambiental Estratégico, ni siquiera añadiendo los trámites omitidos porque los realizados no son equiparables”. Se trata, añade, de técnicas distintas, de distinta naturaleza, que persiguen fines distintos y están sometidos a regímenes y procedimientos distintos. “Por eso, no son intercambiables, como han pretendido, tanto la Junta como el Ayuntamiento”.
Hay ya jurisprudencia abundante y consolidada del Tribunal Supremo en este sentido, afirman desde Toniza. La novedad de esta sentencia es que “es la primera vez que el TSJA entra en el detalle y análisis del contenido de una EAE obtenida por este procedimiento de sujeción a un EIA”.
“Este trámite de homologación fraudulento de un EIA a la EAE –se insiste- es sustancialmente idéntico al que se hizo en Chiclana en 2015. La diferencia no es baladí. En el proceso de EAE hay que partir de consultas a la ciudadanía, justificar las necesidades de la ciudad (viviendas, equipamientos, infraestructuras…) y analizar alternativas a su ubicación. En Chiclana se presentó un PGOU ya elaborado con crecimientos urbanísticos injustificados (17.190 nuevas viviendas con una población, prácticamente, estabilizada), y se aprobó, en un claro alarde de especulación urbanística”.
¿PARA CUÁNDO UN PLAN B?
Este colectivo verde recuerda que en 2014 ya notificó a la entonces concejala de Urbanismo la ausencia de la mencionada EAE. “De nada sirvió”, y ante ello presentó recurso ante la Junta y el Ayuntamiento: “a ambas administraciones les pedimos a finales de 2015 que archivaran las actuaciones del PGOU de Chiclana, poniendo fin al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y se inicie un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica”, pero “no contestaron”.
Además, se intervino en el pleno “y otras tantas ocasiones advertimos al alcalde, José María Román, de la ilegalidad en que se estaba incurriendo”. Sin embargo, se asegura, “por expresa indicación de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio siguió adelante”.
“También le pedimos que iniciara como plan B la tramitación de un nuevo PGOU, ajustado a las previsiones de la legislación de EAE de planes. Si se hubiera hecho, ya contaríamos con un instrumento de planeamiento completo, acorde a las actuales necesidades de Chiclana, ambientalmente más sostenible, y con toda la seguridad jurídica que impidiera una cuarta anulación judicial del PGOU”. Sin embargo, “cada día son más las evidencias y la contundencia de las pruebas que advierten de que este PGOU, guste o no, tiene los días contados”. Y las consecuencias de su anulación, “serían demoledoras”.
De este modo, desde Toniza se insiste en que “aunque tarde, el Ayuntamiento, con el apoyo de todos sus concejales, debería poner en marcha ese plan B. No se puede seguir perdiendo el tiempo. Ya hemos malgastado más de cinco años inútilmente desde que advertimos de la ilegalidad en la tramitación del PGOU”.
Esta asociación no pide ahora “dimisiones, ni que den un paso atrás los responsables, ni políticos, ni asesores jurídicos, ni personal de la empresa encargada de la formulación del Plan General. Ahora no. Ya habrá tiempo para ello. Pero no somos ingenuos. Sabemos que los intereses de nuestros representantes políticos no siempre coinciden con los de la ciudad. Y menos aún teniendo cerca una campaña electoral, pero creemos que a la ciudadanía no nos vale que agachen la cabeza y tiren para adelante. No nos vale ya, de anular el PGOU el TSJA, la estrategia dilatoria del recurso al Supremo. Sería otra vez tirar a la basura dinero público, sería mal disponer del trabajo y esfuerzo de los empleados municipales, sería perder el tiempo inútilmente, sería hacer nuevamente el ridículo urbanístico, etc.”.
“Nuestros representantes, de todos los partidos políticos, deberían, al margen de la contienda electoral, ponerse de acuerdo en ese plan B urbanístico. Cuanto antes se afronten los problemas, antes hallaremos las soluciones”, se sentencia.
