El hartazgo contra el menudeo que resurgía meses atrás en el barrio de Santa María de Cádiz, se ha trasladado en las últimas semanas al barrio del Cerro del Moro: vecinos llevan ya más de una semana realizando turnos durante las 24 horas del día para denunciar y tratar de impedir que la venta de droga y los problemas asociados a ella se extiendan por su entorno.
“No podemos normalizar que unos vecinos tengan que organizarse para proteger su propio barrio. Llevan días haciendo guardias, día y noche, mientras siguen sin recibir una respuesta clara por parte del Ayuntamiento”, lamentan desde Adelante Izquierda Gaditana en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Sus concejalas Helena Fernández y Vanessa Sibón han visitado el Cerro del Moro para conocer de primera mano la situación. Al respecto, la portavoz adjunta de la coalición izquierdista ha mostrado su respaldo a la movilización vecinal y ha reclamado al Gobierno de Bruno García una respuesta “inmediata y contundente” ante una situación que, según han trasladado los propios residentes, “está generando conflictos, peleas y una creciente preocupación, especialmente por la presencia de jóvenes y menores en las calles del barrio”.
Una de las principales demandas tiene que ver con la intervención de la empresa municipal de vivienda en determinados pisos de su propiedad. Consideran necesario que Procasa actúe sobre estas viviendas y adopte las medidas necesarias para evitar que puedan convertirse en focos de conflictos y actividades relacionadas con el trapicheo de drogas.
Junto a esta actuación, los vecinos y vecinas reclaman una mayor presencia policial y, especialmente, una patrulla permanente o con una presencia continuada, como ya sucede en otras zonas de la capital. Según han explicado a las representantes de AIG, los agentes acuden al barrio, “pero en ocasiones la presencia se limita a periodos muy concretos, sin garantizar una protección continuada”. “No sirve de mucho que una patrulla esté un rato y después se marche si el problema continúa cuando deja de estar allí”, subraya Fernández.
“ESTÁN DEFENDIENDO SU BARRIO, SUS CALLES Y A SUS HIJOS”
Considera esta formación de la oposición que la falta de una actuación “decidida” puede provocar que el problema se expanda hacia otras calles y termine consolidando otra vez este barrio de extramuros como punto de venta de droga. “Están defendiendo su barrio, sus calles y, sobre todo, a sus hijos, a sus hijas y a sus jóvenes. Y no pueden hacerlo solos”, se recalca.
Desde AIG también han mostrado su preocupación por la falta de respuestas concretas a las reivindicaciones vecinales por parte del Consistorio: “han pasado ya diez días. Diez días de turnos de 24 horas, diez días de vecinos haciendo el trabajo que debería corresponder a las administraciones: vigilar, alertar y proteger su barrio. Mientras tanto, seguimos sin una respuesta clara”.
Helena Fernández sentencia que el Cerro del Moro necesita una “respuesta integral”, que combine seguridad, intervención sobre las viviendas públicas y políticas sociales, “y que permita a los vecinos recuperar la tranquilidad y el derecho a vivir en sus calles sin miedo”.
El hartazgo contra el menudeo que resurgía meses atrás en el barrio de Santa María de Cádiz, se ha trasladado en las últimas semanas al barrio del Cerro del Moro: vecinos llevan ya más de una semana realizando turnos durante las 24 horas del día para denunciar y tratar de impedir que la venta de droga y los problemas asociados a ella se extiendan por su entorno.
“No podemos normalizar que unos vecinos tengan que organizarse para proteger su propio barrio. Llevan días haciendo guardias, día y noche, mientras siguen sin recibir una respuesta clara por parte del Ayuntamiento”, lamentan desde Adelante Izquierda Gaditana en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Sus concejalas Helena Fernández y Vanessa Sibón han visitado el Cerro del Moro para conocer de primera mano la situación. Al respecto, la portavoz adjunta de la coalición izquierdista ha mostrado su respaldo a la movilización vecinal y ha reclamado al Gobierno de Bruno García una respuesta “inmediata y contundente” ante una situación que, según han trasladado los propios residentes, “está generando conflictos, peleas y una creciente preocupación, especialmente por la presencia de jóvenes y menores en las calles del barrio”.
Una de las principales demandas tiene que ver con la intervención de la empresa municipal de vivienda en determinados pisos de su propiedad. Consideran necesario que Procasa actúe sobre estas viviendas y adopte las medidas necesarias para evitar que puedan convertirse en focos de conflictos y actividades relacionadas con el trapicheo de drogas.
Junto a esta actuación, los vecinos y vecinas reclaman una mayor presencia policial y, especialmente, una patrulla permanente o con una presencia continuada, como ya sucede en otras zonas de la capital. Según han explicado a las representantes de AIG, los agentes acuden al barrio, “pero en ocasiones la presencia se limita a periodos muy concretos, sin garantizar una protección continuada”. “No sirve de mucho que una patrulla esté un rato y después se marche si el problema continúa cuando deja de estar allí”, subraya Fernández.
“ESTÁN DEFENDIENDO SU BARRIO, SUS CALLES Y A SUS HIJOS”
Considera esta formación de la oposición que la falta de una actuación “decidida” puede provocar que el problema se expanda hacia otras calles y termine consolidando otra vez este barrio de extramuros como punto de venta de droga. “Están defendiendo su barrio, sus calles y, sobre todo, a sus hijos, a sus hijas y a sus jóvenes. Y no pueden hacerlo solos”, se recalca.
Desde AIG también han mostrado su preocupación por la falta de respuestas concretas a las reivindicaciones vecinales por parte del Consistorio: “han pasado ya diez días. Diez días de turnos de 24 horas, diez días de vecinos haciendo el trabajo que debería corresponder a las administraciones: vigilar, alertar y proteger su barrio. Mientras tanto, seguimos sin una respuesta clara”.
Helena Fernández sentencia que el Cerro del Moro necesita una “respuesta integral”, que combine seguridad, intervención sobre las viviendas públicas y políticas sociales, “y que permita a los vecinos recuperar la tranquilidad y el derecho a vivir en sus calles sin miedo”.
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