El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado la primera Junta de Gobierno Local del nuevo mandato 2023-2027, y el Ejecutivo del PP con Bruno García al frente, más allá de formalizar los decretos de Alcaldía que vienen a configurar y formalizar la composición del equipo de Gobierno presentado a principios de semana (estructurado en seis áreas y más de 40 concejalías), ha dado cuenta de sus primeras medidas de gestión.
Por un lado, se destaca que desde este lunes 26 se activará un nuevo plan de choque de limpieza, que se alargará hasta el 3 de septiembre. La derecha dice cumplir así con una de sus promesas en campaña electoral. Aunque también es verdad que desde mediados de marzo, el anterior Gobierno izquierdista liderado por José María González ‘Kichi’, también tenía en marcha otro plan casi similar de tres meses, que acababa ahora, alcanzando todos los barrios de la capital.
En ambos casos, este refuerzo temporal de la limpieza es posible gracias a que en febrero al fin se lograba reemplazar a la caduca contrata de basuras, tras un problemático y eternizado proceso de adjudicación del servicio, adjudicado finalmente a Valoriza por diez años, con un coste total de 148 millones de euros (casi 164 millones, con IVA, prácticamente lo mismo que ya se estaba pagando a la anterior UTE Sufi-Cointer).
“ES UN PLAN DINÁMICO Y ESTARÁ EN CONTINUA EVALUACIÓN”
A decir de Bruno García, que en sus primeros días como alcalde se ha hecho ya varias fotos supervisando en la calle las labores de limpieza, con este plan de choque que supone un refuerzo de 15 trabajadores de lunes a domingo (aparte de la plantilla habitual) y un incremento de 450 jornadas mensuales, se persigue: conseguir el baldeo semanal, como mínimo, de todos los barrios; establecer un equipo de limpieza de puntos negros; el baldeo diario del paseo marítimo; un incremento del repaso de barrido y limpieza de papeleras en turno de tarde en las zonas de mayor afluencia; y un incremento de la frecuencia de desbroce de solares y parcelas, o de la eliminación de pintadas.
“Es un plan de choque es dinámico y estará en continua evaluación para ir moviendo recursos a puntos y tareas que puedan ir necesitándolo y el coste es cero porque se usa parte de la bolsa de jornadas especiales que contempla el pliego”, ha precisado el primer edil popular, quien considera que “es el mejor momento para activar este plan por la situación de la ciudad en limpieza, que no es la adecuada, y por la llegada del verano”.
EL PAGO DE LOS ALQUILERES SOCIALES
En esta misma Junta de Gobierno Local, García ha dado cuenta de otro decreto de Alcaldía con el que quiere obligar al propio Ayuntamiento a que el pago de los alquileres sociales se abone antes del día 5 de cada mes.
Ha incidido en que era otro de sus compromisos electorales: “quería que mi primera medida oficial como alcalde fuera garantizar que los alquileres sociales no serán desatendidos. Vamos a ser el Gobierno que más invierta en lo social porque tenemos la determinación de proteger y mejorar la vida de los gaditanos”.
Esta medida se aprobó en marzo de 2014, cuando todavía era alcaldesa Teófila Martínez (y el propio Bruno García era uno de sus concejales), para tratar de garantizar que no se desahuciara por impagos a familias que tenían concedidas estas ayudas municipales al alquiler, pero el PP entiende que en los últimos años no se estaba cumpliendo.
Sin embargo, no ha tardado en replicar Adelante Izquierda Gaditana (formación heredera de la coalición que ha estado gobernando los últimos ocho años) que el Ayuntamiento de Cádiz “lleva años pagando ayudas sociales antes del día 5 de cada mes”.
En este sentido, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala Helena Fernández (en el último mandato al frente de Asuntos Sociales) pide al nuevo alcalde que sea “más riguroso y preciso en sus afirmaciones para no caer en errores y falsedades”.
“Salvo algún caso muy puntual”, el Ayuntamiento siempre ha abonado las ayudas sociales concedidas antes del día 5 de cada mes y, además, ya se venían abonando determinadas ayudas directamente a propietarios de viviendas arrendadas a personas en situación de vulnerabilidad -siempre que existiera una autorización directa por la persona beneficiaria-. Por tanto, “esta medida anunciada por Bruno García no es ninguna novedad”, remarca esta edil izquierdista; y recalca que “jamás se ha producido un desahucio por un impago municipal, si el nuevo alcalde ha dicho eso, directamente miente”.
Para Fernández, “básicamente se ha anunciado lo que ya se viene haciendo desde hace años en la delegación con una metodología ágil, dinámica y que ha situado a la ciudad como referencia nacional en la inversión social por habitante”, afirma. No en vano, Cádiz lleva siendo varios años la segunda capital de provincia española en inversión social por habitante.
CIUDAD CARDIOPROTEGIDA
Y el tercer punto relevante que sale de la primera Junta de Gobierno Local del mandato es que, cumpliendo el compromiso adoptado con la Asociación Trébol de Corazones de afectados por enfermedades y accidentes cardiacos, el primer edil ha dado las indicaciones oportunas “para que, con carácter de urgencia, se instalen en la vía pública dos desfibriladores que la citada entidad había donado a este Ayuntamiento”.
Irán colocado en la plaza de la Catedral y la calle Ancha: puntos estratégicos de gran afluencia de personas. “La idea es hacer de Cádiz una ciudad cardioprotegida”, reiteraba García.
