La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a dar de alta de oficio, y con cuatro años hacia atrás, a un fotógrafo que desde 1998 ha venido desempeñando su labor en el Ayuntamiento de Cádiz. Desde Autonomía Obrera denuncian que el Consistorio “esquivando una relación laboral directa y haciendo un uso fraudulento de la figura del autónomo, ha tenido una disponibilidad laboral de esta persona”. Debe abonar además más de 61.600 euros a la Seguridad Social por cuatro años de cotización, y la correspondiente multa.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a dar de alta de oficio en el régimen general a un fotógrafo que durante 16 años, desde 1998, ha venido desempeñando su labor en el Ayuntamiento de Cádiz.
Desde Autonomía Obrera denuncian que el Consistorio “esquivando una relación laboral directa con el trabajador y haciendo un uso fraudulento de la figura del autónomo, ha tenido una disponibilidad laboral de este trabajador durante más de 12 años, recibiendo las órdenes directas a través del gabinete municipal de prensa, el cual se apropiaba del trabajo realizado”.
La resolución de Inspección de Trabajo, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, obliga al Ayuntamiento de la capital a regularizar la situación de este trabajador que pasa a formar parte de la plantilla municipal. La Tesorería, a requerimiento de la Inspección, ha procedido a dar de alta de oficio bajo la modalidad contractual de laboral indefinido y con cuatro años hacia atrás, siendo la fecha de alta del 28 de mayo la que legalmente se establece con carácter retroactivo.
Este alta de oficio conlleva, además, un acta de liquidación de esos cuatro años a la Seguridad Social. De este modo, el Consistorio debe abonar más de 61.600 euros, además de la correspondiente sanción impuesta, tipificada como grave.
Autonomía Obrera explica que en la Inspección de Trabajo, en dos reuniones mantenidas, “el Ayuntamiento fue incapaz de presentar alguna documentación que acreditase la vinculación mercantil ni contrato alguno del servicio, ni con el propio Ayuntamiento ni con la sociedad Cádiz Conecta, dichos argumentos fueron defendidos verbalmente, o sea, lamentables”.
Este sindicato, que presentó la denuncia, señala que “por escrito, documentamos y presentamos todas las pruebas de existencia de una relación laboral de trabajo encubierta entre el Ayuntamiento y dicho fotógrafo”.
“A día de hoy, y obligado de oficio por Inspección, dicho trabajador pasa a ser de la plantilla municipal. Esperamos –agregan desde Autonomía Obrera- que el equipo de Gobierno asuma sus errores y respete las resoluciones y no intente mediante artimañas, desprenderse del trabajador. Entendemos que este asunto es de suma gravedad y hay responsabilidades técnicas y políticas. No entendemos, sobre todo cuando el fotógrafo tenía una disponibilidad permanente al Ayuntamiento y cuyos reportajes fotográficos han sido principalmente a la alcaldesa, que nadie del equipo de Gobierno supiera la irregularidad laboral que se estaba cometiendo”.
