El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz celebraba el pasado marzo un juicio ante la denuncia por supuestos insultos y amenazas presentada por la directora del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, Sira Morales, contra Antonio Vergara, activista de la Marea Blanca Gaditana, en el contexto de las protestas frente al desmantelamiento de la sanidad pública.
Y se le condenó por un delito leve de coacciones a una pena de tres meses de multa con una cuota diaria de 10 euros (900 euros en total), además de las costas del proceso.
En su momento, este médico jubilado ya anunció que recurriría, arropado por colectivos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos que coincidieron en señalar el “burdo intento” del Gobierno andaluz del PP de “acallar una de las voces más reputadas de la sociedad civil en materia de defensa del sistema público sanitario”.
Ahora, atendiendo dicho recurso, la Audiencia Provincial de Cádiz le ha dado la razón a Vergara. Según la sentencia por la que se absuelve al portavoz de la Marea Blanca, queda acreditado que los hechos sucedidos en junio de 2024 “no pueden ser considerados como un enfrentamiento por cuestiones personales, sino que se trató de una controversia entre un cargo público y un miembro de un colectivo afectado por el ejercicio de dicha función, que se acogía a su derecho a manifestar públicamente su malestar”.
SE EXIGEN DISCULPAS Y EL CESE DE LA DENUNCIANTE
Al conocerse el primer fallo ahora rectificado, la delegación territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, con la derechista Eva Pajares al frente, mostró su satisfacción por la condena, argumentando que “los episodios de violencia en el ámbito sanitario pueden ser castigados, independientemente de su condición, agresión física, amenaza o insulto”.
Siguiendo el argumentario de la misma consejera de Salud, Rocío Hernández, la interpretación de la delegación territorial es que esta denuncia de la gerente del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, colocada a dedo tras ser rescatada por el PP del negocio de la medicina privada (anteriormente era directora médica en un hospital en el Campo de Gibraltar de la empresa Quirón), “procede de una profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se ha sentido agredida en su lugar de trabajo, como cualquier otra, de cualquier categoría, de un hospital o centro de salud”.
Frente a ello, una vez ratificada la absolución, Facua exige a la consejera que se disculpe públicamente ante Antonio Vergara “al equiparar su actuación con las agresiones que vienen recibiendo profesionales de SAS por parte de usuarios”, y que cese de forma inmediata a dicha gerente.
A juicio de esta asociación de consumidores (cuyos representantes estuvieron presentes en aquella reunión en la que irrumpió Vergara), las declaraciones de Rocío Hernández, secundadas por Pajares, “no sólo supusieron una falta de respeto a la figura de un médico que lleva años batallando en defensa de la sanidad pública, sino que, además, suponen un insulto para aquellos profesionales del SAS que han padecido realmente episodios de violencia en el ejercicio de sus trabajos”.
Atendiendo a ello, Facua Cádiz reclama el cese de forma inmediata a Sira Morales al entender que “ésta no ha demostrado tener la mínima empatía necesaria para ejercer un cargo en el que, entre otras cualidades, se debe tener capacidad de interlocución con los representantes de organizaciones sociales”.
“VAMOS A SEGUIR DENUNCIANDO LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD”
Es más, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz pide que a partir de ahora se proceda a la grabación de las reuniones de la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito, “ante el temor que ante cualquier crítica que los representantes de esta o cualquier otra organización realicen en el seno de la misma pudiera acarrearles tener que defenderse ante los tribunales de una acusación de agresión”.
Facua, que manifiesta su satisfacción tras la absolución de Vergara, sentencia que la Marea Blanca Gaditana, de la que forma parte, “va a seguir denunciando la privatización que se está llevando a cabo del sistema sanitario público y del que se vienen beneficiando, entre otros, el grupo Quirón, para el que trabajaba Sira Morales”.
Antonio Vergara, médico internista de profesión, atesora una larga trayectoria en la defensa de la sanidad pública desde diferentes plataformas y cuenta con el respeto de los colectivos y personas que en la provincia de Cádiz trabajan en defensa del sistema público sanitario. El pasado 2021 fue reconocido por el Ayuntamiento de la capital con el título de hijo adoptivo de la ciudad.
En su entrada al juicio, alentado por numerosas personas en señal de apoyo y solidaridad, remarcó: “ellos no se dan cuenta de que sólo son gestores de nuestra sanidad, pero no los dueños, la sanidad es nuestra”.
