Ante la ausencia de negociación de un nuevo convenio colectivo (el último caducó en 2020), la plantilla de la empresa Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca (concesionaria de los autobuses urbanos en Cádiz y San Fernando, y de la mitad del servicio interurbano entre ambas ciudades vecinas) ha decidido meter presión y ha aprobado la convocatoria de paros parciales desde el 23 de mayo y de huelga indefinida a partir del 3 de junio, coincidiendo con el inicio del Carnaval 2022 en la capital gaditana.
Y partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz no han tardado en culpar al equipo de Gobierno de esta amenaza de paros.
Para el PSOE, que espera que el Gobierno local medie entre Tranvía y los trabajadores para garantizar el servicio, este “nuevo conflicto laboral” es síntoma “de la absoluta falta de gestión” del Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’, ya que la ciudad lleva “años” a la espera de un pliego que regule el servicio de transporte urbano. “La última prórroga venció en el año 2015, cuando el actual equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento, pero la prórroga del servicio se sigue manteniendo, a pesar de que esto suponga pagar del bolsillo de todos los gaditanos un déficit de explotación a la concesionaria de más de 2 millones de euros anualmente”, repite por enésima vez la concejala socialista Natalia Álvarez.
“Esta falta de preocupación por el transporte público -entiende esta edil- recae directamente en los usuarios y también en los trabajadores; los conductores de los autobuses son quienes reciben toda la presión y las quejas, sin tener ellos ninguna responsabilidad y no están siendo escuchados ni por la empresa ni por el Ayuntamiento, que es quien permite una prórroga desde hace siete años”.
Se acerca el último año de mandato de González Santos como alcalde, “y más allá de excusas, no tenemos pliego”, insiste Álvarez; “seguimos con un sistema de transporte público que no se corresponde con las necesidades de la ciudad, con una flota obsoleta y contaminante, con barrios de primera y de segunda, con necesidades que no se cumplen atendiendo al trazado de las líneas, a la frecuencia y a los propios vehículos y con un déficit de explotación”.
De la misma manera, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz Ciudadanos relaciona la convocatoria de paros ante la falta de diálogo por parte de la empresa para renovar el convenio colectivo con lo que llama “nula gestión” del Gobierno gaditano, pues “no se ha iniciado el expediente de licitación de esta prestación, con las evidentes consecuencias negativas que esto está teniendo tanto en este servicio público como en las condiciones laborales de la plantilla”.
“No paran de vender humo con la necesidad de sacar adelante un nuevo modelo de movilidad, pero, al final, todo se convierte en una falacia si no va acompañado de la adjudicación del nuevo pliego de transporte, lo que le permitiría a la ciudad contar con mejores y renovados vehículos respetuosos con el medio ambiente, una mejora en las líneas y una mayor frecuencia de paso para motivar así que no se use el transporte privado”, apostilla la concejal de la franquicia naranja Carmen Fidalgo.
Esta formación de derechas sentencia que “a pesar de que el alcalde no para de enarbolar la bandera de la defensa de los servicios públicos, nos encontramos que Cádiz, la ciudad que es de su competencia, recibe unas prestaciones que son caras e ineficientes, siendo los propios trabajadores los principales perjudicados”.
