Se confirma: la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz un recurso contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de la capital, del pasado mes de mayo, para la remunicipalización de sus servicios de playas. Actúa igual que hacía en junio con el Consistorio de Chiclana, que ha rescatado los servicios de limpieza de edificios públicos y el de ayuda a domicilio, que se gestionan desde hace unos meses directamente desde la empresa municipal Emsisa.
Antes del verano, Por Cádiz sí se puede, Ganar Cádiz en Común y PSOE votaron a favor (PP y Cs se opusieron, pero eran minoría) de poner en marcha este proceso –ya formalizado en uno de los tres servicios afectados, el de limpieza de módulos-, que sigue encontrándose trabas. Esta misma semana, el PP y un PSOE con “dudas” obligaban a que Cádiz 2000, la empresa municipal que está asumiendo la gestión de estos servicios privatizados, celebrara un consejo de administración para reconsiderar estos rescates, y de nuevo la derecha se quedó sola, tratando de frenar esta remunicipalización. Y curiosamente, a la mañana siguiente, las portadas de algunos periódicos en la capital amanecían con este recurso planteado por la Subdelegación, controlada por el PP.
“Estamos ante un brutal golpe antidemocrático que atenta contra la soberanía de los municipios”. Es la primera reacción del concejal de Medio Ambiente y presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, quien añade que la derecha “intenta imponer por la fuerza lo que no es capaz de ganar democráticamente, ni a través del debate ni a través de las urnas. Ayer (por el miércoles) se quedaron solos en su intentona frustrada de paralizar el proceso de municipalización, y hoy (jueves) han dado la orden a sus compañeros de partido en la Subdelegación de Gobierno”. A juicio del concejal “el PP intenta reiteradamente que las decisiones que tiene que ver con Cádiz se decidan fuera de la ciudad”.
De este modo, De la Fuente ha calificado de “vergonzoso” observar cómo los conservadores “utilizan las instituciones para su beneficio partidista, como si fueran de su propiedad. No solo defienden la privatización de servicios, sino que hacen un uso privativo de las instituciones”. Y agrega que, una vez más, “nos enteramos de este tipo de acciones por la prensa y no a través de una notificación oficial” lo que es “absolutamente intolerable”.
En esta línea, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, ha acusado al PP de “defender los privilegios de ciertas empresas a través de un modelo de privatizaciones que trocea los recursos públicos para venderlos a sus amigos”. E interpreta que “no soportan que estemos parando la rueda y haciéndola girar en el sentido contrario, que no es otro que el sentido común, el de la gestión pública que atiende a la calidad del servicio y las condiciones laborales, y no a la acumulación de beneficios empresariales”.
Así, recuerda que utilizaron este mismo modus operandi contra el proceso de recuperación de servicios en el Ayuntamiento de Chiclana (donde el PP también se ha mostrado contrario desde el principio, como en la capital), “uno de los motivos por lo que se ha llegado un acuerdo entre ambos ayuntamientos para constituir una mesa que aúne esfuerzos en este sentido”. Eso sí, de ese recurso en la vecina localidad “no se ha sabido nada más”. Es por esto por lo que Navarro ha calificado las amenazas del PP “de un intento de intimidación ante el que no vamos a ceder ni un milímetro”.
Ambos concejales de Por Cádiz sí se puede han subrayado que se dispone de un informe del Secretario Municipal y otro de la propia Intervención que “desmontan contundentemente” las bases del recurso impuesto por la Subdelegación: “el PP no solo pretende atacar a este equipo de Gobierno, sino que también se enfrenta contra los propios técnicos municipales, y en última instancia con los trabajadores de los servicios” añaden, lo que califican de “repugnante”.
Finalmente, el concejal de Medio Ambiente, que deja caer que “por mucho que le pese al Partido Popular, el proceso de municipalización va a seguir adelante”, ha avanzado que “iniciaremos una ronda de contactos con municipios de todo el Estado que están en esta misma situación para responder con total contundencia a este ataque intolerable por parte del Gobierno central. El peso de los ayuntamientos debe caer sobre el caciquismo de un partido que se comporta, tal y como dicen los propios tribunales, como una organización criminal”.
“ACTUAMOS CON IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES”
Ante la lógica reacción del equipo de Gobierno gaditano, el subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz defiende que en todo momento desde la Subdelegación “estamos actuando con imparcialidad y neutralidad en la aplicación de las normas y las leyes”. Aunque cueste creerlo por cómo se han desarrollado los acontecimientos.
Para este político jerezano, del PP, dar traslado del caso de la remunicipalización en la capital a la jurisdición contencioso-administrativa “de ningún modo debe ser considerado como imposición”; “por fortuna, en España gozamos de la separación de poderes y nadie está ajeno al cumplimiento de las leyes y de la actuación de la Justicia”, afirma.
Y repite que “ninguna administración está por encima de las normas y de la legalidad vigente, y precisamente los ayuntamientos, como es este caso y al igual que todas las administraciones y sus representantes, deben ajustarse a la legalidad vigente como administración pública que son».
La Subdelegación del Gobierno aclara que ha recurrido la decisión plenaria del Ayuntamiento de Cádiz “atendiendo a que los criterios de igualdad, mérito y capacidad son los únicos que pueden y deben seguir las administraciones públicas para proceder a la selección del personal, siendo las convocatorias públicas las que doten de contenido a estos principios”. Y estas convocatorias deben regirse por el principio de publicidad, siendo las formas de acceso al empleo público las dispuestas en el artículo 61 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
La subrogación del personal procedente de las contratas como personal indefinido no fijo, vía artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, para la derecha detrás de la Subdelegación, “vulnera los principios reseñados anteriormente, implicando además un incremento paralelo del número de personal al servicio del sector público y del correlativo gasto público”.
Además, se considera que la municipalización “pone en riesgo los principios de estabilidad presupuestaria y contención del endeudamiento”, que toda corporación municipal debe cumplir, máxime cuando el Ayuntamiento gaditano tiene aprobado un plan de ajuste en vigor hasta 2023, aprobado en el mandato anterior por el entonces Gobierno local de Teófila Martínez, que supuso endeudar un poco más al Ayuntamiento.
De las posibles fórmulas de gestión directa municipal establecidas en el artículo 85.2 LBRL, se prevé que los servicios podrán ser gestionados por una entidad pública empresarial o sociedad mercantil pública cuando exista una especial fundamentación, “demostrando el ayuntamiento interesado mediante los oportunos estudios y cálculos de costes, que esta forma de gestión es más eficiente y sostenible que la gestión privada y, además, exigiéndose que también cumpla con el requisito de estabilidad presupuestaria y se expliciten los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión”. Y en la documentación aportada por el Consistorio gaditano, a juicio de la Subdelegación, “no se entra en dicho análisis, por lo que no se ajusta a las prescripciones de la citada normativa”.
PODEMOS LAMENTA “EL SILENCIO DEL PSOE”
“El PP está acostumbrado al ordeno y mando y debe aprender que en democracia las cosas no se hacen así”. Esta es la valoración que hacen desde Podemos Cádiz de la decisión de Subdelegación: “debería gastar energías en las cuestiones que sí son de su competencia y que tiene totalmente abandonadas, en lugar de perseguir medidas tomadas de forma democrática en el pleno de un Ayuntamiento”.
La portavoz de la formación morada, Laura Mingorance, ironiza que “nos alegramos de que Subdelegación del Gobierno haya descubierto que existe Cádiz, aunque solo sea para ponerle denuncias por decisiones democráticas como los acuerdos plenarios o la memoria histórica”. “A ver si el señor Agustín Muñoz consigue hacer un poco más de memoria y le pone interés a la conexión ferroviaria de La Cabezuela, a la Comisaría de la Policía Nacional o al solar de la Subdelegación y de radio Juventud donde la maleza crece a su antojo junto a un entorno Bien de Interés Cultural”, añade.
Pero hay más: el PP en el Ayuntamiento ha anunciado que -además de este recurso vía Subdelegación-, pretende llevar a la Junta General de Cádiz 2000 otra vez l paralización del proceso. Un proceso que, incide Mignorance, “cuenta con todos los avales técnicos, jurídicos y económicos y con el apoyo de numerosas organizaciones como Autonomía Obrera, colectivos feministas de la provincia, CNT, CGT, Marea Joven, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y los propios trabajadores de los servicios que van a ser remunicipalizados en las próximas semanas de limpieza de playas y socorrismo”.
Finalmente, Podemos lamenta “el silencio del PSOE de Fran González ante la actitud golpista que mantiene el PP de Cádiz en su intención de vulnerar lo que democráticamente ha decidido la ciudad, que no es otra cosa que la remunicipalizacion”.
