La Marea Verde, apoyada por la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, la Flampa Gades y los sindicatos Ustea y CGT, ha protagonizado este miércoles a las puertas de la sede de la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía, en la calle Antonio López de la capital, una ruidosa concentración en defensa de la escuela pública y contra el cierre de unidades en los centros públicos para el próximo curso.
Con la habitual excusa del descenso de la natalidad, el servicio de Planificación y Escolarización, “sigue recortando” en educación pública con más cierres previstos en la provincia, según los sindicatos. Así, ahora que en marzo se ha abierto el plazo de escolarización, se señalan como centros públicos afectados por la clausura de unidades a: los IES Columela, Cornelio Balbo, Fernando Aguilar, San Severiano en Cádiz (con la pérdida de hasta ocho unidades en Secundaria); el colegio Reggio de Puerto Real (perderá una de las líneas de Infantil de tres años y otra de primer curso de Primaria; la Ampa también ha estado presente en esta movilización); los colegios Elio Antonio de Nebrija, Alfonso X, Montealegre y San Juan de Dios de Jerez (donde ven peligrar líneas de Infantil); y en Conil, la escuela pública Infantil Menéndez Pidal.
En el caso concreto de la ciudad de Cádiz (donde más allá del Gobierno local de Adelante, concejales socialistas han mostrado estos días su “apoyo” a la escuela pública en una reunión con la Flampa), la Marea Verde lamenta que estas unidades se cierran antes de que se inicie el proceso de escolarización, “y teniendo alumnado suficiente para mantenerlas”. “Es un ataque y un hecho claramente discriminatorio hacia la escuela pública puesto que no se hace lo mismo con la privada-concertada, que oferta todas sus unidades sin que se le recorte ninguna”, se lamenta.
De este modo, los convocantes de esta concentración señalan en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que se trata de una planificación que “oferta un número de plazas insuficiente en los centros públicos”. El objetivo “parece ser el disminuir la oferta de los centros públicos de la ciudad; y año tras año se conceden insuficientes unidades a estos centros, aunque en muchos casos se ven obligados a conceder después del proceso de escolarización, debido a la elevada demanda, pero que impide a muchas familias de otras zonas, que llegan de otras localidades o que vienen de centros concertados, poder solicitarlas, al estar cerrado el cupo”. Además ese cierre previo de las unidades “puede disuadir a muchas familias de solicitarlos ante el temor de no obtener plaza en ese centro”.
Asimismo, se entiende que en muchos casos se trata de una planificación que “vulnera la legalidad” al planificar por encima de la ratio legalmente establecida que en Secundaria es de 30 alumnos por aula.
“Se trata de un ataque y un trato discriminatorio hacia los centros públicos que están con la incertidumbre año tras año de si se les van a dotar con las unidades necesarias. Lo que contrasta con la situación de los centros concertados que pueden ofertar todas sus unidades aunque no tengan suficiente alumnado adscrito”, se reitera.
De este modo, con esta protesta se han querido mandar varios mensajes a la delegación territorial de Educación. Por un lado, se exige “una planificación transparente y que cumpla la normativa vigente respecto a las ratios. Que se dote de una unidad por cada 30 alumnos en la ESO y no por cada 33. Y de una unidad por cada 35 en bachillerato y no por cualquier número más elevado”.
Además, se deja claro que “nuestra escuela no se vende, no está al servicio de ningún interés privado, no es el negocio del consejero Imbroda ni de nadie. Es una escuela emancipatoria donde tienen cabida los movimientos sociales que trabajan por un mundo mejor y más justo. Nuestra escuela es un servicio público y nos comprometemos a cuidarlo”. Además “es la más inclusiva y la más plural, quiere ser una herramienta de cambio social y un agente de socialización donde el alumnado pueda tener las experiencias más ricas”; y “es una escuela para la libertad, para ser más libres, frente a las que educan en círculos ideológicos. No admite vetos ni censuras, ni se va a dejar manipular por los mensajes de odio que irradian de ciertos sectores ultraconservadores”.
“Defendemos a toda la escuela pública, no queremos que unos centros ganen a costa de la pérdida de otros, nuestro objetivo es conseguir ratios más bajas, mejor atención a la diversidad. Por todo ello, nos negamos a aceptar los recortes de unidades, exigimos mayor inversión para nuestras escuelas y hacemos un llamamiento a las familias para seguir construyendo la escuela que queremos, por mucho que se intente imponer otros modelos”, sentencian desde Marea Verde.
En paralelo, CGT, que apoya esta movilización, se ha realizado una serie de preguntas al aíres: “¿está ocurriendo lo mismo en los colegios privados concertados sostenidos con fondos públicos de la zona donde la Iglesia católica es la principal patronal del sector? ¿Se está planteando la delegación territorial el cierre de líneas de un centro privado que recibe fondos públicos y que, por ende, también sufre ese descenso de natalidad? ¿O estamos ante una clara intención de seguir desviando fondos públicos a entidades privadas y recortando en servicios públicos? ¿No sería más lógico y ético bajar la ratio para mejorar la calidad de la enseñanza? ¿No sería mejor cerrar líneas en centros privados-concertados que nacieron con carácter provisional y para descongestionar a la pública?”.
A esta misma concentración se ha sumado otra reivindicación: la de la comunidad educativa del CEIP Río San Pedro de Puerto Real reclamando la adecuación de la desfasada instalación eléctrica, un compromiso que lleva pendiente desde hace años.
EDUCACIÓN REPLICA QUE AUMENTARÁ LAS UNIDADES “EN FUNCIÓN DE LAS SOLICITUDES”
A raíz de esta protesta, el delegado territorial de Educación, Miguel Andréu ha querido reunirse con representantes de las Ampas de los CEIP Río San Pedro y Reggio de Puerto Real para “tranquilizar” a la comunidad educativa sobre el proceso de escolarización.
Ha repetido que “la planificación de la oferta de plazas para el curso 2021/2022 está todavía en una fase inicial, por tanto no se puede hablar de cierre de unidades. El número de unidades que se ofertan en este momento es solo una previsión que parte de los datos del censo de alumnos que se incorporan por primera vez al sistema. Habrá que esperar a que termine el proceso de escolarización para sumar las unidades que sean necesarias”.
Y ante la reclamación de la insuficiencia de unidades ofertadas en determinados institutos de la capital gaditana, este político colocado por Ciudadanos ha incidido en que el alumnado de Primaria adscrito a un centro de Secundaria “tiene garantizada su admisión en ese centro al 100% por lo que, si es necesario que se otorgue una unidad más, se hará si el alumnado adscrito lo solicita”.
