El Ayuntamiento de Cádiz acaba de sacar a licitación el servicio de conservación, mantenimiento y modificación de las instalaciones de alumbrado público, viario y ornamental de la ciudad.
El presupuesto base de licitación de este servicio que seguirá privatizado, por los dos años en los que prestaría, asciende a 2,4 millones de euros con impuestos incluidos. El plazo para presentar ofertas termina el próximo 27 de septiembre, y la apertura de sobres se realizará en octubre.
Este contrato, se detalla en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, tiene como fin principal “asegurar la continuidad del alumbrado, minimizar los riesgos, adecuar las instalaciones a necesidades urbanas y mantener el nivel técnico de las instalaciones”. Entre los objetivos más específico que se marca el Ayuntamiento con el nuevo pliego está mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y reducir el consumo energético con la sustitución de luminarias de alto consumo por leds.
La conservación, reposición de las lámparas y leds, la verificación del estado de las instalaciones, reparación de averías y la ejecución de determinadas operaciones programadas son algunas de las obligaciones comprendidas en el contrato, que se extiende a todo el término municipal. Además, se especifica la obligación de la prestación del servicio de inspección y de guardia para que en ningún momento a lo largo del año se quede sin atender el servicio, y para que con medios humanos y materiales se resuelva de inmediato cualquier avería.
La empresa que se haga con el servicio deberá subrogar al personal que actualmente lo desempeña, y deberá tener, como mínimo, una plantilla con un técnico titulado, un responsable administrativo, un delineante, dos encargados, once operarios oficiales electricistas (cinco conductores) y un oficial albañil.
Las condiciones de admisión de la oferta es que la empresa tenga capacidad de obrar, que no tenga vigente una prohibición para contratar, que no incurra en incompatibilidades, y que cumpla sus obligaciones con la Seguridad Social y sus obligaciones tributarias. Además, se otorgará preferencia a quienes cuenten con trabajadores con discapacidad y a empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social.
