La Universidad de Cádiz, ante la información aparecida en un periódico afirmando que la institución “derrochó dinero con visas sin control” bajo el mandato de su anterior rector, Diego Sales, responde que “contó en todo momento con un procedimiento de contabilidad y control en relación con este tipo de tarjetas”. “No correspondía, por tanto, iniciar investigación alguna sobre gastos que están auditados y cuya tramitación ha seguido los procedimientos de control ordinarios establecidos”, se repite.
La Universidad de Cádiz, ante la información aparecida en los periódicos de Grupo Joly afirmando que la institución “derrochó dinero con visas sin control” bajo el mandato de su anterior rector, Diego Sales, responde en un comunicado que “contó en todo momento con un procedimiento de contabilidad y control en relación con este tipo de tarjetas”.
“Se trata de un instrumento de pago con justificación de gasto, sometido siempre al procedimiento ordinario de control establecido para su uso. Los abonos realizados se contabilizaron en la aplicación económica, según la naturaleza del gasto y constaron en la orgánica correspondiente que originó el mismo. El interesado debía solicitar siempre el recibo y la factura necesaria imprescindible para justificar el gasto y realizar posibles reclamaciones, así como concretar su motivación”, intentan aclarar desde la UCA.
Y se insiste en que los pagos con estas tarjetas –Diario de Cádiz alude a gastos en restaurantes, bares de copas, viajes y compras domésticas- “contaron, pues, en todo momento con mecanismos específicos de control según la normativa de la propia Universidad”. Mensualmente, se solicitaba desde el Área de Economía a los cargos académicos justificación de los gastos que aparecían en los extractos bancarios. “Tras su justificación, se realizaban los documentos contables oportunos. Existía incluso un documento-guía remitido a los secretarios de los cargos académicos al inicio del ejercicio económico donde se contenían las instrucciones para la contabilización de los gastos de estas tarjetas”.
En consecuencia, “todos los gastos realizados con las tarjetas pasaban un control procedimental de justificación igual al que se hace respecto de gastos efectuados sin abonar con ellas, ajustado a lo dispuesto en la normativa de la propia Universidad de Cádiz”.
Para la UCA, respondiendo a esta noticia, “en ningún caso constituyen estos pagos un sobresueldo, puesto que siempre se utilizaron por razón del cargo y no se tratan, en consecuencia, de tarjetas personales”. Así, las adquisiciones institucionales se encuentran identificadas, codificadas y, en su caso, inventariadas, “como por ejemplo el sofá que aparece aludido en la noticia. Se encuentra inventariado (con número 5000001000) y en uso en el despacho del rector, o el desembolso realizado en Ikea de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) para la adquisición de material de equipamiento y menaje de la Escuela Infantil del campus de Puerto Real”.
Además, durante los ejercicios 2007 a 2011 la Universidad gaditana se sometió, como es preceptivo, a la auditoría externa de sus cuentas por una empresa independiente. “Esta contabilidad es objeto de revisión por los órganos de fiscalización previstos en la ley, como es el caso de la Cámara de Cuentas de Andalucía. La auditoría se hace para todos los gastos, en todos los conceptos y respectos de todos los ejercicios económicos. Los pagos efectuados con este tipo de tarjetas tienen asignada cuenta corriente específica que aparece como tal en los estados de tesorería de las cuentas anuales que son revisadas por la auditoría externa, sin que nunca se haya recibido objeción alguna”.
Por todo ello, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se concluye que “no correspondía, por tanto, iniciar investigación alguna sobre gastos que están auditados y cuya tramitación ha seguido los procedimientos de control ordinarios establecidos”. La petición de información por parte del Consejo Social de la Universidad de Cádiz se está atendiendo por el órgano auditor interno de la UCA.
PP Y JJAA RECLAMAN “ACLARACIONES”
Pese a estas explicaciones de la UCA, el PP gaditano, en boca del diputado autonómico Rafael Ruiz Canto, ha instado a que “se aclaren cuanto antes” las cuentas para “no manchar el nombre de la institución académica”.
Este representante de la derecha asume con “cautela” las informaciones aparecidas en la prensa y ve “fundamental” que “se den explicaciones” sobre la gestión económica de la UCA para “evitar especulaciones y no dañar la imagen de la institución”.
Ruiz Canto sostiene que, “aunque la Universidad tiene autonómica financiera, ésta recibe fondos públicos en transferencias de la Junta de Andalucía”, por lo que afirma que “sorprende la falta de control” por parte del Gobierno andaluz.
Recuerda que un informe de la Cámara de Cuentas, conocido en mayo de 2014, sobre la fiscalización de las universidades andaluzas en el ejercicio 2011, puso de manifiesto la fuerte dependencia financiera de las instituciones académicas a las transferencias de la Junta, que llegaban a superar el 80%.
Asimismo, dicho informe alertó de las “deficiencias en el control de las cuentas de las universidades” y recordó que “la Ley andaluza de Universidades encomienda a la Comunidad Autónoma la elaboración del Plan General de Contabilidad para las universidades que, hasta la fecha, no se ha ejecutado”.
Mientras, desde la cantera del PA, el secretario general de Juventudes Andalucistas (JJAA), Francisco Benítez, ha mostrado la “indignación profunda de los jóvenes andalucistas” ante la publicación de los “chanchullos” del anterior rector.
“Es indecente, es muy triste que estos episodios se den en la educación pública. Es especialmente doloroso porque Diego Salas es un miembro de la comunidad universitaria, al que se le presume cierta vinculación con la institución, y aun así ha llegado a esto”, afirma el líder juvenil regionalista, que apunta que “estamos hablando de los recurso de nuestra educación pública, en un momento en el que asistimos al desmantelamiento del sistema público por parte del Estado, sin que la Junta este actuando de muro de contención de estas políticas”.
De este modo, Benítez ha pedido “que la Junta se implique, investigue, y depure responsabilidades”.
