La empresa de viviendas del Ayuntamiento de Cádiz, Procasa, ha mediado con la promotora Lazora a favor de unas 70 familias inquilinas de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler con opción a compra de Bodegas Abarzuza, ante las nuevas condiciones que les exige dicha empresa y cuyos contratos vencen este mes de junio en la mayoría de los casos.
La concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Eva Tubío, que días atrás se reunía con representantes de los afectados y se comprometía a hablar con la otra parte, ha mantenido ya una reunión telemática con los responsables de dicha promotora, en la que les ha transmitido la dificultad de estas familias para comprar las viviendas ubicadas en la calle García Carrera número 11 y calle Soleá 2 “tanto por el elevado precio como por el escaso tiempo que han concedido para ello”.
En cuanto al periodo de tiempo dado por la empresa, éste se refiere al proceso de decisión de la posible compra “y según nos trasladan desde Lazora, no será hasta el mes de junio cuando se realice la transmisión, ya que antes tendrían que solicitar las autorizaciones pertinentes ante la Junta de Andalucía al ser VPO y los vecinos, por su parte, ir gestionando la financiación de la operación”, aclara la edil izquiersista.
En este sentido Tubío asegura que “hemos conseguido el compromiso por parte de la empresa para que, en aquellos casos en que el inquilino no tuviera suficiente tiempo para formalizar la compra, se pueda concertar con éste un nuevo contrato de arrendamiento al que le vincularían una nueva opción de compra por seis meses más. Asimismo, para estos casos, se ha adquirido el compromiso de la propiedad de conservar el derecho del inquilino a deducirse el 50% de la renta abonada hasta el 1 de marzo de 2022”.
En cuanto al otro asunto que preocupaba a las familias, el precio de la venta, “la empresa está dispuesta a aceptar el precio establecido por el Ayuntamiento y por la delegación territorial de Fomento de la Junta, que también ha defendido esta postura”. De esta forma, “conseguimos una de las reclamaciones de los posibles compradores, que supone descontar el IPC del precio final de compra, lo que puede suponer unos 30.000 euros menos del precio inicialmente establecido de forma inicial”.
UN MES PARA DECIDIRSE
Esta misma semana, se avanza, recibirán los inquilinos la comunicación para que digan en 30 días si están interesados y aceptan comprar.
En el caso de que no puedan hacer frente a la compra pero sigan reuniendo las condiciones para permanecer de alquiler en la vivienda de VPO, la promotora se compromete a renovar el contrato de arrendamiento con una renta actualizada solo con el IPC, y solamente en casos de nuevos contratos se aplicará la renta del Plan Vive que marca la normativa actual de VPO y que es algo más elevada.
Por otro lado, respecto a la demanda de los vecinos de desvincular de las viviendas los garajes y trasteros para abaratar los precios, tanto para la compra como para el alquiler, Eva Tubío ha señalado que desde la empresa “nos han comunicado que no se puede, al tratarse de anejos inseparables que constituyen una única unidad registral. En todo caso, la empresa minimiza el impacto de esta situación ya que aseguran que esta circunstancia se produce en la menor parte de los inmuebles”.
Finalmente, en relación al seguro de impago que la empresa quiere cobrar a las personas inquilinas, Procasa entiende que no procede, si bien Lazora insiste en mantenerlo, estudiando solo la posibilidad de eximir del pago a algún caso suficientemente justificado.
“Tanto para estas situaciones particulares como para aquellas familias que no pueden renovar el contrato porque no reúnen los requisitos mínimos de solvencia establecidos por Lazora, la empresa ha manifestado su compromiso de tratar estos asuntos con cada familia de forma individual”, apostilla la concejala de Vivienda.
Según se apunta en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, Tubío ha trasladado tanto a la empresa como a los representantes vecinales que mediará en cada uno de esos casos al objeto de intentar encontrar la mejor solución, preservar el interés social de las viviendas y mantener a todas las familias que, de seguir cumpliendo los requisitos de VPO, deseen mantenerse viviendo en la promoción.
