Un reciente pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado a una nueva modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que, amparado en un decreto de la Junta de Andalucía, persigue la suspensión temporal del registro de nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la ciudad, mientras se encarga un estudio sobre los niveles de presión turística y se trabaja en una ordenanza para la regulación de estas controvertidas VUT que están expulsando a muchos vecinos de su propia ciudad.
Tras este paso, con el visto bueno de gobierno y oposición, aunque Adelante Izquierda Gaditana ha lamentado que llega tarde y no contempla la retirada de licencias de VUT en zonas ya sobresaturadas del casco histórico, se ha pronunciado un actor interesado, la patronal de viviendas turísticas en la comunidad autónoma, la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), que considera que “es una oportunidad”, con sus peros, claro.
De este modo, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, esta entidad dice celebrar esta moratoria en la capital gaditana: “lo vemos como una oportunidad para que el modelo de vivienda turística pueda incorporarse al planeamiento urbanístico de forma justa, equilibrada y ordenada, respetando la singularidad de cada municipio y aportando herramientas de gestión transparentes y previsibles”.
“Apoyaremos cualquier iniciativa del Ayuntamiento de Cádiz que tenga como objetivo ordenar las viviendas de uso turístico y permitir que los gaditanos sigan participando en el negocio turístico de forma equilibrada y sostenible”, llega a afirmar el presidente de AVVAPro, Juan Cubo, aunque muchas de esas viviendas turísticas pertenecen a empresas ajenas a la ciudad.
Y se insiste en que desde la patronal “estamos a disposición para colaborar, aportar datos y plantear propuestas que contribuyan a ese fin”.
“DEFENDEREMOS CON FIRMEZA LOS DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS”
No obstante, AVVAPro también lanza una advertencia a la administración local: “si lo que se plantea es restringir o eliminar las viviendas turísticas en el centro o en todo Cádiz, impidiendo que los ciudadanos puedan utilizar sus propiedades como lo han hecho históricamente, defenderemos con firmeza los derechos de los propietarios”.
De este modo, quienes hacen especulan con el derecho a la vivienda instan al alcalde, Bruno García, “a abrir un espacio de diálogo y mantener una interlocución directa y permanente, para avanzar hacia una regulación justa y consensuada”.
En el contexto político, económico y social actual, AVVAPro considera que esta moratoria debe ser una herramienta de estudio y planificación, “no un instrumento de bloqueo”.
“Esperamos que la aplicación de esta moratoria responda al interés general de la población de Cádiz y sirva para construir una convivencia sostenible entre residentes, visitantes y anfitriones, sin renunciar al impacto positivo que la vivienda turística ha demostrado tener en la ciudad”, interpreta Cubo.
Un impacto “positivo” que parecen desmentir los movimientos sociales que vienen surgiendo en los últimos tiempos (la plataforma Cádiz Resiste y el Sindicatos de Inquilinas, entre otros colectivos) denunciando el impacto que la turistificación está teniendo en la cada vez menor oferta de alquileres residenciales y sus precios cada vez más elevados. De hecho, el mismo cambio de postura del PP en el Ayuntamiento (cuando estaba en la oposición rechazaba cualquier intervención que planteara la izquierda y ahora aboga por su restricción, al menos en los discursos), parece dar la razón a quienes ven estas VUT como una amenaza.
AVVAPro dice ser una asociación sin ánimo de lucro formada por empresas, plataformas, gestores y particulares dedicadas a la gestión de viviendas y apartamentos turísticos en Andalucía. Ostenta la representación, a través de sus miembros, de 15.000 viviendas y apartamentos turísticos y cerca de 72.000 plazas de alojamiento repartidas en toda la comunidad.
