“La Junta de Andalucía carece de una política de vivienda en Cádiz, siendo como es el principal problema en la ciudad”. Así lo entiende la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que lamenta cómo la administración autonómica, ahora con gobierno de derechas, “especula” con el suelo público que posee en la capital; denuncia escenificada con la colocación de una pancarta en el solar de más de 6.600 metros cuadrados en el barrio de Puntales que acaba de vender para que la iniciativa privada construya hasta 212 viviendas protegidas.
En un segundo intento, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la consejería de Fomento, ha logrado desprenderse de esta parcela en desuso mediante concurso público por casi 6,3 millones de euros a la empresa Nuevo Besaro (una de las filiales del Grupo Q, firma sevillana que ya desembarcó años atrás en la capital con la compra también a la Junta de la antigua Residencia Tiempo Libre); se encargará así de desarrollar este suelo residencial con una edificabilidad de 30.332 m2.
Al respecto, desde la Apdha se insiste en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz en que de los escasos terrenos de los que todavía disponía la Junta para hacer vivienda pública (“cuando concluyan las obras de la segunda fase de Matadero, habrán pasado más de 13 años desde la última vez que entregó alguna vivienda nueva en la ciudad”), como es el caso de esta parcela en la avenida de la Ilustración lindante con la calle Eslovaquia, “los ha vendido a una empresa privada para obtener beneficios, aunque sea a costa de acabar con la posibilidad de contar con 212 viviendas de parque público para el alquiler social y asequible”.
“Este suelo va a destinarse para viviendas privadas, de protección oficial en venta, y de precio limitado. Esto quiere decir -precisan desde esta asociación- que serán viviendas con precios similares a los del mercado libre y con una protección de apenas siete años, periodo tras el cual volverán al mercado libre sin limitaciones y sujetas por tanto a la especulación, la subida de precios, o al destino turístico y estacional”.
De este modo, se afirma que la administración andaluza “se convierte en un especulador más que, en vez de aportar soluciones a las necesidades de vivienda, se lucra y contribuye a la selva en que se ha convertido el mercado de la vivienda en nuestra ciudad y en otras de Andalucía”.
“LA MAYOR PARTE DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA NO PODRÁ ACCEDER A ESOS PISOS”
En este punto, la Apdha reflexiona que la mayor parte de los más de 6.000 demandantes de vivienda protegida en Cádiz “sólo puede optar al régimen de alquiler puesto que la opción de venta y de acceso a una hipoteca es imposible para la mayor parte de la ciudadanía, especialmente las personas con escasos recursos y mucho más en el caso de la juventud”.
Así, se vaticina que “dados los elevados precios con los que van a salir a la venta estas VPO, es probable que ni siquiera se encuentren en el registro municipal actual 212 compradores que, cumpliendo el requisito de ingresos (5,5 veces el IPREM, unos 3.300 euros para la unidad familiar), dispongan además del elevado colchón de ahorros (un 30 ó 40% del coste) y del resto de financiación bancaria que se requiere para efectuar esta compra. Habrá que buscar nuevos demandantes, y podrán proceder de otras ciudades”.
Pero, además, si la Junta vende el escaso suelo público para vivienda que le queda en la capital, “al igual que está haciendo el Ayuntamiento como en el caso de las Casitas Bajas o en Estado como en el caso del solar de Navalips”, la gran mayoría de las personas inscritas a día de hoy en el registro gaditano “no tendrán opción de continuar viviendo en Cádiz ni ahora ni en el futuro”, se advierte.
“Este tipo de política de venta de suelo y VPO privada ha sido descartada con insistencia por los organismos europeos y por los propios planes de vivienda tanto nacional como autonómico, los cuales abogan por elevar el número de viviendas en alquiler sociales y asequibles para dar respuesta a la situación de emergencia habitacional que vivimos”, se subraya.
Por todo ello, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reclama “una vez más” que se hagan “políticas efectivas de vivienda en la ciudad que aumenten el parque público actual y ayuden a controlar los precios del mercado”. Y del mismo modo, exige al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla que aplique ya la actual Ley de Vivienda para declarar las zonas tensionadas que permitan regular los precios del alquiler en las mismas.
